La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía sustituye a las docentes del colegio de Dos Hermanas que se burlaron de una estudiante
EVA SAIZ. EL PAÍS.- Las familias de los cuatro niños con necesidades especiales que acudían al aula específica del CEIP Cervantes en Dos Hermanas (Sevilla) respiran mucho más aliviadas desde que esta mañana, el director les confirmara que las dos docentes implicadas en un caso de vejaciones a una menor con trastorno del espectro autista en abril del año pasado, y que se habían reincorporado este curso, no iban a volver al colegio. Esa era la condición innegociable que habían impuesto para que sus hijos regresaran al centro, del que los habían sacado cuando conocieron la presencia de las maestras. Un pulso que, finalmente, han ganado gracias, además, a la presión de medio centenar de padres que también se vieron afectados, puesto que las profesoras -una logopeda y una monitoria- al no tener alumnos en el aula especial fueron destinadas como apoyo en otros grupos.
“Hemos llorado mucho hoy. Nuestra lucha ha surtido efecto”, explica aliviada Adisbell Ferro, madre de Antoni, un niño de nueve años con trastorno del espectro autista, uno de los cuatro menores que está inscrito en el aula específica del CEIP Cervantes. “Si no hubieran atendido a nuestra reclamación, nos hubiéramos ido a otro colegio, nuestros hijos no podían estar con estas profesoras. Lo hemos repetido todo este mes», asegura. Antoni estaba presente cuando el 22 de abril de 2019, la cámara que los padres de una niña con trastorno del espectro autista de siete años habían introducido en su mochila -preocupados por los cambios de humor y los ataques epilépticos que había tenido la pequeña en los últimos meses- grabó a su tutora, a la logopeda y a la monitoria mofándose a gritos de ella con frases como “Ya se a trastocao” o “Todo su cerebro está muy tocado”.
“Esta mañana nos han reunido a los padres con el director, la secretaria y el inspector y nos han dicho que a partir de mañana podríamos llevar a los niños al aula porque las profesoras no iban a volver a estar involucradas con nuestros niños”, explica Ferro. “Hasta nos han presentado a las docentes sustitutas, salvo la logopeda que viene mañana”, señala, emocionada. Una noticia que el AMPA trasladaba al resto de padres a través de un mensaje de WhatsApp: “La Delegación Provincial de Educación ha decidido que las dos profesoras imputadas en el caso de Valeria NO vuelvan al Colegio Cervantes”.
Fuentes de la Consejería de Educación han indicado a este diario que las docentes están “en otro puesto en otro destino” y aclaran que “no se trata de una sanción, sino de una medida de garantía del derecho de los trabajadores” y “para evitar la presión que había en el centro sobre ellas”. Las mismas fuentes insisten en que se ha tenido en cuenta además que estas trabajadoras aún no han sido condenadas y existe la presunción de inocencia.
Las tres profesoras están inmersas en un procedimiento penal por supuestas vejaciones y maltrato y hasta que no se dicte sentencia, la Consejería de Educación no puede poner en marcha el expediente administrativo por falta grave, que podría terminar en suspensión de empleo y sueldo. Cuando los hechos salieron a la luz, las docentes pidieron una baja médica. La logopeda y la monitora, que reconocieron ante a juez sus voces en las grabaciones, tienen su plaza en el CEIP Cervantes y se incorporaron a su antiguo puesto de trabajo con el nuevo curso escolar, pese a que los padres de los niños del aula específica no habían sido informados de su regreso.
En cuanto lo supieron, por madres de otros cursos que las vieron en el colegio, decidieron sacar a sus hijos del centro. La indignación creció cuando, al no tener alumnos en el aula específica, las docentes fueron reasignadas como apoyo en otros grupos. Desde la Inspección educativa se les aseguró a todas las familias que se iba a garantizar que las maestras siempre estarían en compañía de otros profesores, pero los padres se negaron a aceptar esa solución. Su empeño ha dado resultados.
