Sorprendidos por las recientes declaraciones del Vicepresidente segundo del Gobierno en rueda de prensa y sin entrar en absoluto en los supuestos que han generado la polémica, si debemos corregir, porque en modo alguno podemos aceptar ,que hay que “naturalizar” que “cualquiera que tenga presencia pública o cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en política” esté sometido a “tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales”, acompañando esta apreciación con sus vicisitudes acerca de que “le insulten y le digan de todo”.
No podemos aceptar esta normalización pues esto, si se realiza, es una MALA PRÁCTICA que daña la convivencia, el respeto y el aprecio a otro, y por tanto, imposibilita la tolerancia y daña la calidad democrática de una sociedad. Y no se debe realizar ni hacia periodistas, ni hacia políticos, ni hacia nadie en ningún ámbito social. Tampoco hay que confundir realizar una crítica, algo legítimo democráticamente, con el
INSULTO, que es ilegítimo por inmoral, no debiendo realizarse en ninguna parte y que si se hace con publicidad en las redes sociales puede llegar a constituir diferentes infracciones reprochadas punitivamente.
Libertad de expresión no es libertad de agresión
El insulto es una acción que ofende, que humilla a una persona, a un semejante que comparte igual dignidad, libertades y derechos y que siempre debe de recibir del prójimo un respeto y aprecio más allá de la
discrepancia, con independencia de la crítica y el debate derivado. Y no se puede defender como “libertad de expresión”. Mas bien lo que se acaba defendiendo es la impunidad para degradar, despreciar y denigrar,
para promover prejuicios, burlarse y difamar, para coadyuvar en la construcción de un discurso basado en la intolerancia. Defender esa mala práctica, es posicionarse en la “libertad agresión” y eso nunca lo debe
defender nadie y menos un alto cargo institucional.
Ningún Código deontológico, mucho menos la Constitución española y la Carta Universal de Derechos Humanos, puede amparar la normalización del insulto. Ninguna organización social que haga suya la praxis de la pedagogía de la convivencia democrática, de la tolerancia, que trabaje con la infancia, con los jóvenes, con la sociedad en general puede hoy asumir la defensa del insulto que es la puerta de entrada la espiral del discurso de odio y a la evolución a males mayores.
Trabajamos socialmente por todo lo contrario, por no normalizar el insulto, por desterrarlo, por erradicar los malos comportamientos en las redes sociales, por educar a nuestros menores y mayores en el respeto
profundo de la dignidad de la persona. Nadie, desde la ética de la responsabilidad, puede defender el insulto como práctica normalizada.
Por consiguiente, le invitamos a que reconsidere su posición respecto a las malas prácticas del insulto y a considerar que es mejor ser aliados en la solución de las mismas, que ser parte del problema.