Las campañas que apelan a la responsabilidad del entorno se han reproducido durante el estado de alarma: «Hay que aplicar protocolos comunitarios para actuar desde la vecindad», defiende la activista Graciela Atencio. Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad y artífice de la iniciativa Mascarilla-19, insiste en la importancia de lanzar un triple mensaje: a la víctima, a las terceras personas y otro disuasorio al propio maltratador
SABELA RODRÍAGUEZ ÁLVAREZ. INFOLIBRE.- Hace cerca de dos meses se detuvo la maquinaria. El anuncio de un estado de alarma obligó a repensar no sólo el modelo económico y productivo, sino también la convivencia y las relaciones personales. Para muchas mujeres –161.378 víctimas según el último recuento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– el confinamiento se traducía no sólo en un reto, sino en un riesgo para sus vidas. Las víctimas de violencia de género afrontaban la convivencia con sus maltratadores en medio de la incertidumbre y con muchas preguntas respecto a los recursos disponibles. El Ministerio de Igualdad lanzó entonces un paquete de medidas destinado a garantizar su seguridad. Pero las iniciativas vecinales han brotado con fuerza durante la pandemia. Y con ellas, un mensaje: el peso de la comunidad es clave para plantar cara a la violencia sobre las mujeres.
Los canales de atención dispuestos para las víctimas de violencia machista están dando sus frutos. Las cifras así lo evidencian: las llamadas al 016 aumentaron un 60% en abril, respecto al mismo mes del pasado año. Abril registró un total de 8.632 llamadas a este número, que no deja rastro en las facturas de teléfono. En marzo, por su parte, estas llamadas fueron 6.271. En cuanto a las consultas online –al correo electrónico 016-online@mscbs.es– éstas se incrementaron en abril un 586% respecto al mismo mes del año anterior, con un total de 295 escritos. En marzo habían sido 116 las consultas online. Las víctimas pueden igualmente emplear un servicio de atención emocional y psicológica vía whatsapp, en marcha desde el pasado 21 de marzo y que desde entonces ha recibido un total de 1.283 peticiones.
Desde el pasado miércoles, la red social Twitter ha ampliado, en colaboración con el ministerio dirigido por Irene Montero, un servicio para prestar atención a las víctimas de violencia de género. Bautizado bajo el nombre #BuscaAyuda, la herramienta prevé funcionar como «un servicio de alerta en las búsquedas que aparece destacado cuando se visita información sobre violencia de género y otros términos relacionados». De esta manera, los usuarios son redirigidos al plan gubernamental desarrollado contra la violencia de género. España es el segundo país, después de México, en poner en marcha el servicio. «La colaboración de la comunidad en la detección de las violencias machistas es esencial, que toda la sociedad esté alerta», señaló Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
Precisamente en ese plano, el del entorno, se han volcado las instituciones, organizaciones sociales y colectivos vecinales desde el inicio de la pandemia.
De las farmacias a los portales
Uno de los centros neurálgicos durante el estado de alarma han sido las farmacias. Y con la mirada puesta en este espacio, el Instituto de Igualdad de Canarias tejió la campaña Mascarilla 19. Las víctimas de violencia de género o sexual que acudan a su farmacia y pronuncien esa palabra clave estarán alertando de su situación. Los profesionales llamarán entonces al teléfono de emergencia para dar protección a la mujer.
Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad, detalla en conversación con infoLibre la génesis del proyecto. «Sabíamos que las mujeres víctimas de violencia de género iban a recibir un mensaje: quédate en tu casa, confinada con tu agresor, porque eso va a ser bueno para la ciudadanía, la salud pública y el bienestar social». El mensaje, reflexiona, «visto desde esa perspectiva era tremendo, pero ciertamente no podíamos dar otro». A partir de ese análisis la institución empezó a trabajar sobre las opciones en su mano para «activar recursos y dar el máximo de ayuda posible a estas mujeres, hacerles llegar que no están solas».
