Un informe sobre aspectos éticos del Ministerio de Sanidad recomienda desde abril no excluir a pacientes solo por los años que tengan, evaluar cada caso y rechaza “decisiones automáticas”
MARÍA SOSA TROYA. EL PAÍS.- Las conclusiones son contundentes. Aun en mitad de una pandemia y cuando los recursos sanitarios no sean suficientes para atender a toda la población, no se puede discriminar exclusivamente por edad, ni tampoco por discapacidad. Debe estudiarse caso por caso, en función de la situación del paciente, para que los protocolos no se conviertan en una “trampa” que sugiera “indebidamente decisiones automáticas”. Así lo establece un informe del Ministerio de Sanidad publicado el 2 de abril, elaborado en el momento más crítico de la pandemia, cuando las comunidades más golpeadas enfrentaban serios problemas en sus hospitales. Cuando los familiares de mayores que vivían en residencias clamaban por traslados a centros sanitarios que no llegaban.
Por el momento han trascendido dos protocolos que mencionaban específicamente la edad. Uno del Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña avala que se limite la ventilación mecánica para mayores de 80 años, aunque precisa que la edad no debe ser el único motivo y ha de prevalecer el criterio clínico. Otro de la atención primaria de Madrid restringía la derivación hospitalaria para octogenarios dependientes —este se modificó posteriormente—. Pero han trascendido documentos de autonomías que instaban a limitar la hospitalización de mayores dependientes o con demencias que vivieran en las residencias. Cribados que, según las patronales, excluyeron a la mayor parte de los residentes, mientras en Madrid o Cataluña los propios centros aseguran que en lo peor de la crisis tampoco recibieron auxilio para poder atenderlos en las residencias. Miles de ellos murieron.
En esos momentos de desesperación, un equipo multidisciplinar redactaba para el Ministerio de Sanidad un documento que aunaba criterios éticos que determinaran cómo proceder en caso de que fueran necesarios los triajes. “Únicamente resultará legítimo acudir a los criterios de priorización cuando se hayan agotado todas las posibilidades existentes para disponer de los recursos asistenciales necesarios y para optimizar el uso de los disponibles”, concluye el informe. Reclama criterios claros para los profesionales sanitarios, pero valorando caso por caso: no puede haber discriminación “por ningún motivo ajeno a la situación clínica del paciente y a las expectativas objetivas de supervivencia” a la covid-19. “Debe subrayarse la absoluta proscripción de empleo de criterios fundados en la discriminación por cualquier motivo con la finalidad de priorizar pacientes en dichos contextos”, se añade. Y sigue: “Excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales o a determinados tratamientos, por ejemplo, por razón únicamente de una edad avanzada, resulta contrario, por discriminatorio, a los fundamentos mismos de nuestro Estado de derecho”.
“Era importante aunar criterios. Hasta entonces había disparidad. Se habían significado sociedades científicas, el Comité de Bioética, algunas comunidades estaban pronunciándose. Cada centro seguía sus pautas; en función de dónde vivieras, las opciones de tratamiento eran distintas”, explica Carlos Romeo Casabona, coordinador del informe y catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco. “En la cultura anglosajona es más común defender criterios de edad, más utilitaristas, pero la sociedad española no comparte estos valores”, añade.
Este experto en bioética considera que no debe haber ningún criterio de exclusión previo: ni la edad, ni una dependencia o existencia de demencia. Coincide con él Asier Urruela Mora, corredactor del informe y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza: “Si atiendes a la situación clínica y no descartas a nadie a priori, los criterios serán flexibles, las opciones de tratamiento dependerán de tu situación respecto al resto del grupo y la presión asistencial”. No se trata de medicar a toda costa al paciente, aunque no vaya a beneficiarse de un tratamiento, “esto podría causarle sufrimiento”, sino de no descartar a nadie de antemano. Los expertos consideran un claro criterio de exclusión, por ejemplo, una enfermedad terminal o un estado de coma irreversible, como se menciona en el documento, “algo que también ocurriría aun sin que medie una pandemia”.
Romeo Casabona se muestra convencido de que el protocolo que elaboraron supuso un antes y un después, especialmente en hospitales, pero admite que “quedó una situación de confusión en las residencias”, con “falta de capacidad de reacción de las autoridades sanitarias”. “Pilló por sorpresa, pero es muy fácil decirlo a toro pasado”, añade. Reconoce que en España, “durante la pandemia, ha habido casos de discriminación por edad”, pero precisa que “no de forma sistemática”.
El grupo de expertos, formado por juristas, miembros de sociedades médicas y científicas y expertos en bioética, iniciaba sus trabajos durante los días en que el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero (Ciudadanos), decía por email a su homólogo de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), que si no le ayudaba muchos residentes podían fallecer “de forma indigna”.
Urruela Mora cree, y especifica que lo hace a título personal, que “como sociedad se falló claramente” en las residencias, que requieren un nuevo planteamiento y “un engranaje mucho más fino entre los servicios sociales y sanitarios”. El jurista afirma que se refieren específicamente al “acceso a la UCI y a respiradores” porque en aquel momento resultaba más “palmario”, pero que el discurso es aplicable a otros ámbitos de atención sanitaria. Considera que la pandemia traerá consecuencias jurídicas, aunque deberá estudiarse caso por caso. “Es más difícil que las haya a nivel penal, porque debe individualizarse la responsabilidad. Aquí es más sistémica: administrativa”, explica. Por lo que cree posible que haya reclamaciones patrimoniales contra las Administraciones, “aunque habrá que debatir si concurrió fuerza mayor”, añade, es decir, si se trató de una situación imprevisible, “en el marco de la cual quedaría excluida” la responsabilidad de las instituciones. “Allá donde se hayan apartado mucho de los criterios del informe es donde se pueden plantear mayores problemas de litigiosidad”, señala.
En el documento se indica que “los poderes públicos quedan obligados a asegurar al máximo la planificación de los recursos asistenciales, sin que sea admisible que se produzca inasistencia a pacientes por falta de dichos recursos en los centros sanitarios cuando existen dispositivos vitales ociosos en otros centros”. Romeo Casabona apunta: “Es una llamada de atención del ministerio a sí mismo”. Y el informe prosigue diciendo que, “en sintonía con los principios de solidaridad institucional y de justicia, debe garantizarse la optimización en la planificación de dichos recursos asistenciales a nivel local, autonómico y estatal”. Pese a este supuesto, los traslados entre comunidades más saturadas a otras con más capacidad en los hospitales fueron escasos durante la crisis. “Una autoridad nacional tiene capacidad para usar recursos materiales y humanos y ponerlos a disposición de las autonomías colapsadas. Esta crisis ha puesto de manifiesto que las autonomías tienen que tener una visión de colaboración”, prosigue.
Urruela Mora considera que aún hay aspectos bioéticos que seguirán planteándose. “¿Qué ocurrirá con las vacunas? Si no hay suficientes, habrá que priorizar, y quizás la solución no es igual que al decidir sobre camas UCI”, sostiene. Romeo Casabona opina que “puede haber habido fallos”, pero defiende que la pandemia debe dejar aprendizajes. “Tenemos que estar preparados, con medicamentos, con mascarillas… No podemos volver a cometer los errores del pasado: eso ya no sería ignorancia, sería auténtica negligencia”.
