Un juzgado asume un dictamen de la ONU y condena al Ayuntamiento de Barcelona por «vulnerar los derechos fundamentales» de un guardia urbano que fue despedido tras destrozarse un pie en acto de servicio
RAFAEL J. ÁLVAREZ. EL MUNDO.- Vicenç Flores iba en su moto policial para socorrer a una mujer que estaba siendo agredida por un hombre cuando un coche le golpeó. Salió disparado 16 metros y salvó la vida, pero el impacto y el arrastre le dejaron el pie maltrecho para siempre.
Fue el 20 de mayo de 2009. Tenía 29 años.
Unos meses después, mientras estaba de baja laboral y tomaba un café en un bar de Barcelona, oyó algo en la calle. «Alguien gritó: ‘¡Al ladrón, al ladrón!’. Era un tío que había robado el bolso a una señora. Salí del bar, lo vi, me tiré a su cuello y en el forcejeo me volví a destrozar el pie».
Y entonces, en plena baja, le fue dictaminada una «incapacidad permanente en grado total» y el Ayuntamiento de Barcelona lo expulsó de la Guardia Urbana y le aplicó una jubilación forzosa sin darle opción a valorar si podía trabajar en una segunda actividad dentro del Cuerpo.
Fue el 20 de julio de 2010. Tenía 30 años.
Hoy, 11 años después del accidente y 10 de su despido, Vicenç Flores ha logrado una sentencia histórica.
Porque condena al ayuntamiento de Ada Colau por «vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación» y por «vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva».
Porque obliga al consistorio barcelonés a someter a Flores a una «evaluación funcional alternativa» y a resarcirlo por los gastos judiciales.
Porque anula, por ilegal, parte del Reglamento interno de la Guardia Urbana de Barcelona , que niega a los policías con discapacidad sobrevenida una evaluación para saber si pueden trabajar en otra actividad dentro del Cuerpo.
Y porque asume un dictamen de Naciones Unidas, según el cual el Estado español debe «armonizar» el maremágnum de normativas autonómicas y locales, a veces distintas hasta dentro de un mismo ayuntamiento, que hacen que un policía que adquiere una discapacidad pueda seguir siendo policía o no dependiendo de la región, la ciudad, la localidad o el Cuerpo en los que esté.
«¿Qué pasa, que no puedo coger el teléfono? ¿No puedo hacer labores de investigación? ¿No puedo estar ante un ordenador? Soy profesor de Educación Secundaria, he sido administrativo y técnico en prevención de riesgos y ahora trabajo con chavales en exclusión. Te lo digo a lo bestia: si eres taradito no puedes ser bombero o policía».
«ME RECUERDO LLORANDO»
Se llama Vicenç Flores y estrenó uniforme en una localidad catalana a los 21 años de edad. «Ser guardia urbano es mi vocación». Unos años después opositó y ganó una plaza en la Guardia Urbana de Barcelona. «Yo era agente patrullero. Iba con la moto o con el coche policial haciendo calle pura y dura».
Hasta aquel día de 2009… Y aquel otro de 2010. «Me echaron del Cuerpo por carta certificada. Me recuerdo llorando y llamando por teléfono, pero nadie contestó. Aún no me lo puedo creer; con discapacidad se puede trabajar, nadie se plantea que Pablo Echenique no pueda estar en el Congreso. A mí ni siquiera me dieron opción a demostrar otras capacidades dentro de la Policía«.
Y ahí, en 2010, Flores inauguró un calvario judicial.
En septiembre de 2010 pidió pasar a segunda actividad, pero el ayuntamiento lo rechazó amparándose en un reglamento que dice que «la disminución de la capacidad no ha de ser de tal intensidad que haga al policía inválido».
En junio de 2012 el Juzgado número 13 de Barcelona estimó un recurso de Flores contra el ayuntamiento.
En julio de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló el recurso del ayuntamiento y revocó la sentencia del juzgado.
Y entre 2014 y 2018, ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitieron a trámite los recursos de Flores.
Pero el ex policía no se cansó, contactó con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y llegó a la ONU. Y el 2 de abril de 2019, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas emitió un Dictamen revelador.
