«La afirmación de que ‘Las 13 rosas’ violaban y asesinaban tiene seriedad suficiente para lesionar la dignidad de quienes participan de la misma ideología», sostiene
MARÍA PERAL. EL ESPAÑOL.- El diputado de Vox Javier Ortega Smith no sólo «atacó la dignidad» de Las 13 rosas sino también la de las personas que mantienen la misma ideología que ellas y sus manifestaciones públicas generan «un peligro» al «incitar a terceras personas al odio» hacia los socialistas.
Así lo sostiene el fiscal de Sala Alfonso Aya, delegado coordinador del Ministerio Público contra los delitos de odio y discriminación, en el dictamen en el que ha pedido al Tribunal Supremo que abra una causa penal al parlamentario de Vox por un presunto delito –castigado con prisión mínima de un año– consistente en incitar públicamente al odio o la hostilidad contra un grupo por motivos ideológicos.
El informe del fiscal, conocido por EL ESPAÑOL, reproduce las palabras de Ortega Smith en una entrevista en TVE el 4 de octubre de 2019, cuando afirmó que «las que llamaban Las 13 rosas lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente». «Sí, sí, cometieron crímenes brutales en las checas», insistió.
Ese mismo día, el diputado de Vox se ratificó en sus afirmaciones a través de Twitter. «Si tanto quieren memoria histórica, que no se pongan tan nerviosos cuando les recordamos la parte de la historia que intentan ocultar, no eran 13 rosas, eran 13 asesinas«.
Aya, adscrito a la Fiscalía de la Sala Penal del Supremo, pidió para elaborar su dictamen una copia autentificada de la sentencia que condenó a la pena de muerte a las jóvenes conocidas como Las 13 rosas y destaca que «nada se dice en ella de hechos [delictivos] más allá de tener una determinada ideología» por su pertenencia a las Juventudes Socialistas Unificadas.
La sentencia
La sentencia dictada por el Consejo de Guerra Permanente el 3 de agosto de 1939 «recoge cómo los procesados [entre ellos Las 13 rosas] recibieron órdenes para ‘hacer fracasar las instrucciones político-jurídicas de nuestro Estado Nacional para lo cual circularon las órdenes necesarias a fin de organizarse nuevamente y poder actuar en todas aquellas misiones que pudieran producir aquéllos actos delictivos que vulnerasen en cuanto fuese dable el orden socia’. Se trata de posibles acciones de futuro, pero no que se hubiera realizado acto concreto alguno», señala el fiscal.
La sentencia «se refiere a recibir encargos para el futuro, sin que conste que tales encargos se hayan materializado en ningún acto, mucho menos en ‘torturas, violaciones y asesionatos‘», como afirmó Ortega Smith.
«El único hecho concreto que se imputa a una de estas trece personas», precisa, «es ‘haber prestado servicio durante el dominio rojo en Madrid como cobradora de tranvías’«.
El fiscal recuerda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera «crucial» que los políticos , en sus discursos públicos, eviten «difundir palabras susceptibles de fomentar la intolerancia».
Aya subraya que Ortega Smith pronunció su controvertido mensaje sobre Las 13 rosas en una televisión pública y en un programa de gran audiencia en período preelectoral, «lo cual conlleva un evidente alcance del discurso realizado del que, independientemente de su intencionalidad, el autor debe razonablemente suponer sus efectos discriminatorios e incluso incitadores al odio y a la hostilidad».
A su juicio, la afirmación de que Las 13 rosas lo que hacían era torturar, violar y asesinar «tiene aptitud y seriedad suficiente para conformar un sentimiento lesivo para la dignidad de las personas así calificadas y de las que en el día de hoy participan de la misma ideología, de quienes teniendo la ideología socialista en absoluto se han manifestado conformes con lo sucedido en las checas».
«Todo ello», sostiene el fiscal, «supone no sólo un ataque a la dignidad de las personas que mantienen tal ideología sino también un peligro, potencial pero real, para las mismas, al incitar a terceras personas al odio sobre un colectivo basado en su ideología, creando o incrementando un peligro para tal colectivo o sus componentes».
Aya pide al Supremo que declare su competencia para investigar al diputado de Vox «dada la existencia de un posiobnle delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y liebrtades públicas» y nombre a un magistrado instructor para investigarlo.
