ROSALINA MORENO. CONFILEGAL.– El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha procesado al que fuera el último jefe militar de ETA, Mikel Carrera Sarobe, alias ‘Ata’, y a otros tres etarras por el asesinato de un guardia civil, Juan Carlos Beiro Montes, al retirar una pancarta que tenía adosada una bomba.
El atentado tuvo lugar el 24 de septiembre de 2002, en Leiza (Navarra).
También quedaron heridos otros cuatro agentes.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 citó para hoy a Rubén Guelbenzu González, Jon Lizarribar e Itxaso Zaldúa, por videoconferencia, para comunicarles el auto de procesamiento, dictado el pasado 10 de diciembre.
Según han informado fuentes jurídicas, los tres han negado la autoría de los hechos alegando que en la fecha del atentando no pertenecían a la banda terrorista.
De acuerdo a las mismas fuentes, Carrera Sarobe, quien se encuentra interno en el centro penitenciario de Lannemezan (Francia) -a unos 230 kilómetros de San Sebastián-, no ha comparecido aún ante el juez instructor.
El magistrado atribuye a los cuatro el delito de pertenencia a banda armada, un delito de asesinato terrorista con resultado de muerte, cuatro delitos de asesinato terrorista en grado tentativa y un delito de tenencia de explosivos.
Guelbenzu y Lizarribar están en la actualidad en libertad provisional. Fueron detenidos en junio de 2013 por su presunta participación en cuatro atentados en 2002, una vez analizado numerosa documentación intervenida en Francia a varios dirigentes de la banda terrorista ETA.
Ambos ya habían sido arrestado en 2004 en Francia, donde Lizarribar fue condenado en 2007 por el Tribunal Correccional de París a seis años de cárcel por pertenencia a la banda terrorista.
Miren Itxaso Zaldúa Iriberri, alias ‘Sahatsa’, está en prisión provisional desde el pasado mes de julio, tras ser detenida en Hernani (Guipúzcoa) como presunta autora del asesinato del expresidente del PP en Aragón Manuel Giménez Abad, ocurrido en mayo de 2001 en Zaragoza.
Esta individua fue condenada en Francia a 18 años de prisión como responsable de la logística del aparato militar de ETA.
Fue arrestada allí en 2005 junto con otro etarra, Joseba Segurola, y hacía tres años que había quedado en libertad, tras cumplir 12.
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz también procesó en 2019 a ‘Ata’ por el asesinato de Giménez Abad.
‘Ata’ fue sentenciado en Francia a dos cadenas perpetuas por los asesinatos del gendarme Jean Serge Nerin y de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero. Debe cumplir allí al menos 22 años de cárcel.
‘GUARDIA CIVIL MUERE AQUÍ’
Según expone el magistrado en el auto de procesamiento, el 24 de septiembre de 2002, sobre las 12.40 horas, un agente de la Guardia Civil con destino en la Comandancia de Málaga que disfrutaba de un permiso ordinario en Leiza (Navarra) observó en la carretera que une la citada localidad con Berastegui (Guipúzcoa) una pancarta de plástico blanco con mensajes alusivos a ETA y en la que figuraba la inscripción «Guardia Civil muere aquí».
Indica que «la pancarta, a modo de señuelo, formaba parte de un artefacto explosivo colocado sobre un talud de la carretera».
Tras el aviso del agente al cuartel de Leiza, se personaron en el lugar de los hechos otros cuatro agentes, entre ellos el cabo Juan Carlos Beiro.
Según relata, la explosión repentina del «explosivo-trampa» -escondido en una cazuela- ocasionó la muerte del cabo y heridas a los otros cuatro agentes.
Además, según indica, dejó un cráter de 70 centímetros de diámetro y 40 centímetros de profundidad, causando daños en los vehículos que los guardias civiles habían estacionado en la explanada, así como en el muro donde se hallaba la pancarta trampa y en las ventanas de las viviendas situadas en las inmediaciones del lugar de la explosión.
El magistrado explica que Itxaso Zaldua y Carrera Sarobe eran los integrantes del comando ilegal ‘Basajaun’, que a partir de febrero de 2002 se habría hecho cargo de la coordinación de una subestructura de cuatro comandos legales.
Apunta que este «comando coordinador» era el responsable de la formación de los grupos, así como de «preparar los atentados facilitando material y vehículos para ello».
El magistrado señala que el comando ‘coordinador’ no tiene como objetivo ejecutar atentados directamente, salvo «acciones de especial relevancia o envergadura», como fue el caso del perpetrado en Leiza en septiembre de 2002, cuyo nombre clave fue «cazuela».
Según relata Moreno, el hecho que llevó al ‘comando Basajaun’ a cometer este atentado fue la detención el 16 de septiembre de ese mismo año en Francia, de los responsables del aparato militar de la organización terrorista ETA, Jon Olarra, y de Ainhoa Múgica.
A ello se añadiría la detención cuatro días después, también en Francia, de los dos miembros del comando ‘Argala’, Óscar Celarain, alias ‘Peio’, y Andoni Otegui Eraso, alias ‘Iousu’ -condenados en 2012 a más de 800 años de prisión por el atentado de la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) en agosto de 2002-, y el fallecimiento en la noche del 23 de septiembre de dos miembros del comando ilegal ‘Olaia’ al explotar un artefacto que transportaban en un vehículo en Bilbao.
«El objetivo de este ‘atentado especial’ contra la Guardia Civil en Leitza era dar un golpe de autoridad a las ‘fuerzas opresoras’, personificadas en este cuerpo policial, asesinando a un alto porcentaje de agentes de una Unidad establecida en un lugar estratégico debido a su ubicación en una zona de fuerte influencia abertzale afín a ETA, y por otro forzar ante un elevado número de víctimas mortales, a la reacción de los distintos agentes políticos y sociales para la toma de medidas favorables a la organización terrorista, la cual con dicho atentado se habría situado en un plano dominante del escenario político», expone el magistrado.
Indica que para llevar a cabo la acción terrorista que costó la vida al agente Juan Carlos Beiro, el ‘comando Basajaun’ habría dispuesto de los dos miembros legales del comando ‘Izarbeltz’, Rubén Guelbenzu González y Jon Lizarribar para que se encargaran de colocar la «pancarta señuelo y del artefacto explosivo», mientras que Zaldua y Carrera Sarobe, «ubicados en un punto alto», activarían el explosivo «cuando consideraran conveniente».
El agente Juan Carlos Beiro tenía 32 años.
Estaba casado y tenía dos hijos.
Falleció mientras era trasladado a un hospital de San Sebastián, según recuerda el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) en el ‘mapa del terror’.
