EDUARDO LEDESMA. LA NACIÓN.- Con niveles de violencia desmadrados y un grado de ensañamiento anclado en la discriminación racial -tal lo demuestran los registros fílmicos de los propios damnificados-, un número todavía indeterminado de agentes de la Policía del Chaco que prestan servicio en la Comisaría Tercera de Fontana fueron denunciados pública y formalmente. Los acusan de ingresar sin orden de allanamiento a la casa de una familia de la comunidad qom ubicada en el barrio Bandera Argentina, de esa localidad, y golpear a quienes estaban en el interior de la vivienda, entre los que se encontraban mujeres, jóvenes y menores de edad.
Fontana es una localidad cercana a la capital, parte del Gran Resistencia. El hecho ocurrió el domingo a las 4 de la mañana. Varios agentes policiales ingresaron a las patadas a una humilde vivienda y golpearon a hombres y mujeres de la comunidad qom. Al parecer, buscando a varios jóvenes que habrían apedreado la comisaría, a cuatro cuadras de allí.Violencia policial. El gobierno nacional mete presión sobre los gobernadores de San Luis, Tucumán y Chaco
El violento accionar policial -que consiguió un repudio casi unánime -, empezó con un allanamiento ilegal contra una familia originaria y que terminó con cuatro jóvenes detenidos y torturados, con sus familiares golpeados por intentar defenderlos y una menor de 16 años en estado de shock por vejaciones que se investigan.
A las 4 del domingo, más de 15 policías de uniforme y de civil, derribaron a patadas la puerta de la casa ubicada en el barrio Bandera Argentina y después de agredir a culatazos y patadas a hombres, mujeres y niños, arrastraron a cuatro jóvenes a la comisaría.
Una vez allí, los encerraron en un cuarto oscuro, los golpearon, les rociaron con alcohol y los amenazaron con encender fuego. Saltaron sobre sus cuerpos al grito de «indios infectados», haciendo alusión a la situación que atraviesan las comunidades originarias, golpeadas por el coronavirus. Incluso los amenazaron de muerte, según contó por radio Daniel Rolón, dirigente de la comunidad. Su relato sustentó la denuncia de varias organizaciones de Derechos Humanos del Chaco.
Las denuncias públicas posteriores a la represalia policial sostienen que el ataque no fue solo con golpes, sino también con balas, tortura y abuso, lo cual es materia de investigación. Un episodio que suma zozobra a la crítica situación que atraviesa el Chaco por el avance no controlado de la pandemia de Covid-19.
Pasado el mediodía, la ministra de Seguridad del Chaco, Gloria Zalazar, informó en una conferencia de prensa que todos los efectivos involucrados fueron separados de sus cargos. «Repudiamos este accionar ilegal, violento y arbitrario por parte de la policía», procedimiento «que nada tiene que ver con el compromiso del Gobierno con el estado de derecho y las garantías de derechos humanos», dijo.
Racismo y discriminación
«Agarraron del cabello a mi hija y la arrastraron. Entre seis policías agarraron a mi hija y a mí. El oficial Antonio Fernández me pegó con la 9 milímetros en el rostro «, relató Elsa, en uno de los videos que se viralizaron desde este lunes.
«A los chicos los molieron a palos. Y a las chicas es irreparable lo que le hicieron, todavía no se animan a contar, solo lloran y tiemblan», relató también Daniel Rolón, del Comité Provisorio Indígena por la Pandemia.A los chicos los molieron a palos. Y a las chicas es irreparable lo que le hicieron, todavía no se animan a contar, solo lloran y tiemblan
Ese es otro punto clave. La comunidad Qom se mantiene hace días en el centro del escrutinio público justamente desde que el coronavirus se metió en el Área Gran Toba de Resistencia, un territorio extendido y que incluye unos seis barrios resistencianos con más de 5000 personas en su interior.
La propagación del virus en esas barriadas pobres de la capital chaqueña, sin infraestructura básica ni medioambiental, además de la actuación diferencial del Estado, que blindó la zona con tierra y vallas, algo que no hizo en otros lugares de la capital ni de la provincia, los expuso al ojo discriminador del resto de la comunidad. Y también al miedo.
» Pero ese ensañamiento, ese racismo y discriminación no brotó como un hongo. Estaba desde antes de la pandemia, sólo que ahora fue magnificado. Y muchas veces desde el mismo Estado», dijo a LA NACION Cecilia Solá, integrante de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Chaco.
