Presionaron a una cadena hotelera para que expulsara «sí o sí» a los agentes de la Policía Nacional que tenían alojados tras el referéndum ilegal
EFE. CADENA COPE.- La Fiscalía de delitos de odio pide tres años de cárcel para dos tenientes de alcalde del PSC y el jefe de la policía local de Pineda de Mar (Barcelona) en 2017 por presionar a una cadena hotelera para que expulsara «sí o sí» a los agentes de la Policía Nacional que tenían alojados por el 1-O.
En su escrito, el fiscal, que también solicita tres años de inhabilitación, acusa por un delito de coacciones con la agravante de prevalimiento de carácter público a la entonces primera teniente de alcalde de Pineda Carme Aragonés, al segundo teniente de alcalde y responsable de Urbanismo Jordi Masnou -el único que aún sigue en el ayuntamiento, como tercer teniente de alcalde- y al entonces jefe de la Policía Local de Pineda Carles Santacreu.
Según el fiscal coordinador de la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, sobre las 21.00 horas del 2 de octubre de 2017, Aragonés, Masnou y Santacreu -que iba de paisano- se presentaron de «forma irregular» en un hotel de la cadena Checkin de Pineda, para «conminar a la dirección de la cadena hotelera, prevaliéndose de la autoridad que representaban, para lograr la expulsión» de los agentes de la Policía Nacional que alojaban.
La comitiva municipal pidió entrevistarse con la dirección del establecimiento, entrando en el despacho del director, ante quien Aragonés, como máxima autoridad municipal porque el alcalde estaba fuera del municipio, junto al «apoyo amedrentador» de los demás acusados, le conminó a desalojar el contingente de policías nacionales alojados en dos hoteles de Pineda de la misma cadena, según la Fiscalía.
Ante esta exigencia, el director del hotel puso a los responsables municipales al teléfono con el gerente de la cadena, ante quien Aragonés reiteró su exigencia, si bien el responsable se negó alegando que no había habido ningún problema con sus huéspedes.
Con el objetivo de «incrementar su apremio sobre el directivo», la entonces primer teniente de alcalde le pasó el teléfono a Masnou, quien como responsable de urbanismo advirtió al gerente «en tono desafiante y conminatorio», según la Fiscalía, de que tenía que echar a «esos clientes sí o sí».
El gerente contestó que no lo podía hacer porque los policías tenían reserva hasta el 5 de octubre y, en ese momento Masnou, «enfurecido, dando gritos» le dijo que él era «quien mandaba allí» y, como el gerente no accedía a sus pretensiones, le advirtió de forma «desafiante» de que «si no echaba a los Policías le iba a cerrar el hotel al día siguiente e iba a estar cerrado cinco años».
Según la Fiscalía, tras esta conversación, el gerente de la cadena Checkin, «impulsado por el temor a que las anunciadas represalias fueran llevadas a cabo por parte de las autoridades municipales», decidió redactar una carta en que aseguraba que se veían «obligados» a desalojar al contingente policial.
El ministerio público pide por contra el archivo de la causa respecto a Silvia Biosca -entonces tercera teniente de alcalde de Comunicación de Pineda-, al no acreditarse «suficientemente» que cometiera un delito de falsedad en documento público para simular un comunicado de prensa conjunto que mantenía que la salida de policías obedecía a una decisión «conjunta» del ayuntamiento y de la cadena para «garantizar la convivencia» en la población.
