GABRIELA SÁNCHEZ. ELDIARIO.ES.- Adriana (nombre ficticio) volvía de Brasil con la esperanza de intentarlo de nuevo en Barcelona, donde trabajó cerca de siete años de forma irregular. Su marido y su hijo, nacido en España, le acompañaban, pero a su llegada al aeropuerto la Policía frenó su paso: antes de abandonar el país, habían emitido una orden de expulsión -de la que asegura no estar informada- como sustitución de una condena penal por falsificación de documentos.
Se llevaban al CIE de Madrid a una mujer embarazada de seis meses, donde permaneció 18 días para finalmente no ser expulsada, a pesar de que el Gobierno aseguró en el Congreso que las inmigrantes que esperan un hijo no son internadas. Finalmente, una jueza canceló su expulsión.
El pasado 24 de marzo el Gobierno fue claro: “Actualmente, cuando se tiene constancia de que una mujer está embarazada se opta por otra de las medidas cautelares previstas por la Ley Orgánica 4/2000, diferente a la de su internamiento en el CIE”. Es la respuesta del Ejecutivo a una pregunta sobre el número de mujeres embarazadas encerradas en los CIE presentada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Socialista.
Algo más de un mes después, Adriana fue internada embarazada de seis meses en el Centro de Internamiento de Aluche. “Era evidente. Tenía una panza…”, ironiza Adriana, ya en libertad, desde Tarragona.
En su respuesta, el Gobierno añadía: “En el caso de que se tuviera conocimiento de dicha constancia una vez que la mujer ha sido internada, se procede a la puesta en libertad de la misma”. La brasileña permaneció 18 días en el CIE y, según asegura, tanto la jueza que decretó su internamiento, como los policías, los médicos y el director el centro conocían su estado.
La brasileña y su familia vivían desde 2007 en España de forma irregular. Durante todos esos años trabajaron, pero ni ella ni su marido lograron obtener la residencia por arraigo. Ella como empleada doméstica; él como cocinero, a pesar de ser periodista y vivir de ello en Brasil, un país que decidió abandonar por “la violencia y la inseguridad”. Hasta que ella se quedó sin trabajo en España. Su desesperación le hizo comprar un pasaporte portugués falso por 800 euros, una ilegalidad que le permitió trabajar durante un año más en un hotel de Barcelona. Hasta que fue descubierta.
La Policía descubrió su documentación falsificada y se iniciaron los trámites judiciales. Pasó el tiempo y, aunque la sentencia está firmada en 2011, asegura que no recibió noticias de esta ni de su consiguiente orden de expulsión. En 2012, Adriana decidió regresar a Brasil junto a su familia para, además de pasar un tiempo con su madre enferma, buscar un empleo que no conseguía en Barcelona. Cuando en mayo de 2014 volvieron a España para zanjar los trámites de residencia de su hijo y con la intención de que creciese “en el país donde nació”, se encontraron con lo que, según aseguran, fue un «imprevisto»: una condena penal que le impedía entrar en el país.
18 días embarazada en un CIE
Después de pasar dos días en el calabozo, fue trasladada al Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid a la espera de su deportación. Mientras, Aaron, su marido, trataba de descubrir dónde estaba su mujer desde Barcelona, su destino final y adonde se tuvo que deplazar dejando a Adriana retenida en la capital. “Allí era donde tenía una casa donde quedarme… Se la llevaron delante del niño. Les dije que no tenía cómo contactar con ella porque estaba sin móvil pero no me hicieron caso. Por un lado quería irme con ella, por otro no podía porque tenía que cuidar a nuestro hijo. Me dijeron que en comisaría podría contactar con un abogado de oficio”, recuerda Aaron.
No fue así. “Me dijeron que, como mi caso no estaba juzgado, no podía acceder a un abogado de oficio. Un juez decretó mi ingreso en el CIE hasta que pudiese ser deportada”, describe Adriana en conversación telefónica con eldiario.es.
“Ese lugar era horrible”. La brasileña retorna a su primer día en el centro. “Otros internos se sorprendían. Me intentaban animar, me decían que no me preocupase, que durante la mañana siguiente saldría, que cuando el director me viese y conociese mi situación me dejaría en libertad… Yo solo lloraba”. Pasaban los días y nada de esto ocurría.
“Mi maleta se fue directamente a Barcelona. Estaba sin ropa, sin nada. Estaba muy nerviosa, estaba preocupada por mi hijo porque estaba ‘malito’ cuando la Policía me retuvo. Tenia muchas contracciones, estaba desesperada, me encontraba mal”.
Asistencia médica insuficiente
Acudía al médico del CIE pero no se sentía bien atendida. “El doctor estaba para darte un paracetamol y convencerte de que no te pasa nada”, sentencia la brasileña, que reconoce su impotencia al sentir la desconfianza diaria de “la mayoría” del personal del Centro de Internamiento.
“Un día me estaba duchando y vi que estaba sangrando. Fui al médico. Conté que había sangre y empecé a llorar. Nadie me creía. Me examinó y me decía que no, que no había sangre, que me calmase y que debía conformarme, por mí y por el bebé”, describe.
Pasaron los días y “después de mucha insistencia” le llevaron a un hospital para hacerle una ecografía. Su mente no olvida las miradas de la gente. “Dos policías vinieron conmigo, como si fuera una asesina”, rememora Adriana. “Me acuerdo del momento en el que los agentes le daban el documento de mi internamiento a los médicos. Enseguida notaba el cambio en las personas que me atendían. Yo me encontraba mal, me sentía mareada, veía todo borroso, tenía dolor de cabeza… pero dijeron que todo estaba bien”.
Mientras Adriana daba vueltas en el patio “pidiendo al cielo que pasasen las horas”, continuaba la odisea de su marido por sacarla de allí. Como le negaban la asistencia de oficio al tratarse de una causa juzgada, la única posibilidad se encontraba en la defensa privada. Aaron contactó con dos abogados que aseguraban que era una causa perdida. “Me dijo que no podía hacer nada, que sería deportada a Brasil o que tendría que cumplir la condena de un año por falsificación de documento nacional”.
Hasta que contactó con un tercer abogado que presentó un recurso en el Juzgado de lo Penal número 24 de Barcelona para solicitar la sustitución de la condena de prisión de la sentencia emitida en 2011 por una fianza. “La jueza suspendió la condena alegando que tenía un hijo español y, además, estaba embarazada”, confirma el abogado que llevó el caso, Nelson Videla. “Atendiendo a la jurisprudencia de varias sentencias del Tribunal Constitucional, del Supremo y de Estrasburgo, establecen que la expulsión de la madre de un niño español es equivalente a la deportación de su hijo. Por tanto, era necesario el análisis individual del caso”, explica.
Videla reconoce que si Adriana no tuviese un hijo español, hubiese sido prácticamente imposible la suspensión de la condena ya que fue expedida en 2011. “Puede ser que el abogado de oficio de aquel momento intentase contactar con ella y no la localizase. Así, podría explicarse que no tuviese conocimiento de ello. Aunque lo que sí que tenía que saber es que había un procedimiento abierto”, explica el abogado, que descarta cualquier irregularidad en el proceso judicial.
