El sudanés Ali Kushayb, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad, ha acudido a las autoridades de República Centroafricana y se encuentra bajo custodia
ISABEL FERRER. EL PAÍS.- El jefe miliciano sudanés Ali Kushayb se ha entregado a las autoridades de República Centroafricana y se encuentra en estos momentos bajo custodia de la Corte Penal Internacional (CPI). Acusado desde 2007 de crímenes de guerra y contra la humanidad, cometidos en la región de Darfur, es sospechoso de haber comandado entre 2003 y 2004 a los milicianos yanyauid, que asesinaron, violaron y torturaron a civiles, además de haber participado personalmente en los hechos. Kushayb es el primer detenido del caso abierto por la Corte en 2005 sobre el genocidio de Darfur, a instancias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La fiscalía reclama también a Omar al Bashir, expresidente de Sudán, depuesto en abril de 2019 por el Ejército tras las protestas de la población, y que cumple ahora condena en su país por corrupción. En su caso, el cargo es de genocidio.
Portavoces de la CPI han declinado confirmar si Ali Kushayb había sido trasladado ya a su sede oficial, en La Haya (Países Bajos), aunque sí han señalado que “comparecerá ante los jueces en breve”. La Corte no dispone de policía propia, y depende por ello de la comunidad internacional para arrestar a sus acusados, pero sí utiliza un centro de detención, supervisado por la ONU, y habilitado en la propia ciudad neerlandesa. Allí será llevado Kushayb, nacido hacia 1957, que fue miembro de las Fuerzas Populares de Defensa (PDF, en sus siglas en inglés), un grupo paramilitar sudanés formada por civiles. Según la fiscalía, “además de haber alistado y armado a milicianos yanyauid, contribuyendo así a los crímenes que estos cometieron, el acusado participó supuestamente a título personal en algunos de los ataques perpetrados en varias ciudades”. Los hechos causaron cerca de dos centenares de muertos y obligaron a huir de sus hogares a unas 40.000 personas. Todos los cargos en su contra son por responsabilidad criminal directa, y es además sospechoso de haber llevado a cabo labores de contrainsurgencia a las órdenes del Gobierno de Sudán, “que resultó en la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad en Darfur”.
Las dificultades para juzgar a Omar al Bashir por el genocidio de Darfur son una de las críticas recurrentes recibidas por la Corte Penal. Sin embargo, las investigaciones del caso dieron comienzo en 2005 y el caso sigue abierto. Por otra parte, sendas órdenes de arresto siguen pesando sobre el expresidente sudanés y otros tres acusados. Entre ellos figura Ahmed Harun, antiguo ministro de Estado para Asuntos Humanitarios de Sudán hasta 2009. Buscado en su caso por 42 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad, Harun fue arrestado en abril de 2019 en su país durante el golpe de Estado que apartó del poder a Al Bashir, tras las movilizaciones populares que desembocaron en la intervención del Ejército. En conjunto, el conflicto de Darfur, considerado un genocidio por la ONU, costó la vida a unas 200.000 personas, mientras que 2,5 millones perdieron su hogar.