Las farmacias surgen entonces como elemento clave: puntos de referencia «como agentes sanitarios y de cuidados». Enseguida los colegios farmacéuticos de las islas se adhieren a la iniciativa y consensúan una palabra clave para que la mujer «no tuviera que dar demasiados detalles sobre su situación, sino una palabra de emergencia». En Canarias un total de 770 se han sumado y más de 16.000 lo han hecho a nivel estatal. «La campaña ha trascendido porque es una violencia universal», relata Fumero. El mensaje que lanza el proyecto es triple: a la víctima, al entorno y al agresor. A la ciudadanía se le recuerda que el problema es global y le atañe, mientras que para el agresor funciona como un elemento disuasorio: «Estamos pendientes de tu comportamiento y vamos a dar la voz de alarma».
Frente al mostrador de las farmacias está un profesional, pero buena parte de las veces quien está al otro lado es un vecino, familiar o conocido. Lo es cierto es que, durante el confinamiento, la ciudadanía es más consciente de aquello que le rodea. Las paredes hablan y revelan el gusto musical del vecino de al lado, el telediario que puntualmente sintoniza el de abajo o el pitido del microondas cada mañana un piso más arriba. Los aplausos a las 20:00 horas también han tejido una suerte de red vecinal. Todo este nuevo marco es fundamental para las víctimas de violencia. Así lo considera Graciela Atencio, activista y cofundadora de las web Feminicidio, que desde hace una década publica un recuento de las víctimas de violencia machista oficiales y no oficiales. Ahora, las responsables de la plataforma han desarrollado una campaña dirigida al entorno comunitario: Cuenta Conmigo Vecina.
Ante la crisis del covid-19, reza la web, «como vecino/a, tengo la responsabilidad de actuar. Si conozco a una víctima de violencia de género en mi barrio o portal, actúo por ella. No la dejo sola». El estado de alarma, insisten las artífices de la campaña, ofrece la oportunidad de demostrar a las víctimas «que estamos dispuestos a actuar por ellas».
Con este fin, la campaña está atravesada por un decálogo, que pasa por mostrar la voluntad de ayuda a las víctimas e interpretar las señales de violencia. «Respeta las medidas de distanciamiento social», aconseja, «sin dejar de prestar atención a sus preocupaciones y su situación particular. Intenta entablar un diálogo con ella. Pregúntale si necesita algo y ofrécele tu ayuda«. En esa labor, es fundamental conjugar la ayuda con la autonomía de la víctima. «Ofrécele tu ayuda pero no la presiones. Dale tu número telefónico e invítale a que te llame por teléfono», sugiere. A raíz de ahí, cobran especial relevancia las «alianzas en el vecindario». La guía detalla, igualmente, los pasos a seguir para denunciar un caso de violencia de género y la posibilidad de declarar como testigo. Y recuerda: «Si la víctima no denuncia, no por ello como vecino o vecina dejes de denunciar. La denuncia reiterada en estos casos es fundamental. Hazlo las veces que sea necesario».
Las iniciativas que apelan al entorno se han reproducido en las últimas semanas. Los supermercados Masymas han habilitado un servicio que permite a las mujeres pedir ayuda en cualquiera de sus centros, mediante carteles informativos y la mediación de un tercero que contacte con los servicios de emergencia. El mensaje se repite también en las instituciones. «Si vives o detectas en tu entorno una situación de violencia de género: ¡denuncia!», es el lema empleado por el Ayuntamiento de Barakaldo en su campaña de información. En el Ayuntamiento de Cáceres, se refieren igualmente al entorno en su campaña de sensibilización: «No te calles, puedes salvar vidas. Hazlo por ellas». Y la Diputación de Granada asegura que «te toca a ti, vecin@» en la denuncia contra la violencia machista. Los administradores de fincas sevillanas, por su parte, han enviado a las comunidades de propietarios información bajo el rótulo «si escuchas una situación de violencia de género: actúa y denuncia».
