Los inmigrantes sobre los que pende una orden de expulsión por haber llegado de forma irregular a España temen más al futuro que a la pandemia del coronavirus
CARLOS MORÁN. IDEAL.- Amani es africano de Sierra Leona, tiene 25 años y el confinamiento es para él solo una incomodidad. No es una fanfarronada. A pesar de su juventud, se ha enfrentado a situaciones más peligrosas que la pandemia del coronavirus. Llegó a la costa española a bordo de una patera hace unos seis meses. Y antes de lograr el ‘pasaje’ había recorrido cientos de kilómetros por territorios casi siempre hostiles. «En Marruecos fue lo peor», recuerda su estancia en el país alauita, que es desde donde zarpaban la mayoría de las embarcaciones dedicadas al tráfico de seres humano.
Amani recaló en Granada y, según cuenta, inició los trámites para conseguir que España le otorgase protección internacional, lo que, a su vez, le permitiría disfrutar del derecho de asilo. Pero ese proceso está interrumpido. Y así seguirá hasta que no retorne una cierta normalidad.
El joven subsahariano se ha quedado varado en la frontera burocrática que separa el norte del sur. «No tengo nada, pero ‘no problema’», dice en un español incipiente que a menudo se mezcla con el peculiar inglés de Sierra Leona.
Y nada es nada: no trabaja ni en blanco ni en negro y no puede solicitar ningún subsidio por la sencilla razón de que no tiene papeles. Esta es la realidad y no la que intentar difundir los bulos xenófobos. Él y sus tres compañeros de piso –residen en un barrio popular y populoso de la capital granadina– pueden comer y tener un techo gracias a la ayuda solidaria del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (Amine se refiere a la entidad como «la organización», lo dice en un tono cariñoso y algo reverencial).
Así que lo del confinamiento viene a ser como lo de menos. «Nos cuidamos para no contagiarnos. Cada día sale uno solo a hacer la compra. Yluego estamos en casa. ‘No problema’». Es el optimismo vital que da haber corrido aventuras y desventuras sin cuento.
Apenas existen palabras para describir lo que tienen que soportar estas personas para llegar a Europa. Y las que hay están gastadas de tanto usarlas. Por desgracia, la tragedia de la inmigración se ha convertido en una rutina. Ha dejado de ser noticia, pero sigue siendo una catástrofe, una trituradadora de los derechos humanos. Habrá quien no lo crea, pero hay africanos que han tenido que pagar el ominoso peaje de ser esclavos para poder llegar a la costa española. «Hemos tenido algunos que estuvieron nueve meses encadenados y encerrados, y que solo los sacaban para trabajar de sol a sol. Vienen en unas condiciones lamentables. Cuando llegan, les hacemos una foto y otra después de una semana de estar aquí y no perecen las mismas personas», detalla Rafael Sánchez Rodríguez, delegado del Movimiento por la Paz, la oenegé que ha acogido a Amani y que desempeña su labor bajo la supervisión de la Secretaría de Estado de Migraciones.
La entidad humanitaria dispone de trece pisos en la capital y la provincia para proporcionar ayuda de emergencia a los migrantes que arriban al litoral español. La ley establece que tienen tres meses para hacer todo lo que puedan por ellos: enseñarles español o, sobre todo, intentar que regularicen su situación. Actualmente, todas las viviendas del Movimiento por la Paz están llenas: atienden a 87 personas (desde bebés a ancianos) sobre las que pesa una orden de expulsión en el 99% de los casos. «Contrariamente a lo que dicen los bulos, esta gente no tiene nada. Bueno, menos que nada. Antes de embarcar en las pateras, las mafias les quitan todos los documentos. Así que es imposible que reciban subsidios o cobren el desempleo. Ellos quieren pasar a Europa para trabajar y mandar dinero a casa, es su única obsesión. Y cuando les dices que tienen una orden de expulsión se vienen abajo», explica Sánchez Rodríguez, que destaca que tanto la inmensa mayoría de la población granadina como los miembros de las fuerzas de seguridad son muy comprensivos con estas personas tan zarandeadas
Granada Acoge es otra de las oenegés que brindan amparo a los inmigrantes en situación irregular. Como el Movimiento por la Paz, están al límite de su capacidad. «Atendemos a noventa familias, sobre todo, provenientes del África subsahariana y de Marruecos, aunque también hay personas de Argentina que trabajaban en la hostelería y ya no tienen medios para subsistir. También tenemos a muchas empleadas de hogar que estaban en la economía sumergida. Nuestra ayuda consiste en que puedan comer y tengan productos de higiene: pañales para los niños, leche de continuación también para los pequeños… Es así de duro y no saben qué será de ellos», refiere María Campos de Granada Acoge.
En este sentido, los responsables de las organizaciones no gubernamentales afirman que los migrantes temen más al futuro que al coronavirus.
A fin de cuentas, la cuarentena ha paralizado las expulsiones. Las fronteras están cerradas. El ‘corona’, como lo llama Amine, ha impuesto su ley.
