EFE. LA VANGUARDIA.- Comisiones Obreras (CCOO) presentará esta semana una queja al Defensor del Pueblo por la vulneración del derecho fundamental a la educación de quinientos niños con sordera que desde el 11 de marzo no han podido contar con el apoyo de los intérpretes y asesores en Lengua de Signos en la Comunidad de Madrid.
En el Día Mundial de la Lengua de Signos, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, subraya que «la lengua de signos es el único instrumento para garantizar el derecho a la educación y todos los demás derechos que aseguran una ciudadanía plena a las personas con sordera».
Desde el 11 de marzo, según el sindicato, quinientos niños con discapacidad auditiva que se escolarizan en los centros educativos madrileños han visto vulnerado su derecho a la educación por no contar con el apoyo de los 52 traductores y de los 12 asesores de Lengua de Signos tras suspender el consejero de Educación, Enrique Ossorio, el contrato con las empresas prestatarias del servicio y acogerse éstas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor mandando al paro a los trabajadores.
Ante esta «grave situación», a lo largo de estos tres meses, CCOO ha pedido al consejero una rectificación, sin éxito, por lo que durante todo este tiempo los niños con sordera no han podido seguir sus estudios con normalidad.
De esta forma, señala el sindicato, «el Gobierno de Madrid ha vulnerado un derecho fundamental, arrebatando meses de formación a este alumnado, permitiendo que pierda de forma irreparable un tiempo esencial para su preparación y acumulando un déficit que tendrá que ser compensado en el próximo curso».
CCOO resalta que estos hechos provocados por la actuación del consejero de Educación vulneran la Constitución, la LOE-LOMCE y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social que recoge que el sistema educativo debe ser inclusivo y prestar atención a la diversidad de necesidades educativas del alumnado con discapacidad, mediante la regulación de los apoyos y ajustes correspondientes.
El sindicato ya presentó el 24 de marzo un recurso en los juzgados contra la Orden 824/2020, de 10 de marzo de 2020, por la que se declara la suspensión de la ejecución de determinados contratos administrativos de la Consejería de Educación, por «la vulneración del derecho fundamental a la educación del alumnado con discapacidad auditiva».
Esta semana pedirá amparo al Defensor del Pueblo y seguirá por las vías a su alcance para que se repare «el grave daño que se está causando a estos niños, así como para que se depuren responsabilidades».
