Las sociedades de geriatría y gerontología reclaman una investigación sobre las muertes en residencias para «determinar responsabilidades y adoptar cambios». «En esta crisis las personas mayores han sido discriminadas en su capacidad de acceso real a servicios sanitarios especializados», señalan
ÁNGEL MUNÁRRIZ. INFOLIBRE.- La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, junto con las sociedades autonómicas, han emitido un documento crítico con la situación de las residencias en el que afirma incluso que los mayores han sufrido discriminación sanitaria.
«Consideramos que las autoridades competentes deben investigar los fallecimientos en residencias, para determinar las responsabilidades y que se adopten cambios futuros», señala el documento, que combina diagnóstico con propuestas y fue elaborado tras una reunión celebrada el 2 de mayo. «La respuesta y actuación con las personas mayores ha sido insuficiente y desde el punto de vista de salud pública no se ha actuado de forma eficaz en la prevención, detección, aislamiento y circuitos de casos covid», señala la propuesta, motivo por el cual pide la investigación sobre las residencias, convertidas en la zona cero de la pandemia en España. Las sociedades llegan a denunciar que los mayores han sido «discriminados» en el acceso a atención sanitaria. Más de 16.500 mayores han muerto en dos meses de pandemia.
Las sociedades médicas consideran que «en esta crisis las personas mayores han sido discriminadas en su capacidad de acceso real a servicios sanitarios especializados». «Todas las personas mayores independientemente de su edad y de si viven en la comunidad o en residencias tienen el derecho constitucional de acceder a los servicios públicos de salud y no pueden ser discriminadas por razón de edad», señala la propuesta. Y añade: «Para la derivación a recursos sanitarios especializados, ni la edad, ni el hecho de vivir en una residencia, deben ser un criterio de no derivación (esto es discriminación). Los criterios se deben basar en la situación individual, estado de salud […], funcionalidad y situación basal del paciente».
A juicio de geriatras y gerontólogos, las residencias han sido «estigmatizadas». «En España hay 5.358 centros residenciales con 372.985 plazas, han sido el recurso más vulnerable frente al Coronavirus, y requieren de un plan de apoyo y actuación específicos», señalan.
Protocolo de rebrote
«La población más vulnerable, afectada y con mayor mortalidad ha sido la de personas mayores que viven en residencias», recalca la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, presidida por José Augusto García Navarro, que ya ha formulado con anterioridad una propuesta para un plan de residencias y unas recomendaciones para el manejo del covid en residencias de mayores. Dichas recomendaciones incluyen una habilitación especial para dispensar tratamientos hospitalarios en residencias, un programa de test diagnósticos, una sectorización de los espacios separando las zonas de mayor riesgo, formación específica y circuitos de derivación.
Geriatras y gerontólogos también reclaman «un protocolo de rebrote». «Ante rebrotes o futuras crisis sanitarias, debemos establecer un protocolo claro y común de criterios de actuación, tipos de recursos covid, circuitos y pautas de aislamiento y tratamiento de casos», señala la propuesta, que también pide «un plan único de residencias para abordar la detección, aislamiento y adecuado tratamiento sanitario de casos».
Generalizar «buenas prácticas»
La propuesta también incluye reivindicar las «buenas prácticas» realizadas, como las destinadas a garantizar la seguridad de los pacientes en algunas residencias. «Lo que mejor ha funcionado es la actuación temprana de aislar los centros residenciales de personas externas y visitas», señalan los geriatras y gerontólogos. «Los hospitales públicos con servicios de geriatría han desempeñado un papel consultor y coordinador clave», añaden.
Las sociedades de geriatría y gerontología reclaman «impulsar la geriatría en todas las comunidades autónomas» como «especialidad clave ante el reto demográfico y crisis sanitarias futuras», así como incorporar la especialidad de geriatría en la cartera de los servicios públicos de salud de todas las comunidades autónomas, algo que aún no han hecho Andalucía ni País Vasco. Todos los hospitales públicos deben tener servicios de geriatría, según los médicos.
Desescalada
El documento también abarca la desescalada. «Es necesario iniciar la desescalada de servicios clave para las personas mayores, como son las unidades de rehabilitación domiciliaria y ambulatoria, los centros de día de personas mayores y los servicios domiciliarios de atención y cuidados», señala.
También se reclama «más coordinación social y sanitaria». «Es necesaria una redefinición y potenciación de la cartera de servicios domiciliarios para las personas mayores y hacer una reflexión sobre la mejora del modelo de recursos residenciales y sociosanitarios para personas mayores», indican geriatras y gerontólogos, que lanzan otra advertencia: «Se debe garantizar a todas las personas mayores que viven en residencias, el acceso a la cartera de servicios de atención primaria y especializada del servicio público de salud».