Solidaridadbahai.com.- Durante más de 40 años y hasta la fecha, la comunidad Bahá’í de Irán ha sido objeto de una persecución continua, multidimensional y patrocinada por el Estado, que afecta a cada uno de sus miembros a través de generaciones y en cada fase de sus vidas, incluso en la muerte. Si bien las tácticas específicas empleadas por las autoridades iraníes han cambiado como resultado de la presión internacional, no cabe duda de que su objetivo de destruir la comunidad bahá’í como entidad viable en Irán continúa en pleno vigor. Por diversos medios, nuevos y antiguos, las autoridades mantienen su atención en este objetivo; esforzándose por excluir a los bahá’ís de la esfera pública e impidiéndoles expresar sus creencias, buscando cómo empobrecerlos económicamente, intentando socavar su adelanto intelectual, borrando los rastros de su historia y cultura, así como difundiendo desinformación sobre ellos e incitando al público a fin de crear un entorno de odio contra ellos.
Un hecho reciente que confirma estas afirmaciones es el que acaban de sufrir más de 27 familias en el pueblo de Ivel en el Norte de Irán, quienes el pasado uno de agosto han recibido la sentencia de expropiación definitiva de sus tierras de cultivo y viviendas que han sido sus únicas posesiones y medios de vida, después de más de tres décadas de haber intentado demostrar a las autoridades locales, provinciales y nacionales que eran propietarios y parte de esa comunidad desde hace más de 160 años.
El argumento facilitado por la Sección 54 del Tribunal Especial para expropiar las propiedades baháʼís en Ivel fue en virtud del artículo 49 de la constitución de Irán, que permite al gobierno confiscar propiedades «ilegítimas» que se obtuvieron mediante «usura, usurpación, soborno, malversación, robo, apuestas, uso indebido de las dotaciones del gobierno islámico, uso indebido del gobierno contratos y transacciones, terrenos baldíos y otros pertenecientes al público, casas de mala reputación y otras fuentes ilegítimas”. Además el tribunal dictaminó que las propiedades confiscadas podrán ser transferidas a los residentes locales no bahá’ís de la aldea.
Ninguno de esos argumentos corresponde a la realidad del caso que nos atañe. Lo cierto es que después de muchas denuncias y procedimientos ante autoridades provinciales e incluso algunas altas oficinas en Teherán, se han podido conseguir algunos veredictos a favor de los bahá’ís, que no ha sido posible aplicar el veredicto in situ. Las autoridades locales afirmaron que debido a la naturaleza de la oposición de los vecinos no hay nada que la ley pueda hacer. Además, algunos de los residentes de Ivel ocupan cargos gubernamentales clave y han estado bloqueando la implementación del veredicto, lo que ha confirmado que la verdadera motivación es la discriminacion religiosa.
A todo esto, se suman varios incidentes como las redadas coordinadas a decenas de hogares bahá’ís por todo el país el pasado 22 de noviembre, donde sin ningún motivo, se invadieron los domicilios para incautar artículos personales y exigir títulos de propiedad. Esto puede indicar que las autoridades iraníes se están movilizando para confiscar propiedades pertenecientes a los bahá’ís a una escala aún más concertada y generalizada con el fin de ahogar económica y socialmente a los bahá’ís.
Una vez más, ante estas situaciones de injusticia necesitamos el apoyo y solidaridad de las autoridades españolas a nivel local, autonómico y nacional, organizaciones y activistas de derechos humanos, abogados, jueces, medios de comunicación, amigos de otras creencias religiosas que puedan emitir su apoyo público ante las autoridades de Irán, para manifestar que los bahá’ís en Irán desean poder vivir pacíficamente, ganarse la vida por medio de un trabajo digno, acceder a la educación universitaria y completar sus estudios y aportar al desarrollo de su país al igual que sus compatriotas.
Aquí puedes leer más sobre la historia de Ivel, y en este enlace dispones de amplia documentación sobre los procesos de reclamo ante las autoridades de Irán.
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