El Inadi también repudió la violencia policial hacia una familia de la comunidad qom. La delegada del Instituto Nacional en la provincia, Nancy Sotelo, emitió un comunicado amonestando el hecho que ocurrió en la madrugada del domingo. » Este procedimiento se da en un contexto de fuerte racismo, en el marco de la pandemia de Covid-19, que ya se venía denunciando desde el Inadi «, señaló Sotelo.
El racismo es un elemento central. El Chaco convive con extendidas comunidades aborígenes en todo su territorio, pero muchas veces no son tratados como iguales.
«En el lenguaje oficial ya empieza la discriminación. Cuando pedimos asistencia, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos nos dicen que ‘ya están bajando con la asistencia’, como si ellos estuvieran arriba», graficó Cecilia Solá.
Encerrados
En este juego de divisiones, se acentúan los parámetros negativos de los determinantes sociales de la salud de la población Qom, donde hace punta la discriminación. Laura Pérez, referente de una de las comisiones vecinales del barrio Toba contó días pasados a LA NACION que cuando «pedimos intervención sanitaria urgente y un cordón sanitario» el Gobierno «puso vallas y montículos de tierra».
En su mayoría, los vecinos del Gran Toba y las demás barriadas aborígenes son artesanos o changarines hoy desempleados. Ya ni siquiera pueden salir a vender en los espacios públicos, pues aflora con ellos lo peor de la segregación.
«Métanse en sus chozas, indios infectados», le dice la gente, pero también los efectivos policiales que todas las noches recorren las ciudades por el toque sanitario, contó Solá.
«Aflora el racismo, porque nos exponen. A los otros barrios no se los menciona. Y a nosotros nos tratan de salvajes. Pero además no nos escuchan. La gente dice que no respetamos el protocolo, que ni siquiera usamos barbijo. Pero, ¿alguien se preguntó si podemos comprarlo? «, se quejó Laura Pérez, hace unas semanas, cuando surgió el brote en el Toba.La gente dice que no respetamos el protocolo, que ni siquiera usamos barbijo. Pero, ¿alguien se preguntó si podemos comprarlo?
Ahora, dado este nuevo episodio de violencia policial, las organizaciones de mujeres del Chaco trabajaron activamente en la contención de las familias agredidas de las niñas. Insistieron para que puedan ser contenidas desde el punto de vista sanitario, de seguridad y de los derechos humanos. La asistencia sanitaria llegó con demora, pero llegó. Ahora se quejan de que los procedimientos administrativos no se hicieron como mandan los protocolos.
Este martes las organizaciones feministas y de derechos humanos supieron que los policías que actuaron ya fueron sumariados.
» En la comisaría, les apagaron la luz, les dieron una paliza, los chicos tienen las caras y los cuerpos reventados a golpes y las chicas hablan de abuso, manoseo y de métodos de tortura. La policía puso la excusa de que cascotearon la comisaría. Aunque hayan o no hayan cascoteado, el grado de tortura y violencia que han sufrido esos jóvenes y sus familias es inenarrable», agregó Cecilia Solá, en su carácter de integrante también de la Mesa Multisectorial Feminista.En la comisaría, les apagaron la luz, les dieron una paliza, los chicos tienen las caras y los cuerpos reventados a golpes y las chicas hablan de abuso, manoseo y de métodos de tortura
Desde esa organización dicen además que no es un hecho aislado la represión y persecución a los pibes de los barrios y asentamientos populares. Es moneda corriente en el Chaco, dicen, pero este caso ha cobrado relevancia gracias a la valentía de la familia que decidió difundir los hechos.
Tras entender la gravedad del hecho, la delegada del Inadi solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para que impulsen una investigación que permita la identificación del personal policial que intervino y que se establezcan responsabilidades y sanciones para quienes actuaron al margen de lo que establece la ley para este tipo de procedimientos. También pidió al Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos de las víctimas y llevar tranquilidad a toda la ciudadanía.
El parte policial
Oficialmente, antes de la viralización de los videos, las oficinas de información de la policía del Chaco señalaron que cuatro jóvenes, entre ellos dos menores, atacaron una comisaría de Fontana y que como saldo de ese ataque, hay dos policías heridos.
«Si bien todavía no se determinó el motivo del ataque por parte de dos parejas a la comisaría Tercera de Fontana, se logró identificar a los agresores: tienen 20, 18 y 16 años», dice el parte.
Según consta en el texto policial, pasada las 4.30 un grupo de personas arremetió contra la dependencia policial tras arrojar objetos contundentes. A raíz de ello, «los agentes iniciaron un operativo para calmar la situación logrando, luego de unos minutos, reducir y detener a los agresores». Sin embargo, dice el parte, dos agentes resultaron heridos y debieron ser trasladados al hospital Perrando: Antonio Fernández y Cristian Flores.
