13 organizaciones sociales piden al Gobierno que reforme la normativa de extranjería para que los MENA no permanezcan en un limbo jurídico y burocrático que les deja en situación de marginalidad
FERNANDO ASUNCIÓN. VOZ PÓPULI.- Trece ONG y entidades defensoras de derechos de la infancia y juventud migrante han enviado a la Secretaría de Estado de Migraciones una propuesta de reforma del RD 557/2011, que aprobó el Reglamento de Extranjería, para facilitar la transición a la vida adulta de los menores extranjeros no acompañados (MENA) y para contribuir a su integración efectiva en la sociedad española.
La propuesta ha sido elaborada por varias entidades defensoras de los derechos de la infancia y juventud migrante en España, así como de expertos profesionales de la abogacía. Entre ellas, está Aldeas Infantiles SOS, la Asociación Española de Abogados Extranjeristas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Federación Estatal de SOS Racismo, Fundación Raíces, la Merced Migraciones, Pueblos Unidos-Servicio Jesuita a Migrantes y Save the Children.
Su «objetivo último», según sostienen, es «garantizar la plena y efectiva integración en la sociedad española, de los niños, niñas y jóvenes que llegan a España solos», en la línea de la recomendación del Defensor del Pueblo y recientemente aceptada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Así, han trasladado una reforma de los artículos del Reglamento relativos a las autorizaciones de residencia y trabajo de los niños, niñas y jóvenes que llegan a España solos.
En concreto, plantean modificaciones de los artículos relativos a la identificación, documentación, tramitación y renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo de los menores migrantes no acompañados y que han estado bajo la guarda o tutela de las entidades públicas de protección de las ciudades y comunidades autónomas.
Críticas al reglamento actual
Las entidades firmantes, junto a un estudio del marco normativo nacional e internacional, han trasladado a Migraciones que el Reglamento «no respeta los compromisos internacionales suscritos por España, especialmente, respecto a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y las Observaciones Generales dictadas por el Comité de Derechos del Niño, y la normativa de la Unión Europea y demás resoluciones internacionales no normativas».
Asimismo, han destacado que el reglamento tampoco permite «dar cumplimiento efectivo al marco normativo interno» -«especialmente el que plantean la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería en su artículo 35.7, la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, especialmente», han agregado- en lo relativo al interés superior del menor «como consideración primordial».
Las entidades han remarcado que, durante sus nueve años de vigencia, el Reglamento de Extranjería ha presentado «múltiples deficiencias en su aplicación práctica», principalmente «por su deficiente regulación en asuntos puntuales, como el relativo a la autorización para trabajar de los menores en edad laboral».
También «porque configura un sistema que diluye responsabilidades entre las distintas Administraciones, multiplica trámites administrativos y no prevé adecuadamente respuestas ágiles y eficaces», tal y como han explicado. En su opinión, el Reglamento «no responde a las necesidades reales de los niños y niñas extranjeros, impidiéndoles desarrollar su proyecto de vida en España y obstaculizando su integración duradera y efectiva en nuestra sociedad».
Todas estas cuestiones, según han aseverado las entidades, «dan lugar a diversas dificultades prácticas» a las que las propuestas elaboradas pretenden dar respuesta y relacionadas con la vigencia de un año de las tarjetas de residencia de los menores tutelados, las dificultades en la obtención de cédulas de inscripción y la disparidad de criterios en las distintas provincias en lo que respecta a su tramitación, entre otras cosas.
Nueva regulación
En base a este diagnóstico, las entidades firmantes proponen una nueva regulación reglamentaria que asegure que todos los menores bajo la guarda o tutela de las comunidades autónomas «sean considerados regulares a todos los efectos aún sin disponer de tarjeta de residencia, cuya obtención será considerada una mera formalización de la misma».
Estos menores deben contar automáticamente con autorización de residencia y trabajo a partir de los 16 años y con autorización de residencia y trabajo concedida y vigente hasta que alcancen 18 años, eliminando la vigencia inicial de un año. En caso de que hayan accedido a ese derecho habiendo alcanzando los 17 años, su residencia inicial tendrá vigencia de mínimo 1 año.
Las entidades proponen que estos niños, niñas y adolescentes sean documentados «con cédula de inscripción tramitada de oficio en caso de no poder ser documentados con pasaporte». También plantean que renueven su autorización de residencia y trabajo acreditando, o bien su incorporación real o potencial al mercado de trabajo o mediante un informe de esfuerzo de integración o por recomendación de la entidad de tutela, eliminando los requisitos de cotización y medios económicos. Esa residencia sería, como todas las residencias renovadas, por dos años, tal y como plantean las organizaciones.
Asimismo, quieren que estos menores accedan a la autorización de residencia de larga duración tras haber estado dos años bajo la tutela o guarda continuada de las entidades públicas, «en coherencia con el Código Civil y lo relativo al acceso a la nacionalidad». Al tiempo, plantean la rebaja a un año del requisito de residencia legal y continuada para los nacidos en España, y proponen que puedan renovar su residencia legal aunque no haya sido previamente documentado.
