La AVT incluye hechos recientes como los mensajes de apoyo a Josu Ternera y se basan en la Ley de Partidos y la sentencia que legalizó a la formación que dirige Arnaldo Otegi
ALEJANDRO REQUEIJO. VOZ PÓPULI.- La Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT) se reunió este martes por primera vez con la Fiscalía General del Estado que dirige Dolores Delgado y en el encuentro le entregaron un listado con todos los indicios recopilados por el colectivo durante años para instar a la ilegalización de Bildu por su relación con la banda terrorista ETA y su legado criminal.
Se trata de un documento con 250 pruebas al que ha tenido acceso este periódico y con el que la asociación mayoritaria de víctimas actualiza cada vez que mantiene una reunión con el máximo representante del ministerio público. Fuentes de la AVT califican el encuentro de productivo y dicen haber encontrado una actitud receptiva por parte de Delgado y su equipo durante la reunión en la que se abordaron diversos temas.
Se basan en el artículo 9.3 de la Ley de Partido de Políticos aprobada en 2002. Establece como motivo de ilegalización que una formación preste forma reiterada “apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales”.
Apoyo a ‘Josu Ternera’
Recuerda acontecimientos recientes como el mensaje de apoyo que en las redes sociales difundió Bildu con motivo de la puesta en libertad provisional en Francia del histórico líder de ETA Josu Ternera. “Queremos trasladar nuestro abrazo a Josu y a todos sus familiares y amigos”, dijo la formación que encabeza el exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi.
Tanto EH Bildu como EHBai -su homóloga en el País Vasco francés- tildaron al terrorista como «uno de los principales protagonistas en el trabajo a favor de un escenario de solución en Euskal Herria«. Huyó de la Justicia cuando le reclamaba por un atentado en la casa cuartel de Zaragoza en el que murieron varios niños.
La cuenta de la AVT arranca e 2011, desde el momento en el que el Tribunal Constitucional legalizó a Sortu, los herederos del brazo político de ETA al que luego se unieron otras formaciones minoritarias para dar lugar a la coalición Bildu. En la lista, por tanto, hay indicios atribuidos tanto a estas dos marcas como a Amaiur, nombre con el que concurrieron a las elecciones generales en el País Vasco y Navarra tras su vuelta a las instituciones en paralelo al proceso de ETA de abandonar la violencia.
Por parte de Sortu, la lista recuerda cómo este mes de agosto uno de sus dirigentes llamado Eneko Compayns, miembro del Consejo Nacional del partido y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, dedicó un homenaje a cuatro etarras fallecidos en 2000 cuando explotó por accidente el vehículo en el que viajaban, cargado de explosivos. “Han pasado 20 años pero todavía estamos presentes: Patxi, Ekain, Zigor y Urko. ¡Siempre en nuestros corazones!”, dijo en su cuenta de Twitter donde cuenta con 5.800 seguidores. El comentario fue difundido a su vez por más de 650 personas.
El Tribunal Constitucional abrió la puerta a la vieja Batasuna enmendando al Supremo. Pero en su sentencia, el máximo garante constitucional fue tajante al trazar las líneas rojas: no podría en ningún caso equiparar “las expresiones de la violencia terrorista con la coacción legítima que un Estado de Derecho se reserva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando persiguen, detienen y ponen a disposición judicial a los responsables de los delitos de terrorismo”. Tampoco podrían equiparar a víctimas con terroristas ni ensalzar a quienes perpetran esas acciones criminales o incitar al incumplimiento de leyes democráticamente aprobadas.
Desde la AVT recuerdan que en la anterior actualización de la lista (julio de 2019) había en torno a 200 indicios. Desde entonces son varias decenas de situaciones que a juicio de los representantes de las víctimas suponen un incumplimiento de las condiciones que les impuso la ley para regresar a la política.
La delegación, que ha estado encabezada por la presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha hecho entrega también a la Fiscalía General de dos Guías elaboradas por la Asociación. Una de ellas recoge un decálogo de buenas prácticas para la Asistencia Jurídica a las víctimas del terrorismo en el ámbito de la Audiencia Nacional, elaborada por el equipo jurídico. La segunda, titulada Cómo afrontar el proceso judicial derivado del atentado que he sufrido, está redactada por su Departamento Piscosocial para las víctimas del terrorismo.
La Fiscalía General del Estado ha emitido un comunicado tras el encuentro en el que afirma que se han abordado “las principales inquietudes del colectivo”. El ministerio público hace alusión a las dos guías, también a una propuesta de reforma del Estatuto de la Víctima o a la preocupación de la AVT por las dificultades legales de perseguir los delitos de enaltecimiento y su impacto psicológico en las víctimas. Sin embargo, no hace ninguna alusión en el texto a los 250 indicios para instar a los tribunales a que ilegalicen Bildu.
