Argumenta que “el Estado no puede ofrecer a los refugiados domicilio y ayudas sociales para toda su vida”
EFE. LA RAZÓN.- El ministro de Migración griego, Notis Mitarakis, defendió este lunes la expulsión a partir de hoy de más de 11.000 personas que han obtenido el estatus de refugiado de los centros de acogida, pisos y hoteles donde viven. El motivo de la expulsión es que estos alojamientos son para albergar demandantes de asilo y que las personas que obtienen el estatuto del refugiado deben abandonarlos, afirmó en una entrevista a la televisión privada MEGA.
“El Estado no puede ofrecer a los refugiados domicilio y ayudas sociales para toda su vida”, destacó Mitarakis, que añadió que no es posible “cuidar a los refugiados más que a los ciudadanos griegos”. Mitarakis recalcó que los directores de centros de acogida, nombrados por el Gobierno la semana pasada, “podrán organizar la salida de los que no tienen derecho a vivir allí en las próximas semanas”.
Varias organizaciones humanitarias, como Human Rights 360, el Consejo Griego para los Refugiados y la Unión Griega para los Derechos Humanos protestaron la decisión gubernamental y denunciaron que miles de personas se irán a la calle sin ninguna alternativa.
Las ONG destacaron que, hace dos semanas, los refugiados recibieron una advertencia telefónica de que el primero de junio debían marcharse, pero recalcan que sus esfuerzos por alquilar una vivienda han sido infructuosos, ya que muchos propietarios no están dispuestos a alquilar a refugiados.
El objetivo gubernamental es abrir espacios en las instalaciones de acogida de la parte continental del país, para poder descongestionar los campamentos de las islas sin tener que crear nuevos centros en tierra firme. Asimismo, el ministro afirmó que las medidas de expulsión de los refugiados reconocidos de los centros de acogida fue aprobada por el gobierno izquierdista de Syriza el año pasado.
Sin embargo, a las personas que obtenían el estatuto de refugiado se les daba un plazo de seis meses para abandonar la instalación donde vivían, plazo que el Gobierno conservador redujo, a comienzos de mayo, a tan solo un mes.
Desde 2015, los esfuerzos gubernamentales se centraron en la gestión de las llegadas, sin ofrecer la atención suficiente a la integración de los refugiados. El único programa en vigor es HELIOS, gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con fondos europeos, que ofrece a los refugiados ayuda para alquilar un piso y asistencia financiera por un periodo de seis meses, durante el cual reciben cursos de griego y formación profesional.
Según OIM, actualmente se benefician del programa 1.590 personas y su capacidad máxima es de 5.000. Mitarakis afirmó además que en todos los centros de acogida se instalarán sistemas de control de entrada y de salida, para que no lleguen personas sin autorización. Los centros estarán cercados por vallas dobles “para la seguridad de los que viven en ellas y de los habitantes de los alrededores”.
Cierre de 92 centros de acogida
El ministro destacó que el objetivo gubernamental es cerrar más de la mitad de los 92 centros de acogida en la parte continental del país. Además, el Gobierno ha anunciado su objetivo de poner fin, al término del año, al programa ESTIA, que gestiona Acnur con fondos europeos y ofrece alojamiento a demandantes de asilo en hoteles y pisos alquilados.
De este modo, el Gobierno cede a las presiones de la derecha más extrema -que acometió durante meses una campaña violenta contra los centros de acogida- y a las de los alcaldes afines a la conservadora Nueva Democracia, descontentos ante la presencia de refugiados en sus ayuntamientos.
Según datos gubernamentales, las llegadas de refugiados en abril y mayo se han reducido en más de un 90% con respecto al mismo periodo del año pasado, tanto en las islas del Egeo como en el río Evros y la frontera terrestre con Turquía. Sin embargo, nadie puede excluir un nuevo incremento de llegadas, tras el final de las restricciones impuestas a causa de la pandemia del coronavirus.
