EFE. LA VANGUARDIA.- Pese a protestas de organizaciones húngaras y extranjeras de derechos humanos, el gobierno ultranacionalista de Hungría acaba de prohibir el registro del cambio de sexo de personas transexuales, una medida que hará imposibles sus vidas y los estigmatiza, denuncian los afectados.
Desde su llegada al poder en 2010, el Gobierno del primer ministro, Viktor Orbán, ha dejado claro que su «familia modelo» es la cristiana y tradicional, compuesta por una mujer, un hombre y sus hijos, algo que grabó en la Constitución que entró en vigor en 2011.
El pasado 19 de mayo la mayoría gubernamental de Orbán aprobó una ley que determina que en los documentos oficiales debe registrarse el sexo biológico en el nacimiento, determinado por los cromosomas, y que ese dato no puede ser modificado nunca.
PROTESTAS Y REACCIONES
Ya antes de que ser aprobada, diferentes organizaciones e instituciones internacionales protestaron al considerar que la polémica ley aumentará la discriminación y violencia frente a las personas transexuales.
La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, criticó que «la ley azota la dignidad de los transgénero», mientras que Amnistía Internacional aseguró que con esta ley Orbán «empuja a Hungría de vuelta a la Edad Media».
No obstante, políticos gubernamentales aseguran que los transexuales podrán seguir viviendo sus vidas y expresar su identidad tal como lo han hecho hasta ahora.
Según datos internacionales, entre el 1 y 2 % de la población «no es capaz de identificarse con su sexo de nacimiento», lo que en el caso de Hungría afectaría a entre 10.000 y 20.000 personas.
UNA LEY QUE DISCRIMINA Y ESTIGMATIZA
Tina Kolos Orbán, vicepresidente de la organización transgénero «Transvanilla» niega esta visión al asegurar que la ley, que considera anticonstitucional, discrimina y estigmatiza.
«El Tribunal Constitucional ya ha declarado varias veces que el cambio de sexo y nombre es un derecho de los transexuales», explica en declaraciones a Efe.
A pesar de no existir una regulación bien definida, desde hace décadas los cambios legales de sexo y nombre se realizaban en Hungría según una práctica administrativa sin mayores problemas.
Al hacer imposible el registro del cambio la nueva legislación generará situaciones imposibles para los afectados, asegura el activista transexual.
«Ahora ir al correo a retirar un paquete será imposible ya que el nombre que figura en los documentos contradice la identidad de la persona que lo presenta», explica Orbán.
Lo mismo podrá suceder en los bancos y también cuando la policía pide a una persona transexual identificarse.
«Es un claro mensaje de que no somos ciudadanos de primera categoría. En un contexto más amplio traumatiza a todos los miembros de la comunidad», enfatiza el activista.
Según datos de la organización «Transvanilla», actualmente hay 18 personas cuyo proceso de cambio de nombre ha quedado pendiente.
EN EL LIMBO
Una de ellas es Ivett, que vive hace un año como mujer, pero con documentos en los que figura su nombre masculino.
En declaraciones a Efe en Budapest se muestra pesimista y dice que la medida incluso podría tener consecuencias más duras aún.
«Veo muchos suicidios en el futuro», advierte y explica que se trata «de una comunidad muy vulnerable del punto de vista psicológico».
«Antes de declararse, uno sufre durante años», cuenta Ivett, que tenía 38 años cuando decidió iniciar su proceso -después de divorciarse- ya que el hecho de estar casada también excluía el cambio de sexo.
Destaca que la nueva situación estigmatizará a los transexuales, ya que cada vez que tenga que utilizar sus documentos quedará claro que se trata de una persona transgénero.
Tanto las organizaciones de transexuales y otras ONG consideran que la nueva ley es anticonstitucional y prometen acudir al Tribunal Constitucional para su revisión.
