BELÉN DOMÍNGUEZ CEBRIÁN. EL PAÍS.- La ONG Amnistía Internacional (AI), ha hecho público este miércoles un informe en el que denuncia que unas 23.000 personas han muerto intentando llegar a Europa desde el año 2000. En el documento de 44 páginas AI acusa a la Unión Europea (UE) y a los Estados miembros de «poner en peligro la vida y los derechos de los refugiados e inmigrantes» que intentan entrar en territorio de la Unión, sobre todo a través de Bulgaria, Grecia y España. «Para sortear los obstáculos, los inmigrantes encuentran rutas alternativas [de entrada a la UE] mucho más peligrosas», sostiene la organización en un documento en el que aseguran que Europa gasta tres veces más en blindar sus fronteras que en políticas de amparo a refugiados. «La efectividad de los sistemas de prevención de inmigración irregular son, como poco, cuestionables», afirma John Dalhuisen, director del programa para Asia Central y Europa de AI.
La UE, señala el informe coordinado por la investigadora turca Irem Arf Rayfield, financia cada año proyectos millonarios para entorpecer la llegada de refugiados con métodos cuestionables para los derechos humanos como las vallas metálicas, las patrullas armadas que vigilan las fronteras o los sistemas de vigilancia de tecnología de última generación. “Para la UE, la protección de sus fronteras es más importante que la protección de las personas”, señala Rayfield, de 33 años, durante una entrevista en la oficina de AI en Madrid. “Las detenciones de refugiados o solicitantes de asilo que huyen del conflicto armado [la mayoría, sirios] son una herramienta de disuasión para aquellos que estén pensando en huir hacia la UE”, explica la investigadora, que más tarde explica que esta medida “no sirve de nada” puesto que los inmigrantes buscan “otras alternativas” mucho más peligrosas como navegar a través de las islas griegas o cruzar el mar Mediterráneo.
De los 1.820 millones de euros que ofreció la UE entre 2007 y 2013 para proteger sus fronteras externas, solo 700 millones se destinaron a mejorar la situación de los solicitantes de asilo y refugiados, indica el informe, que ha sido elaborado a partir de diferentes fuentes periodísticas europeas, bases de datos de cada país y testimonios de testigos y familiares de víctimas a lo largo de estos 14 años. La organización, aunque con la boca muy pequeña, resalta que la estimación de 23.000 inmigrantes fallecidos desde el año 2000 “se queda corta”.
Pero mientras los conflictos continúen —especialmente el de Siria, Afganistán, Irak, Somalia, Sudán y Eritrea— los inmigrantes seguirán huyendo. Y mientras la UE refuerza lo sistemas antiinmigración, el flujo de inmigrantes que escogen vías alternativas, por lo general mucho más peligrosas, aumentará. Según la policía griega, el número de personas que utilizaron la ruta marítima por las islas del Egeo aumentó de 169 en 2012 a 3.265 en 2013. “Muchos [inmigrantes] mueren ahogados en estos viajes”, sostiene la investigadora, quien confiesa haber escuchado casos de inmigrantes que mueren asfixiados en camiones en las fronteras turcas. El caso del límite entre Bulgaria y Turquía es más alarmante: unas 1.700 personas lo cruzaron de manera ilegal en 2012. Esa cifra aumentó hasta los 11.158 en 2013, según la misma ONG.
Amnistía Internacional hace hincapié en la ilegalidad de los procesos de devolución de inmigrantes a sus países —sobre todo en el caso de la frontera de Grecia y Bulgaria con Turquía— y subraya los malos tratos —insultos, palizas, aseguran— que los refugiados reciben cuando son rechazados, aunque especifica que no hay denuncias por tortura. Es el caso de Rahim, un afgano que huyó del conflicto en 2012, cuando tenía 16 años: “La policía nos cogió [en la frontera entre Turquía y Grecia] a mí y a Ahmed, mi amigo de 13 años. Perdí de vista al resto del grupo. Tres policías comenzaron a pegarnos. Nos patearon con palos negros metálicos, como con hierro. Nos dieron en las rodillas y en las manos. Fue horrible”, señaló el joven a AI en abril de este año.
El 17% del presupuesto para el programa de Inmigración de la UE entre 2007 y 2013 fue destinado exclusivamente a los refugiados, mientras que el 46% se dedicaba al fortalecimiento de las fronteras mediante el incremento en el número de controles, de cámaras sensoriales, de vallas… El 21% se destinó a la integración y el 16% restante a la devolución de los solicitantes de asilo, aunque ya no a su país de origen, sino al país desde el cual entraron a la Unión Europea (Turquía, Ucrania, Marruecos).
Pero como el caso de Rahim hay miles. Los centros de detención de inmigrantes, donde no se puede permanecer más de 18 meses por directiva europea, están llenos en Grecia y Bulgaria. “Conozco un caso específico en el que una persona estuvo encerrada 25 meses”, sostiene Rayfield, quien explica que no hay ninguna razón por la que deban permanecer ahí o ser devueltos a sus países. “Los derechos humanos son derechos humanos”, concluye.
