Maite Pagazaurtudúa denuncia que la Generalitat «estigmatiza» a los alumnos al exigir que pidan el examen en castellano al inicio de la prueba
LUIS ÁNGEL SANZ. EL MUNDO.- Ciudadanos ha instado este jueves a la Comisión Europea a analizar e investigar la «discriminación» de los menores que hablan castellano en Cataluña en las pruebas de acceso a la universidad.
Como ha avanzado EL MUNDO, los jóvenes que quieren recibir este examen en castellano tienen que pedirlo al comienzo de la prueba. El profesor apunta la petición en la sección de incidencias, sale del aula y solicita una copia en castellano al presidente del tribunal.
Como denuncian varios docentes, es una forma de señalar a los jóvenes que quieren realizar el examen en su lengua materna, que no pueden comenzarlo con normalidad.
Ante todo ello, la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Maite Pagazaurtundúa, ha elevado una pregunta parlamentaria sobre los obstáculos a la libertad de utilización de su lengua que sufren estos alumnos en la antes llamada Selectividad.
Pagazaurtundúa recuerda en su escrito, al que ha tenido acceso este diario, que el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE prohíbe toda discriminación, en especial, la ejercida por razón de lengua.
DERECHO A USAR LAS DOS LENGUAS
Asimismo, destaca que el artículo 6 del Estatuto de Cataluña señala que todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales (castellano y catalán) y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas.
Pero también que los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para que no haya discriminación por el uso de una u otra lengua.
Por ello, en su pregunta, la ex dirigente de UPyD insta a la Unión Europea a «analizar» las políticas de «discriminación de menores por razón de lengua en comunidades con dos lenguas cooficiales como Cataluña».
Pagazaurtundúa resalta que cualquier estudiante en Cataluña tiene legalmente derecho a hacer la EBAU en español o en catalán, en igualdad de condiciones. Sin embargo, este derecho se ve obstaculizado en la práctica. Y todo ello, añade, «en un contexto de hostilidad institucional hacia la lengua española».
La eurodiputada entiende que la Generalitat actúa «arbitrariamente». Y denuncia especialmente que la petición se registre como «incidencia». «Cuando se clasifica una opción como incidencia se categoriza como algo ‘anómalo’, cuando lo cierto es que los alumnos tienen que poder disfrutar del derecho de recibir su examen en las dos lenguas, con la misma facilidad, sin que por ello sean señalados o estigmatizados», indica
