El Defensor del Pueblo revela las condiciones del recinto, que sirvió de calabozo desde mayo hasta hace 10 días para parte de los recién llegados
MARÍA MARTÍN. EL PAÍS.- A finales de mayo, la Policía comenzó a usar una nave industrial en el Puerto de la Luz (Las Palmas de Gran Canaria) para garantizar la custodia policial durante un máximo de 72 horas de las personas llegadas en patera. La solución fue otra medida de emergencia para evitar, como exigían los sindicatos policiales, que los recién llegados fueran a los calabozos, ante el riesgo sanitario. La fórmula, sin embargo, mostró sus carencias desde su inauguración. Una visita sorpresa de los técnicos del Defensor del Pueblo el 17 de noviembre ha arrojado más detalles de las condiciones en las que se mantuvo a los migrantes desde finales de mayo hasta hace el pasado día 23, cuando, según la Delegación del Gobierno, se cerró el espacio. La respuesta de la institución al abogado Daniel Arencibia, que presentó una queja, revela que los migrantes no tenían baños suficientes, ni toallas, ni papel higiénico ni jabón. Tampoco contaban con zapatos ni ropa de abrigo, ni agua ni comida suficiente, algo especialmente grave “teniendo en cuenta las especiales condiciones físicas en las que llegan las personas allí custodiadas”, señala el documento.
El informe, al que ha tenido acceso El PAÍS, recoge las sugerencias del Defensor del Pueblo a la Jefatura Superior de Policía en Canarias. En él se pide un plan “urgente” de actuación frente a la covid y otras medidas “logísticas, higiénicas y sanitarias necesarias” para evitar la propagación del virus en espacios de custodia de detenidos. En este sentido, se concreta la necesidad de una separación suficiente entre personas y la facilitación de gel hidroalcohólico. En la nave se llegó a custodiar a personas con PCR positiva, a las que se colocaban en una zona más apartada del recinto, que no cuenta con separación física ni ventanas.
El Defensor, cuyos técnicos visitaron todas las islas Canarias del 16 al 21 de noviembre, también pide con urgencia medidas para “proceder a una limpieza y desinfección a fondo” de la nave y la instalación de baños y duchas “adecuados” y “suficientes”, con el “necesario servicio de mantenimiento y limpieza”. En ese documento se lee la petición de la institución de que facilite a los migrantes productos básicos de higiene, como papel higiénico, jabón o toallas.
Las carencias de la alimentación es otra de las cuestiones observadas en la visita y se demanda en consecuencia que se les proporcione “alimento y agua suficiente”, teniendo en cuenta que son personas que acaban de ser rescatadas en el mar. El Defensor solicita también a la Jefatura Superior de Policía un “sistema de ventilación adecuado” y que se verifique que las personas detenidas “cuentan con calzado y ropa de abrigo”.
Por último, se hace hincapié en que se verifique que menores de edad, mujeres, solicitantes de asilo, personas enfermas o con un perfil vulnerable no pasen allí más del “tiempo imprescindible” tras su detención.
Los problemas en esta nave vienen de lejos y fueron el inicio de los problemas de gestión de un pico de llegadas que ya empezaba a despuntar y que suma ya casi 20.000 desembarcos en el archipiélago. Ya el pasado 29 de mayo el entonces jefe superior de Policía, José María Moreno, comunicaba a la Delegación de Gobierno las condiciones de la nave que tuvieron que limpiar los propios agentes, el traslado de 100 colchonetas y la existencia de solo ocho baños portátiles. En ese documento, Moreno ya alertaba de que sus agentes procedían a retirarse de la custodia policial después de un grupo de 71 inmigrantes superasen “ampliamente” las 72 horas que marca la ley sin que se les hubiese proporcionado un recurso de acogida.
