VÍCTOR MONDELO. EL MUNDO.- La Autoridad Catalana de Protección de Datos ha abierto un expediente sancionador contra la Universidad de Lleida y siete de los diez institutos catalanes que el pasado año realizaron una encuesta entre sus alumnos para conocer si respaldaban la causa separatista.
«¿Hasta qué punto te identificas con el movimiento independentista?», preguntaron los institutos a sus estudiantes de segundo, tercero y cuarto de ESO en noviembre de 2019. El Departamento de Educación de la Generalitat encargó la cumplimentación de la encuesta con el pretexto de que formaba parte de un estudio sobre la integración lingüística del alumnado inmigrante financiado por el Miniterio de Economía y dirigido por la Universidad de Lleida. Las quejas de los progenitores y sendas denuncias de la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) ante la propia Generalitat y ante Alta Inspección del Ministerio de Educación empujaron a la Consejería de Educación a paralizar la encuesta.
Ahora Protección de Datos inicia la depuración de responsabilidades y abre la puerta a sancionar a los centros implicados por hasta cinco infracciones: recogida desleal de datos, no hacer efectivo el derecho de información en la recogida de esos datos, no haber efectuado un análisis de los riesgos que implicaba recabarlos ni del impacto que tendría su recogida y no permitir la supervisión por parte de un delegado especializado en protección de datos en un proyecto «tan controvertido».
CENTROS DE TODA CATALUÑA
Los centros investigados son -además de la Universidad de Lleida como promotora del estudio- los institutos Eduard Fonseré de L’Hospitalet de Llobregat; Numancia, de Santa Coloma de Gramenet; Intermunicipal de Sant Sandurní d’Anoia; Pablo Picaso, de Barcelona; Ermesenda, de Gerona; Terra Roja, de Santa Coloma de Gramenet y Morell, de la población tarraconense del mismo nombre.
Los responsables de los Centros educativos facilitaron un listado con los datos personales de todos los alumnos de los cursos afectados «con carácter previo a la elaboración del cuestionario». Lo que, para la Autoridad Catalana de Protección de Datos, supone posibles «vulneraciones» de la legalidad, ya que se proporcionaron al Grupo de Investigación de la Universidad de Lleida datos de todos los alumnos de manera innecesaria.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe considera «acertada» la resolución de Protección de Datos y advierte sobre la gravedad de los hechos objeto de los procedimientos. La actuación de la Universidad de Lleida y de los citados institutos «conculca los derechos a la libertad ideológica y a la intimidad de los alumnos menores de edad y traspasa todas las líneas rojas en materia de protección de datos», considera la entidad presidida por Ana Losada.