«No se examinó la capacidad del demandante [Vicenç Flores] para trabajar en una segunda actividad cuando la Ley General 16/1991 ordena una evaluación médica especial para ver las capacidades alternativas (…) El Reglamento de la Guardia Urbana impide cualquier evaluación funcional alternativa de quien tiene una incapacidad permanente total, lo que afecta a su derecho al trabajo (…) España ratificó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en 2008 y el reglamento es de 2002 (…) Hay gran diversidad de normativas en comunidades autónomas e incluso dentro de un mismo ayuntamiento (…) El Estado debe armonizar normativas locales y regionales».
El ayuntamiento no se dio por aludido: silencio administrativo.
Así que, en marzo de 2020, Flores recurrió por vulneración de derechos fundamentales y la Fiscalía se sumó a ese argumento. Y el ayuntamiento respondió. «No se vulnera el derecho a la igualdad porque el demandante tiene medios para obtener una valoración funcional alternativa en el Instituto Nacional de la Seguridad Social«.
Los meses y la pandemia del coronavirus pasaron, pero, al menos en este caso, la justicia no.
LA SENTENCIA: «EL DICTAMEN DE LA ONU ES ROTUNDO»
Y así, el 16 de noviembre, el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona ha dictado una sentencia que arranca con una pista nada misteriosa: «El dictamen de la ONU es claro, rotundo y contundente».
El fallo del tribunal español sostiene que el Ayuntamiento de Barcelona se negó a evaluar a Flores y que vulneró sus derechos fundamentales. Y que frente a la tesis municipal de que las recomendaciones del Comité de la ONU «no son obligatorias ni de eficacia dentro de España», el Tratado Internacional «forma parte de nuestro Ordenamiento Jurídico desde que España lo ratificó y se publicó en el BOE».
La sentencia dice que la ley permite que los policías locales de Cataluña con incapacidad permanente total puedan desempeñar trabajos de segunda actividad y que el artículo 7 del Reglamento de la Guardia Urbana es ilegal y «limita un derecho subjetivo reconocido en la ley». Y por eso lo finiquita: «Declaramos nulo ese artículo del Reglamento».
Jesús Martín, delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, vive esta sentencia como una zancada.
«Resulta una anomalía la nula recepción que reciben los dictámenes de la ONU, que deben ser atendidos como sentencias de un tribunal y están orientadas a reparar derechos conculcados. Es un sinsentido que el Ayuntamiento de Barcelona haga bandera de los Derechos Humanos y al mismo tiempo no acate las decisiones de Naciones Unidas para hacerlos efectivos».
«NADIE HIZO NADA»
– Vicenç, ¿qué significa esta sentencia?
– Es un reconocimiento moral y judicial. Pero el ayuntamiento puede recurrir. ¿Qué más tengo que hacer si hasta la ONU lo dice? Tenemos cinco casos de la Administración catalana en Naciones Unidas: un policía local de Figueres, un policía local de Hospitalet, dos mossos y yo. Y casos de policías en Madrid, Andalucía, Murcia, Cantabria, Galicia, Navarra y Aragón.
– En 10 años de litigio, usted se ha topado con alcaldes de Barcelona de distintos partidos. ¿Qué le pasa a la política con la discapacidad?
– Nadie hizo nada por corregir una vulneración de derechos que sigue en el reglamento. Ni el PSC, con Jordi Hereu, ni CiU, con Xavier Trias, cambiaron nada, pero al menos nos recibieron. El de Ada Colau es el único gobierno municipal que ni siquiera nos ha atendido. Es un gobierno hipócrita, porque siempre va diciendo que defiende los derechos humanos y luego los vulnera. Si el ayuntamiento de Colau hubiera sido inteligente, hubiera utilizado este caso de manera proactiva: vale, este caso no paso conmigo, pero lo voy a arreglar.
– ¿Cómo resumiría su desventura?
– A mí y al colectivo de la discapacidad nos han pisoteado. Juegan a un desgaste emocional diario. Empiezas con una discapacidad física y acabas con una psicológica. A veces se me ha rebosado el vaso, pero mi motor ha sido ayudar a compañeros que están en lo mismo. Y en esa lucha seguiremos.
