En entrevista con AFP aseguró que nunca mató, pero que sí facilitó las ejecuciones.
AFP. EL TIEMPO.- La agencia de noticias AFP entrevistó al coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón, quien hizo parte del Ejército Nacional por 22 años y hoy está condenado por desaparición y homicidio dentro de los llamados ‘falsos positivos‘.
El oficial describió y relató a AFP los horrores de los que fueron protagonistas varios civiles, que eran presentados como bajas del Ejército en medio de falsos combates con la guerrilla.
«Yo no maté, pero sí predispuse para que los hechos se cometieran«, reconoce el oficial en retiro.
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En plena ofensiva militar para pacificar un país, las neveras mortuorias de un poblado de Colombia se repletaron, recuerda el coronel Rincón, y señala que fueron sacados hacia una fosa común los cuerpos sin identificar de los supuestos guerrilleros y delincuentes. Pero en realidad esa fosa se había llenado con civiles.
Entre 2006 y 2008 fue oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15, con jurisdicción en Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. En esa época, la lucha militar con las guerrillas fue tan encarnizada que el tanatorio del municipio de Ocaña no dio abasto.
En septiembre de 2008, la alcaldía y la curia, temerosas de una crisis sanitaria, gestionaron legalmente el traslado de 25 cuerpos que estaban en cuartos fríos hacia una excavación común en el paraje Las Liscas.
En el proceso, algunos terminaron siendo identificados como los restos de civiles que habían desaparecido semanas atrás y eran buscados muy lejos de ahí por sus familias.
Rincón afirma que con la exhumación supo quiénes eran sus víctimas: jóvenes pobres que fueron engañados y llevados a Ocaña desde Soacha, una localidad próxima a Bogotá. «Apoyé algunas unidades en darles algunos medios (…). Hablo de suministrarles armamento (…) para hacerlos pasar como muertos en combate«, detalla.
El alto oficial comparte por primera vez con un medio lo que le contó a los jueces de paz y a las familias de las víctimas, dentro de un proceso de verdad y justicia con el que pretende una rebaja de pena.
Los militares habían organizado su propio body count, un conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra contra las guerrillas y las bandas paramilitares del narcotráfico, que arreció con la llegada de Álvaro Uribe al poder en 2002.
«No denuncié y permití que las unidades que se encontraban allá, en el área de combate, hicieran esas prácticas», reconoce Rincón. Las recompensas a los soldados incluían medallas, días de descanso, anotaciones elogiosas en el currículo o proyecciones de ascenso.
Rincón pasó casi diez años en prisión. En 2017 fue condenado a 46 años por el crimen de cinco jóvenes de 20 a 25 años, que vivían en Soacha y fueron reseñados inicialmente como «caídos en combate».
Según su relato, dos civiles que actuaban como reclutadores, y con quienes no tuvo trato directo, los llevaron en autobús hasta Ocaña con la promesa de ganarse «un dinero rápido».
Los dos hombres y un sargento conformaban la «organización delincuencial» que actuó en este caso. Ya en Ocaña, la unidad Espada se ocupaba de los asesinatos.
«Nunca entré a explicarles (…), lo único que les dije: ‘van a salir a esta operación, les van a acomodar y a entregar unas personas y ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer«.
Víctor Gómez tenía 23 años cuando viajó, engañado, a Ocaña en compañía de Jader Palacio y Diego Tamayo. «Los emborracharon y los llevaron hacia (…) un falso retén del Ejército y allí los reclutadores los entregaban (…). Al otro día amanecían muertos«, cuenta Carmenza Gómez, madre de Víctor.
Los tres fueron presentados como parte de una banda criminal. «Víctor tenía un tiro en la frente, un tiro de gracia», detalla la mujer de 62 años, quien recibió protección oficial ante amenazas por «buscar la verdad».
¿Y por qué no saca unos tipos allá de la morgue, los viste con uniforme y los reporta como resultados?
Antes de llegar a la Brigada Móvil 15, en 2006, Rincón recuerda haber sido abordado por el que luego sería el comandante del Ejército, general Mario Montoya, ya en retiro y quien también comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a partir del acuerdo de 2016 que condujo al desarme de la guerrilla Farc. » ‘¿Cómo va a aportar a la guerra?’. ‘¿Cómo, mi general?’, entonces él me dice: ‘¿Cuántos muertos va a poner?’. Le dije: ‘¿Pero muertos de dónde?, yo no tengo ninguna funcionalidad operacional’ «.
«Entonces él, no sé si de forma jocosa pero sí directa, me dijo: ‘¿Y por qué no saca unos tipos allá de la morgue, los viste con uniforme y los reporta como resultados?’ «. Cuando se reencontró con Montoya, Rincón ya había sido asignado a la brigada móvil. «Ahora sí va a saber qué es la guerra, ahora sí le va a aportar a la guerra», asegura que le expresó Montoya, jefe del ejército entre 2006 y 2008.
Rincón se sometió a la JEP, que investiga los peores crímenes cometidos por guerrilleros y militares en un conflicto con ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
En 2018, tras pedir perdón, recobró temporalmente su libertad a cambio de contar la verdad y reparar a sus víctimas. En noviembre recibió protección estatal tras un atentado fallido cuando visitaba a su hermano. Su abogada, Tania Parra, también ha sido amenazada.
Rincón espera el careo con sus víctimas. Quiere contarles cómo era esa «instigación y presión» que arruinó tantas vidas y lo convirtió a él en un verdugo «por favorecer unos intereses institucionales». «Va a ser muy difícil que nos veamos cara a cara, víctima a victimario«, dice. Las lágrimas asoman cuando se apagan las cámaras. Los casos de financiadores de la guerra, en el radar de la CPILa JEP ha acreditado a más de 200 mil víctimas en casos territorialesLas escuelas de horror donde ‘fabricaban’ a los paramilitares