El peso del entorno
Los últimos datos del CGPJ, correspondientes al balance anual de 2019, descubren que el 72,05% de las denuncias partieron de la propia iniciativa de la víctima, mientras que únicamente el 2,44% fueron producto del entorno. Esta última cifra, el número de denuncias por parte de los familiares de las víctimas, continúa anclada bajo mínimos y sin embargo presenta un aumento en comparación con el año anterior, cuando los familiares fueron responsables del 2,09% de las denuncias. El otro 25% de denuncias procede de intervenciones policiales directas (13,3%), partes de lesiones recibidos en el juzgado (9,58%) o servicios asistenciales (2,8%).
Atencio se detiene en las primeras impresiones que llegan del entorno en los casos de violencia de género. «Detectamos en el peso de los vecinos una incidencia negativa» que se reproduce en diferentes estereotipos, como la idea de que «era una pareja muy unida o que se les veía públicamente bien». La activista recuerda que existe una «percepción generalizada: cuando oímos una discusión pensamos que es una cuestión íntima y no hay que entrometerse». Esta idea demuestra que «no hemos logrado una conciencia total» que empuje a una intervención ante cualquier signo de violencia.
Un cambio de paradigma, considera, vendrá unido necesariamente de una acción colectiva. «Hay que aplicar protocolos comunitarios para actuar desde la vecindad», reflexiona. El estado de alarma, con las medidas de confinamiento que conlleva, supone una oportunidad para la ciudadanía. Mediante acciones sencillas, como «pegar un cartel en el edificio o trazar protocolos en las reuniones de la comunidad», buena parte del camino estaría andado.
Sobre terminar con los mitos que aún imperan habla también la fiscal Susana Gisbert. En conversación con este diario insiste además en que denunciar es no sólo «un deber ético o moral, sino legal». Quien percibe un posible hecho constitutivo de delito, recuerda, pero no denuncia, puede estar incurriendo en un delito.
Es importante, sostiene la fiscal, enterrar la idea de la privacidad y comenzar a entender el problema como algo público. «Si en tu edificio hay un piso donde se trafica con drogas, los vecinos irían rápido a denunciar», perfila a modo de ejemplo. Igual que un ciudadano puede no querer «que sus hijos se crucen con un traficante por las escaleras, deberían rechazar también que se crucen con un maltratador».
Gisbert explica, respecto al miedo a dar el paso, las medidas de seguridad previstas para evitar riesgos. «Hay muchas maneras de protegerse, existe una Ley de protección de testigos», pero incluso sin llegar a tal extremo son habituales las «medidas dispuestas para proteger al denunciante». En cualquier caso, la fiscal asegura no haber presenciado ningún conflicto en ese sentido en sus años de experiencia.
También Atencio recalca que las «leyes están para proteger a las víctimas» y minimizar los riesgos en este tipo de situaciones. «Es normal que pueda dar miedo», reconoce, «pero si nos preparamos y empoderamos colectivamente, será mucho más efectivo que quedarnos callados».
Fumero confía en un cambio significativo tras la crisis sanitaria. «Hasta ahora es verdad que siempre ha habido una resistencia a dar la voz de alarma y un temor a que puedan tomar represalias», reflexiona y asume responsabilidades. «Ha sido un fracaso de toda la sociedad en su conjunto y de las instituciones, que no han sabido dar un mensaje claro», añade. «Una persona se tiene que sentir segura para, como ciudadano, cumplir con la obligación de socorrer a otra persona. Todos tenemos que asumir nuestra parcela de responsabilidad». Mientras se cimientan las bases de un nuevo escenario, la directora del organismo dice estar totalmente convencida de estar en un punto de no retorno. «Quizá hablemos después de todo esto y tenga que rectificar, pero no lo creo».
