Comunidades que habitan esta región solicitan la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el clima de violencia en su contra
EL PERIÓDICO.- Líderes de comunidades indígenas de la Amazonía solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que «llame la atención» a los gobiernos de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil ante los asesinatos, amenazas y violaciones de derechos humanos que afrontan en sus territorios.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la organización civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) informaron a Efe de que los representantes indígenas solicitaron a la CIDH «que interceda» para que los gobiernos de los países amazónicos «tomen medidas efectivas de protección».
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que representa a los pueblos indígenas de los nueve países que la componen, lanzó esta llamada de alerta durante el 177 período de sesiones de la CIDH, que se celebra de manera virtual desde este lunes.
Asesinatos continuos
En ese contexto, el vicepresidente de Aidesep, Richard Rubio, alertó de que desde abril pasado hasta el último 11 de septiembre han sido asesinados cinco defensores de derechos humanos en Perú.
Entre estas víctimas, detalló, figuran cuatro representantes indígenas, a los que identificó como Arbildo Meléndez, Benjamín Ríos, Gonzalo Pío Flores y Lorenzo Wampagkit, todos de comunidades ubicadas en la Amazonía peruana.
Rubio indicó que a estos crímenes se deben sumar «las amenazas a las comunidades por presuntos agentes ilegales» que ingresan a sus territorios. El representante de Aidesep señaló que, ante esta situación, «urgen medidas coordinadas de manera multisectorial» y que el Estado peruano debe dar prioridad a la aprobación de la ratificación del Acuerdo de Escazú «en tiempo oportuno».
Justicia para las víctimas
Agregó que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, «viene sometiendo a debate la ratificación de este acuerdo por más de un mes, sin tomar una decisión concreta y mientras se alarga esta decisión, no hay acceso a justicia para los hermanos indígenas asesinados».
Aunque Perú formó parte de los 12 países americanos que firmaron el Acuerdo de Escazú el 27 de septiembre de 2018, aún no ha ratificado este tratado, que es el primer pacto mundial que contiene disposiciones vinculantes para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
La especialista de DAR Jackeline Borjas también señaló que los asesinatos «evidencian la ausencia histórica de los Estados» en la protección de las comunidades indígenas.
Discriminación gubernamental
Agregó que más de seis meses después del inicio de la pandemia de la COVID-19 en Perú, el sexto país con más casos en el mundo, «aún persiste la inacción estatal que evidencia una discriminación y desatención deliberada y reiterada», así como la falta de prioridad a las «medidas de prevención y atención urgente en favor de los defensores y defensoras indígenas».
Borjas también consideró que la demora en la ratificación del Acuerdo de Escazú, muestra «el poco interés» de los Estados por proteger los derechos de los defensores indígenas.
Ante el grave riesgo que afrontan los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y situación de Contacto Inicial (PIACI) en Perú, tanto la Aidesep como DAR resaltaron el proyecto de la Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial
Consideraron que ese dictamen es «un avance positivo«, ya que «garantiza la intangibilidad efectiva de los territorios PIACI y medidas para ellos frente a la COVID-19». Las organizaciones señalaron, en ese sentido, que el Congreso debe dar prioridad a su debate y aprobación «pues significaría un antecedente positivo e histórico para la región».
Herencia cultural
Durante la exposición ante la CIDH, Michael McGarrell, de la nación Patamuna de Guyana y coordinador de Derechos Humanos y punto focal político de COICA, remarcó que su territorio garantiza su cultura, formas de organización tradicionales, espiritualidad, salud, recreación, conocimiento, integridad «y vida misma».
«En tal sentido, defender el territorio para nosotros es defender la vida. Esta defensa nos expone a una situación de alta vulnerabilidad, donde aún en situación de emergencia sanitaria se han registrado muertes a causa de violencia y conflictos», dijo.
El dirigente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) Andrés Tapia denunció «los frecuentes procesos de persecución y criminalización» que sufren líderes indígenas de su país.
Por su parte, la brasileña Leany Torres, vicecacique general del pueblo Warao del asentamiento Ka Ubanoko, señaló que exigen que un proceso de traslado programado por el Estado para el 28 de octubre próximo, se realice respetando su derecho de consulta y consentimiento, «y no de manera arbitraria e inconsulta».
