Más de un centenar de personal militar del país está siendo investigado desde el año 2016 por abusos sexuales contra menores de edad
SALUD HERNÁNDEZ – MORA. EL MUNDO.- Las violaciones de soldados a niñas indígenas, reveladas en los últimos días, han generado un terremoto en Colombia y puesto contra las cuerdas al Ejército. Por eso el comandante de la institución, el general Eduardo Zapateiro, tuvo que dar la cara ayer y revelar que es más de un centenar el personal investigado desde 2016 por abusos sexuales a menores de edad. De los 118 casos, han destituido a 45 miembros de la institución, entre militares y empleados civiles.
«No es una conducta sistemática, son conductas individuales. Somos 240.000 hombres que garantizamos la libertad y el orden», afirmó el alto oficial. «En un Ejército tan grande, que no sucedan este tipo de hechos sería prometer lo que no se puede cumplir. Pero puedo garantizar que seré contundente y buscaré fortalecer la formación de los soldados».
Si la semana pasada Colombia se escandalizó con la violación en manada de siete soldados a una niña Embera katío, en el departamento de Risaralda, centro de la nación, la indignación subió de tono por las denuncias de la comunidad Nukak Maku, de que cinco de sus niñas fueron víctimas de los uniformados.
Los hechos sucedieron hace un año en Guaviare, departamento selvático al este de Colombia, y sólo se han conocido ahora por las revelaciones de Ariel Ávila, director del programa ‘El Poder’ de la revista ‘Semana’. La Defensoría del Pueblo los había reportado en un informe en su día pero el proceso se mantuvo callado y no avanzaba.
El caso más grave de todos ocurrió en septiembre pasado. Según relataron la propia víctima, de 15 años, y su madre a la Fiscalía, dos militares la secuestraron cuando se encontraba con una amiga y se la llevaron al Batallón cerca de Charras, un caserío situado en medio de la nada.
La encerraron durante cuatro días y en ese tiempo sufrió un martirio puesto que la violaron cada jornada. Al cuarto día, «apareció deambulando por la calle completamente desnuda», señala el informe que redactó tiempo después la Defesoría del Pueblo. La niña contó que nunca le dieron de comer ni beber y, a pesar de la tortura sufrida, el proceso en la Fiscalía no había arrojado resultados. También el Ejército fue laxo con los culpables, si bien el general Zapateiro negó que no hubieran actuado.
Pero EL MUNDO conoce ese tipo de Batallones precarios, instalados en áreas de incidencia de grupos armados ilegales, y resulta poco menos que imposible introducir y mantener oculta a una niña tantos días sin que nadie lo advierta.
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
Cabe anotar que el pueblo Nukak Maku era uno de los pocos nativos que habitaba la selva conforme a sus costumbres ancestrales hasta que el conflicto armado transformó por completo su existencia de nómadas, dueños de las selvas infinitas. Las guerrillas y paramilitares, que se disputaban el control de una región cocalera a principios de siglo, les condenaron a una vida de miseria, desarraigo y tristezas.
Muchos se asentaron en barrios marginales de San José de Guaviare, capital del departamento, y otros se afincaron en resguardos, terrenos baldíos que entregó el Estado, pero nunca han podido adaptarse a la nueva realidad que les impuso la violencia.
«La niña hace un relato espeluznante del secuestro en una tienda (miscelánea) y los cuatro días», le dice a EL MUNDO Ariel Ávila. «Referencia a dos soldados, reconoce el cuarto donde permaneció encerrada y la meten supuestamente caminando. Lo que no está claro es cómo la meten al Batallón».
Para Ávila es indudable que hubo complicidades y negligencias de todas las instituciones que deberían haber actuado. La Fiscalía y el ICBF en un principio se ocuparon de la desaparición de la pequeña que su madre denunció, pero no hicieron gran cosa cuando supieron la realidad de lo acontecido.
«Cuando se conoce el hecho, hay un cruce de oficios entre Policía, Ejército y otras entidades. La niña aparece, la valoran días después, le toca contar varias veces lo que sufrió y encima con un traductor hombre. LLegó la vacancia judicial en diciembre, luego la pandemia y quedó enterrado el caso», indica.
SOSPECHAS DE COMPLACENCIA
No fue lo único que esta semana quedó al descubierto. Otras cuatro niñas Nukak Maku fueron violadas en el comedor de una escuela, a cambio de una suma de dinero. «Primero les proporcionan el consumo de sustancias psicoactivas y luego les acceden carnalmente (…) Al parecer los soldados estaban muy tomados (borrachos) y a la fuerza se llevaron a las menores», reza el informe que redactó la Defensoría del Pueblo.
Un asunto clave es averiguar si se trata de casos aislados o existe una complacencia de los militares hacia los abusos sexuales a niñas de comunidades indígenas, como más de un experto sospecha.
Al problema con los uniformados habría que añadir un dato alarmante de Naciones Unidas, conocido ayer. En Colombia hay 128.665 niñas y adolescentes, entre los diez y los 19 años, que ya tienen hijos. Y en zonas rurales son madres el 55% de las niñas entre los diez y 14 años que conviven con un hombre.
