Los afectados son hijos de una mujer asesinada pero no de su agresor. La fundación que trabaja con estas víctimas pide cambios en la ley
PILAR ÁLVAREZ. EL PAÍS.- Más de 260 huérfanos de mujeres asesinadas por violencia machista no tienen acceso a las ayudas que el Estado aprobó hace un año. El dato puede ser significativamente más alto, porque las prestaciones y pensiones para hijos e hijas de mujeres asesinadas tienen una tramitación complicada que muchos de los afectados desconocen, según denuncia una de las organizaciones que trabaja con estas víctimas, la Fundación Mujeres a través del Fondo de Becas Soledad Cazorla. Pero al menos 266 menores han quedado fuera porque los asesinos no eran sus padres sino posteriores parejas de sus madres y la ley no los contempla como huérfanos. La fundación ha pedido cambios para evitar que eso ocurra
En marzo de 2019, tras más de dos años de tramitación, se aprobó la ley concebida para que ningún huérfano por violencia de género se quedara sin pensión. Se promovió porque en muchos casos se quedaban sin ningún tipo de cobertura ya que sus madres no habían cotizado lo suficiente. Se anunció como una norma retroactiva y universal, pero la letra pequeña y las dificultades para conocer estas prestaciones impiden que se hagan realidad ambas aspiraciones.
La Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Soledad Cazorla consideran, no obstante, que esta ley ha supuesto una “considerable mejora” para muchas familias. Desde su entrada en vigor en marzo de 2019, las ayudas han llegado a 105 beneficiarios. Pero admiten que esa cobertura es “mejorable” y produce discriminaciones, como el hecho de que no se consideren potenciales beneficiarios a los hijos de mujeres asesinadas por parejas que no eran sus padres. Si son adoptados por alguien de su familia tras el asesinato no cobran la pensión íntegra porque no se les considera huérfanos absolutos. Las ayudas están además condicionadas al nivel de renta familiar.
El centenar de casos en los que se han otorgado prestaciones hasta la fecha, según los datos facilitados por las organizaciones este lunes, también quedan lejos del total de potenciales beneficiarios, cuya prestación se extendería hasta los 25 años de edad. Desde 2003, las primeras mil mujeres asesinadas dejaron atrás a 765 huérfanos menores, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial citados por la Fundación Mujeres. Y solo desde 2013, cuando comenzaron a contabilizarse los huérfanos en la estadística oficial, suman 293 chicos y chicas. La ONG reclama mejores datos para poder seguir la evolución de las prestaciones.
Desde que se puso en marcha la ley 3/2019 de mejora de la situación de orfandad de has e hijos de víctimas de violencia de género, 28 menores han sido beneficiarios de una pensión, 36 han recibido prestaciones de orfandad y otros 41, una mejora de las pensiones previas que percibían antes de la nueva normativa. “Esta ley supone una gran mejora de la situación previa, pero hay margen para mejorar la cobertura, que no es universal, está vinculada al nivel de renta y deja fuera algunos supuestos que pueden darse de forma muy habitual”, ha señalado Joaquín García Cazorla, promotor del fondo de becas.
La directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha pedido que se amplíe la cobertura de las ayudas estatales. “Se producen diferencias poco explicables incluso dentro de una misma familia en la que haya hijos de distintas parejas”, ha explicado durante la presentación del informe anual del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto. “El daño de la pérdida de la madre es igual para todos los hermanos, independientemente de que el padre no fuese el asesino».
Una portavoz de la Seguridad Social, del que dependen estas prestaciones, indica que en octubre de 2019 se difundió una guía informativa entre las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, o Direcciones Insulares, de las que dependen las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer. Se hizo para “asegurar que nadie con derecho a la protección se vea privado de la misma por desconocimiento”, señala la citada portavoz. También asegura que sobre las pensiones anteriores a la nueva norma se planteó ante los mismos organismos que desde sus Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer se contactara con estos pensionistas para informarles sobre la mejora y cómo hacerla efectiva. Sobre la opción de ampliar las ayudas también cuando el asesino no es el padre del menor, añade: “La ley otorga esta especial protección en casos en que el huérfano queda en una situación de gran vulnerabilidad, que no se entiende que concurre cuando hay un padre que puede y debe ocuparse del huérfano de madre. Cualquier otra interpretación pasa por instar un cambio legislativo”.
El Fondo de Becas Soledad Cazorla es una iniciativa iniciada en 2016 por el viudo e hijos de la fiscal Soledad Cazorla para apoyar económicamente y acompañar a quienes asumen la responsabilidad de los huérfanos y huérfanas de las mujeres asesinadas por violencia machista. Durante 2019 concedieron 32 becas que beneficiaron a 21 familias por un importe de 57.000 euros.
