LOLA HIERRO. EL PAÍS.- El Ministerio de Interior busca una empresa para que se encargue de satisfacer la atención sanitaria en los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de España. El anuncio de licitación, publicado en el BOE el pasado 27 de mayo, cubre el vacío que quedó en el Reglamento aprobado el pasado marzo y que regula el funcionamiento de los centros. Las conclusiones que se extraen son que la presencia de un médico no estará siempre garantizada pese a que el texto aprobado obliga a ello y que, cuando no haya personal sanitario, serán funcionarios no especializados quienes decidan sobre la salud de los internos.
El texto, aprobado con tres años y medio de retraso, indica que los CIE deberán contar con un “servicio de asistencia sanitaria con disponibilidad de personal, instrumental y equipamiento necesarios para la atención permanente y de urgencia de los internos”. El pliego de condiciones señala tan solo unos horarios mínimos que solo obligan a que haya un doctor de lunes a viernes, por ejemplo. Los horarios solicitados se establecen en función del ratio de ocupación y de la duración del internamiento, indican desde el Ministerio de Interior. “Se podrán ver modificados si es necesario. Los CIE de Canarias han estado vacíos largos periodos”, justifica una portavoz. Para Las Palmas, Lanzarote y Tenerife, en concreto, solo se solicita una atención de dos horas diarias de lunes a viernes. “En los que haya mayor carga, se aumentarán los horarios”, insiste.
En un primer borrador, el Gobierno no preveía la atención ilimitada, pero rectificó y aseguró que la mantendría tras conocer las recomendaciones del Consejo de Estado, que entendía que los internos deben ser atendidos las 24 horas de los 365 días del año como el resto de ciudadanos, ya que, recuerda, no son presos. Sin embargo, el texto final solo especifica que los centros deberán contar con, al menos, un médico, un Ayudante Técnico Sanitario y un enfermero, y no aclara cuántas horas al día o cuántos días a la semana.
Ahora, el pliego de condiciones de este concurso, con un valor estimado de 1,47 millones de euros, estipula unos horarios mínimos de atención médica. Las empresas que concursen podrán cubrir más horas, ya que el Gobierno premiará con seis puntos más, uno por cada hora adicional de médico de lunes a viernes. Sin embargo, el mínimo que se les pide no es de 24, como es el caso de los CIE de Canarias, que son los más desatendidos. El CIE de Aluche, en Madrid, contará con el horario más amplio: de lunes a viernes de ocho de la mañana a diez de la noche y sábados, domingos y festivos de diez de la mañana a una de la tarde. Solo Madrid y Barcelona tendrán médico los fines de semana.
En todos los casos es obligatoria la presencia de un enfermero, pero su horario tampoco cubre las 24 horas: de ocho de la mañana a diez de la noche en el mejor de los casos, que es solo Madrid.
El resto del tiempo, la responsabilidad de decidir sobre los pacientes recaerá sobre personal sanitario de la Administración Pública. El ministerio de Interior ha aclarado que esa persona estará encargada de asesorar a la dirección de los CIE y a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras sobre cualquier cuestión sanitaria, pero que no atenderá a los enfermos directamente. “El personal policial o cualquier otro de la Administración que se encuentre en el CIE está en condiciones de solicitar que se personen los servicios de emergencia cuando se considere que la situación es urgente”, corroboran desde Interior.
La noticia fue adelantada por el blog El BOE nuestro de cada día, pero pasó desapercibida para la mayoría de medios de comunicación y ONG. Ahora, organizaciones de defensa de derechos humanos como Médicos del Mundo ponen de relevancia lo que consideran una falta de criterio médico. “Cuando el servicio esté cerrado, una persona sin conocimientos sanitarios será quien decida sobre la salud del paciente. Un funcionario de policía no tiene ningún criterio médico”, critica Begoña Santos Olmeda, portavoz de esta organización.
El servicio sanitario comenzará a prestarse a partir del mes de agosto en todos los CIE del Estado, una vez se adjudique el contrato a la empresa ganadora del concurso, cuyo presupuesto neto es de 735.500 euros por seis meses que podrán prorrogarse por otro seis.
La atención sanitaria es uno de los puntos que más preocupa a las organizaciones de defensa de derechos de los inmigrantes, sobre todo desde la muerte de la congoleña Samba Martine, el 19 de diciembre de 2011, en el CIE de Aluche. Fue hasta 10 veces al médico durante tres semanas con fuertes dolores de cabeza y prurito en la zona perineal, pero no fue bien diagnosticada; nadie sospechó de su gravedad porque, entre otras cosas, su historial médico no viajó con ella desde el CETI de Melilla donde había sido internada al llegar a España hasta el de Madrid, donde al final murió por una criptococosis derivada del sida que padecía.
«Pedimos que el Estado garantice el derecho a la salud de los internos”, explican desde Médicos del Mundo. “Deberían poder recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos, es decir, en cualquier momento».
