El cambio en el protocolo se produce tras conocerse que 12 menores llevaban tres meses separados de sus madres
GUILLERMO VEGA. ELPAÍS.- El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, ha dictado una instrucción en la que insta a que los menores inmigrantes llegados en pateras a las islas sean ingresados “en centros de protección, junto a los adultos que aleguen ser sus progenitores”, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado EL PAÍS. Con estas nuevas indicaciones se pretende evitar que los pequeños sean apartados de sus padres hasta que se obtengan los resultados de las pruebas de ADN que se les realizan tras su llegada a las islas para comprobar su filiación.
El cambio de criterio se produce tras el escándalo por la noticia conocida la semana pasada de que 12 menores llevaban tres meses separados de sus madres tras haber sido apartados de ellas. El caso fue posible por decisión de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que pretende evitar situaciones como la trata de menores ante la posibilidad de que las mujeres que llegan con los niños no sean realmente sus madres. Si bien, el protocolo de atención a los niños migrantes establece que la separación del menor de los que alegan ser sus familiares directos solo debe hacerse en caso de “riesgo inminente” de desaparición del menor. La separación se mantiene a la espera de la realización de pruebas de ADN que deben demostrar su vínculo familiar cuando no hay documentación que lo acredite. Este procedimiento se demora más allá de las dos semanas, que debería ser el plazo medio habitual, y está manteniendo distantes a madres e hijos hasta tres meses.
Ahora, la Fiscalía cambia este protocolo tras la alarma que provocó el caso de los 12 menores. “Para dar mejor respuesta a las situaciones planteadas en el pasado, la Administración competente para adoptar las medidas de protección de los menores dispone en la actualidad de plazas residenciales en las que es posible la convivencia en un mismo lugar de los/las menores y los adultos que los acompañen”, una situación que se considera “más adecuada para garantizar el superior interés del menor”, sostiene el fiscal Del Río en su auto.
Por todo ello, el fiscal superior de Canarias establece que en adelante, y ante estos supuestos, los fiscales de esta comunidad “solicitarán el ingreso del/de la menor y de quien diga ser su progenitor/a en alguno de los establecimientos residenciales con plazas disponibles para alojar familias biparentales y/o mujeres acompañadas de menores”. Aunque este será el criterio de aplicación preferente, “deberá ceder en aquellos casos en los que se considere que la convivencia del menor con el adulto que manifiesta ser su progenitor/a pueda provocar una situación de riesgo para su seguridad y/o su superior interés”.
Las pruebas de ADN a los menores que entran de forma irregular en España con adultos que no puedan demostrar su vínculo familiar comenzaron a realizarse en 2013 tras una recomendación del Defensor del Pueblo que alertaba de riesgos como la trata, las adopciones ilegales o incluso el tráfico de órganos. La institución, sin embargo, siempre ha recomendado que se habiliten centros específicos donde, en coordinación con los servicios sociales municipales, se realice un seguimiento estrecho del vínculo de la persona adulta con el menor, mientras aguardan juntos el resultado de las pruebas que determinen su parentesco.
Aun existiendo la posibilidad de un engaño que pueda esconder posibles fines delictivos, los datos muestran que son muy pocos los casos en los que las pruebas revelan que el adulto no tiene el parentesco que dice tener con el menor. Según los datos provisionales de 2019, facilitados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras al Defensor del Pueblo, un total de 416 menores acompañados de adultos intentaron acceder irregularmente a territorio nacional en patera. Ese año se realizaron 651 pruebas de ADN para acreditar el vínculo de filiación, de las que 39 fueron negativas y 38 estaban pendientes.
