Un informe advierte de «ineficacia» en las medidas adoptadas y falta de «gestión adecuada» por parte de las autoridades responsables
RAÚL PIÑA. EL MUNDO.- «Hubo vidas que se pudieron salvar, pero no se hizo». «La instrucción era no derivar a nadie a hospitales». «Nos han prohibido llevar [a residentes] al hospital». «Pedíamos mascarillas, pero nos decían que asustaban a los abuelos». «El médico de la residencia explicaba que no eran necesarias porque iban a asustar a los abuelos». «Estuvimos trabajando sin mascarilla, esparcimos el virus».
Son testimonios de trabajadores, auxiliares, enfermeros, residentes y familiares sobre el impacto y la situación vivida en las residencias de ancianos desde marzo por la pandemia del coronavirus. Experiencias y relatos que llevan a Amnistía Internacional a concluir, tras meses de entrevistas con personal, residentes, familias o consejerías de Sanidad, que en estos centros españoles se ha producido una «violación de los derechos humanos de las personas mayores que vivían y viven en residencias», además de imponerse medidas «ineficaces».
En concreto, esta organización detalla en su informe cinco violaciones de derechos: a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y a una muerte digna.
Amnistía Internacional lleva meses de trabajo -una labor que ya ha realizado en otros países de Europa-, poniendo el foco en la labor de las Administraciones estatal y autonómicas. En concreto, en «la falta de preparación» y de la gestión «adecuada» como factor determinante para explicar el caos, desconcierto y los miles de muertos en las residencias durante la pandemia.
LOS ‘CONTRATIEMPOS’
El informe, que presenta Amnistía Internacional este jueves y que avanza EL MUNDO, enumera y detalla con testimonios los problemas y contratiempos que han convertido los centros residenciales en uno de los principales focos de contagios y de fallecimientos consecuencia de la Covid-19.
Falta de protección del personal, falta de recursos y de asistencia médico-sanitaria, exclusión generalizada y con un componente discriminatorio de acceso a asistencia sanitaria en hospitales, así como el aislamiento de personas residentes durante semanas enteras, prácticamente incomunicadas con el mundo exterior y con sus familias, con ninguna o escasa información sobre lo que estaba sucediendo.
«Si el único recurso es seguir teniéndolos confinados, se van a morir de pena… no se han abrazado, distancia con un biombo entre medias, eso es inhumano. La gente este verano ha disfrutado, hemos interactuado, pero a los únicos a los que se ha maltratado es a los residentes», expone Diana, técnico en cuidados auxiliares de enfermería en una residencia madrileña.
«Confinamos las residencias, pero no asumimos responsabilidades en lo que viene después. Las autoridades no pueden hacer el trabajo a medias», añaden desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).
ILLA E IGLESIAS SE DESVINCULARON
El informe de Amnistía Internacional es claro y rotundo: las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia, en particular en Cataluña y la Comunidad de Madrid, resultaron «ineficaces para proteger a un colectivo especialmente vulnerable».
Aunque los ojos apuntaron desde marzo tanto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como al de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, estos despejaron el asunto argumentando que la competencia era autonómica. Desde las residencias se censuró que no se les escuchó ni llegaron a tiempo las promesas hechas por el Ejecutivo.
Desde Unidas Podemos, por ejemplo, se hizo hincapié en la precariedad del sector y la privatización del mismo como factores que agravaron las muertes en las residencias.
Desde Amnistía Internacional se señala que personal de las residencias no contó con la protección adecuada ni con el acceso oportuno a test, lo que produjo contagios y dificultades para poder implementar las directrices que se recibían, y que el hecho de que la mayoría de las personas mayores vivan en residencias privadas o concertadas no disminuye «de ninguna manera la obligación del Estado de garantizar la protección de sus derechos humanos».
