El relator de la ONU cuenta en su informe que representantes del Ejecutivo del PP le dijeron: «O todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto». El Consejo de Europa pide a España más implicación en la búsqueda de los desaparecidos.
PÚBLICO.- El relator de la ONU para la Justicia, la Verdad, la Reparación y las Garantías de no Repetición, Pablo de Greiff, acaba de hacer público el informe sobre su visita a España el pasado mes de marzo. Sus conclusiones no dejan en buen lugar al Gobierno español ni a varios de sus integrantes en relación al tratamiento de la memoria histórica.
En su informe, Greiff critica la nula predisposición del Gobierno hacia la Memoria Histórica, en concreto de algunos ministros. Así lo escribe en su informe: «El Relator Especial nota que varios representantes del Gobierno [español] en las reuniones que mantuvieron enmarcaron las discusiones en el siguiente esquema: ‘O todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto'».
Ante esta postura del Gobierno, el relator de la ONU recomienda a España mostrar un compromiso decidido del Estado por «dar vigencia plena, con carácter prioritario», a los derechos de las víctimas de la dictadura a la verdad, la justicia y la reparación. El relator de la ONU recalca: «Las limitaciones de recursos, si bien pueden reducir las capacidades del Estado, no pueden justificar la inacción en favor de estas medidas».
Otra recomendación al Gobierno es «evaluar rigurosamente la implementación de la Ley de Memoria Histórica» e «incrementar y promover el contacto y la coordinación entre las diferentes instituciones públicas de memoria histórica, así como asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones».
Europa se se suma las recomendaciones
Estas recomendaciones coinciden en forma y tiempo con la que también ha hecho este jueves el comisario de derechos de humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, quien ha lanzado una serie de recomendaciones para que España y otros países europeos mejoren la búsqueda, identificación y acompañamiento a las familias de los desaparecidos en conflictos, como la Guerra Civil o el franquismo.
«España aún debe afrontar su pasado y determinar qué ocurrió con las más de 150.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Franco (1939-1975)», señaló Muiznieks en un comunicado publicado un día antes de que se celebre el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas.
En concreto, el escrito sugiere cinco medidas a los Estados europeos, empezando por centrar la atención en las familias de los desaparecidos y evaluar sus necesidades.
Además, se pide la creación de un «marco legislativo eficaz» donde las desapariciones sean consideradas «infracciones penales» que no permitan a sus autores beneficiarse de «una amnistía o de medidas similares».
La tercera recomendación es apoyar los esfuerzos regionales y locales para investigar las desapariciones y «garantizar la libertad y la independncia de esos mecanismos», en colaboración con las organizaciones no gubernamentales.
El Consejo de Europa también considera importante que las informaciones relativas a las desapariciones se protejan y gestionen por organismos especializados y que se dote de financiación y capital humano a los mecanismos dedicados a esas tareas.
«A medida que pasa el tiempo, se hace más difícil encontrar los restos e identificarlos. No obstante, la experiencia muestra que el tiempo no hará desaparecer el problema. Debemos actuar ahora, es un deber hacia la memoria de las víctimas pero también de cara a las familias, que necesitan conocer la verdad», concluyó el comisario.
Esta petición llega días después de la publicación de un informe por parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU en relación con los crímenes del franquismo, con 42 recomendaciones y la solicitud de una respuesta por parte del Ejecutivo español en tres meses.
