TRIBUNA FEMINISTA.- El Defensor del Pueblo recibió durante el año 2019 numerosas quejas que ponían de manifiesto «fallos en todas las fases del sistema de protección» de las víctimas de violencia de género. Dichos fallos, según destaca la institución, «son más graves cuanto más vulnerable es la víctima».
Tal y como apunta en el informe anual de 2019 presentado este miércoles, es necesario «mejorar la formación de los funcionarios públicos que atienden directamente a las mujeres». Ellas, según el Defensor del Pueblo, «en muchas ocasiones» denuncian «sentirse solas, cuestionadas, no escuchadas y abandonadas por los poderes públicos».
En este contexto, la institución ha realizado en 2019 actuaciones de supervisión en todas las fases del sistema: en la de detección y emergencia; en la de enjuiciamiento y persecución penal; así como en la fase de integración social de las víctimas, que incluye servicios sociales y ayudas para la emancipación y autonomía de la mujer víctima.
Fruto de estas actuaciones, ha formulado nuevas recomendaciones para reforzar el sistema de protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos. Según datos oficiales, el año pasado fueron asesinadas 55 mujeres y tres menores de edad.
Por ejemplo, ha pedido a la Secretaría de Estado de Justicia que dote a los juzgados de violencia de género de las unidades de valoración forense y de los medios humanos y materiales necesarios para que tanto fiscales como jueces puedan desarrollar sus funciones con plenas garantías.
Además, ha aconsejado al Ministerio de Justicia que promueva la modificación de las normas necesarias para asegurar la revisión del régimen de visitas siempre que exista una orden de protección en vigor respecto a la madre de los menores afectados, así como la suspensión en todos los casos de condena por delitos de violencia de género.
También ha pedido a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género que promueva la elaboración de un plan común de formación en materia de violencia de género y tratamiento de las víctimas para todo el personal de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales.
Para el Defensor resulta «imprescindible» también reforzar la educación en igualdad, incluyendo asignaturas y actividades específicas en esta materia en los colegios para luchar contra la violencia de género.
En esta línea, a finales de 2019, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, inició una actuación de oficio con el Ministerio de Educación para conocer el desarrollo de las medidas educativas de sensibilización y prevención previstas en el Pacto de Estado aprobado en 2017.
Por otra parte, la institución ha reclamado que se amplíe la protección frente a todas las formas de violencia contra la mujer, introduciendo así la aplicación del concepto de violencia de género que establece el Convenio de Estambul y que presta especial atención a la violencia sexual, a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, a la mutilación genital femenina y a los matrimonios forzados.
EXTRANJERAS, «ESPECIALMENTE VULNERABLES» A LA VIOLENCIA MACHISTA
El Defensor del Pueblo sostiene que las mujeres extranjeras en situación administrativa irregular o las que no pueden acceder a territorio nacional por no cumplir los requisitos de entradas «son especialmente vulnerables a la violencia machista».
«Sufren una situación de especial vulnerabilidad causada por factores añadidos a la propia violencia como el bajo nivel de concienciación; el desconocimiento de sus derechos; la falta de políticas públicas y servicios de prevención y atención adecuados a estos colectivos», apostilla.
En este colectivo, desde la Institución se advierte de que las quejas más numerosas fueron las referentes a retrasos en la tramitación de solicitudes de residencia por circunstancias excepcionales para víctimas de violencia de género, en las que casi siempre hay menores a cargo de la víctima y en las que la dilación en la tramitación administrativa constituye un perjuicio para las mujeres y sus familias.
El Defensor también expresa preocupación por las mujeres extranjeras en situación irregular que son víctimas de agresiones sexuales. En esos casos, según detalla, se ha puesto de manifiesto «las graves consecuencias que acarrea que no sean consideradas plenamente como víctimas de violencia de género por parte de la legislación española, tal y como exige la aplicación del Convenio de Estambul».
La regulación actual requiere que la víctima formule y obtenga una orden de protección o sentencia favorable para dar acceso a las ayudas y al sistema de protección, según lamenta el Defensor del Pueblo, denunciando que los cambios para la acreditación de la condición de víctima sin necesidad de denunciar –a través de informe de los servicios sociales, por ejemplo– «ocasionan efectos indeseables para las mujeres extranjeras en situación irregular y, en lugar de facilitar su ayuda y asistencia, se complica aún más su situación».
En el informe anual, el Defensor señala que el año pasado año la institución recibió la queja de una mujer hondureña que había sido víctima de una agresión sexual durante su estancia en la sala de asilo y ‘rechazados’ del aeropuerto de Barajas por otro ciudadano de su misma nacionalidad.
Además, ha recordado la necesidad de establecer planes de contingencia para las llegadas a las fronteras terrestres y marítimas, y la aplicación de la perspectiva de género en todos los programas de asistencia.
TRATA DE SERES HUMANOS
De manera más concreta, el Defensor sostiene que «debería encontrarse la manera de conjugar el control eficaz de las fronteras con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de detección inmediata y protección de aquellas personas que necesitan protección internacional, son menores de edad o presentan indicios de trata de seres humanos».
En concreto, sobre trata de personas, el Defensor del Pueblo señala que en 2019 hubo numerosas quejas recibidas por la «falta de adecuación de los protocolos existentes a las necesidades de las víctimas». La preocupación principal del Defensor se centra en los fallos de coordinación, errores en la comunicación, falta de apreciación de indicios por parte de la Policía Nacional o retrasos en los procedimientos, tal y como apostilla.
Para Fernández Marugán, las cifras oficiales de víctimas de trata identificadas en España, 238 en el año 2018, siguen mostrando que aún no se han conseguido desarrollar las herramientas necesarias que permitan detectar, de manera eficaz, a las víctimas y ofrecerles la necesaria protección.
Las dificultades para la eficaz detección e identificación de las víctimas de trata son aplicables a las menores de edad. Además, para la Institución, su especial situación de vulnerabilidad hace necesaria una profunda revisión del procedimiento. Durante 2018, tan solo seis niñas fueron identificadas como víctimas de trata.
Así, el Defensor espera que la futura Ley Integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual contribuya a solucionar los fallos detectados y a proteger de forma efectiva a las víctimas.
