La discriminación al arrendar viviendas está normalizada en España, según un estudio encargado por el Gobierno
SANDRA LÓPEZ LETÓN. EL PAÍS.- “Abstenerse extranjeros”, “absténganse de llamar personas de origen extranjero”, “no extranjeros”. Una búsqueda rápida por un portal inmobiliario desvela la discriminación que se practica a la hora de alquilar una vivienda en España. Mensajes dolorosamente claros y punzantes que Silvia Durán, venezolana de 42 años, sufrió cuando llegó a España en 2017.
A Silvia le negaron el acceso a una vivienda por su nacionalidad. Su acento la delataba, pero era mostrar su pasaporte a un agente inmobiliario y se cerraban todas las puertas. “Cuando llegué trabajé de interna en una casa, después traje a dos de mis cuatro hijos y me acogieron en una casa de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)”, dice esta venezolana que ahora trabaja para esa misma ONG. Finalmente encontró piso gracias al apoyo de una inmobiliaria de un “chico colombiano” que ayuda a inmigrantes. Vive en Madrid y paga 650 euros al mes. Silvia da cuenta de numerosos extranjeros no comunitarios que están pasando por situaciones de racismo, sobre todo mujeres con hijos. “Les piden al menos un año de nómina, tres meses de fianza, aval bancario… Son muchas trabas”.
La discriminación es un fenómeno normalizado. “El 72,5% de las inmobiliarias contactadas aceptan formas explícitas de discriminación. Esta abrumadora mayoría únicamente presenta niveles más bajos en Barcelona, que podrían estar asociados a la apertura del primer expediente sancionador por parte del Ayuntamiento por motivos de discriminación residencial. Del 27,5% restante que no la acepta de forma explícita, el 81,8% tolera otras formas indirectas y ocultas. Es decir, apenas encontramos inmobiliarias que rechacen cualquier forma de discriminación por motivo de origen”. Es la conclusión del informe ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler, elaborado por Provivienda por encargo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta misma semana se presentaba el documento al ministro José Luis Escrivá y a la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul.
Para su realización, la asociación sin ánimo de lucro ha realizado 1.836 llamadas a 200 agencias respondiendo a anuncios de alquiler y usando la metodología del testing (se realizaron llamadas de un perfil español y otro extranjero con idénticas condiciones socioeconómicas, familiares y de género). Así han podido comprobar las diferencias de trato por origen que reciben las personas que quieren alquilar una vivienda en el mercado libre.
Al extranjero no comunitario se le pide más renta, se le ofrecen peores viviendas o se le exigen más requisitos que a un nacional. Un ejemplo: Mientras que al 34,8% de los españoles se les solicita contrato indefinido, ese porcentaje es casi el doble (62,2%) en el colectivo migrante. Las inmobiliarias piden aval al 32,3% de los extranjeros, frente al 19,9% de los españoles. Aicha, de Argelia, que ha participado en el estudio, reconocía que “en las agencias siempre te preguntan por nóminas y contratos y yo siempre he estado trabajando sin nóminas en casas. Siempre he necesitado de algún conocido para poder alquilar […] Si no tienes las cosas te piden hasta un año por adelantado”.
Muchas veces la discriminación es indirecta, pero levanta barreras tan altas que es imposible conseguir un alquiler. Un caso típico es solicitar el DNI, dejando fuera de la selección a personas con pasaporte o NIE. “Es un requisito aparentemente neutro, pero en la práctica tiene un efecto discriminador”, dice Elena Martínez Goytre, responsable del Área de Investigación de Provivienda. Aunque la primera criba es lógicamente el acento. El contacto telefónico es el primer filtro que las agencias y particulares emplean para negar, limitar o condicionar el acceso por motivos de origen y estigmatización cultural.
A igualdad de condiciones entre perfiles —se estudia una familia con dos adultos y dos menores—, a la población migrante extracomunitaria se le niega en mayor medida la disponibilidad de pisos en el primer contacto (36% frente al 29,2% en el caso de españoles). “Existe una presunción de precariedad económica contra las personas extranjeras, que no concuerda con la realidad, más si cabe cuando hemos utilizado la metodología del testing inmobiliario y ambos perfiles, el nacional y el extranjero, tenían idénticas condiciones socioeconómicas”, comenta García Martín.
A veces no se niega directamente el acceso, pero las condiciones del piso que se ofrece a este colectivo son peores. Al 38,5% de las personas extranjeras les proponen viviendas sin ascensor, casi el doble que en el caso de las personas españolas (21,2%), según la investigación de Provivienda. Y cuando solicitan pisos similares a los del anuncio por el que piden información, al 50,4% de las personas españolas las inmobiliarias les ofrecen viviendas de tres o cuatro habitaciones, frente al 39,8% de las extranjeras.
Excusas
Cuando lo que se quiere es cerrar la puerta a un alquiler la excusa más frecuente detectada por Provivienda es la de señalar que la casa ya está alquilada. “En nuestros testings hemos comprobado que este argumento es una excusa muy utilizada dado que en un intervalo de tiempo de 10 a 15 minutos aproximadamente se realizaba una llamada por un perfil nacional al mismo anuncio e inmobiliaria, y en muchos casos el piso sí estaba disponible”, dice Alberto García Martín que, junto a Esteban Buch Sánchez, son los investigadores principales del informe. Otros pretextos muy habituales de las agencias son decir que el propietario ya no lo quiere alquilar, que otra persona ofrece más dinero o que el piso ya está reservado.
“Todo esto expone a la población migrante al hacinamiento residencial y a unas peores condiciones de habitabilidad de las viviendas”, apunta García Martín. A muchos no les queda más remedio que claudicar en su intento y alquilar una habitación como solución para tener un techo en el que vivir. “Para el alquiler de habitaciones no ponen problemas, aunque te cobran más que a un español”, afirma Silvia.
El informe de Provivienda pone el foco en el papel de las inmobiliarias como agentes de discriminación residencial. Sin embargo, la media docena de empresas consultadas niega este punto. Aseguran que los propietarios quieren mayor seguridad en las operaciones, sobre todo ahora que está bajando el precio, pero que no utilizan criterios raciales para seleccionar a los inquilinos.
Aunque ya en el año 2017, un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, realizado por el CIS, recogía que el 18,5% de la población trataría de evitar alquilar un piso a inmigrantes y que el 17,7% lo rechazaría de forma clara. La crisis económica desencadenada por la pandemia del coronavirus podría estar acentuando esta tendencia. La desigualdad en España ha escalado a niveles máximos la pasada primavera y el impacto es aún más fuerte entre los jóvenes y los inmigrantes, según el Institute of Political Economy and Governance, la Pompeu Fabra y CaixaBank Research.
