Un total de 74 migrantes fueron trasladados desde la estación de Acayucan al refugio de Oluta, en Veracruz. La presidenta municipal les acusó de ser un peligro, pero los responsables del albergue alegan que los resguardan porque la alternativa sería la calle
ALBERTO PRADILLA. ANIMAL POLÍTICO.- A Tania, salvadoreña de 25 años, la atraparon después de varias horas esperando a su contacto en Eagle Pass, Texas, Estados Unidos. Había pagado 7 mil 500 dólares por un pollero que la guiaba en el cruce desde Piedras Negras a través de una llamada por celular. A Alonso, también de El Salvador y de 26 años, lo interceptaron en Laredo, Texas. Su familia entregó 6 mil dólares a un coyote que debía llevarlo con su tío. Como fue arrestado no tendrán que pagar los otros 6 mil que habían acordado al completar el tránsito.
Ambos fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza y entregados al Instituto Nacional de Migración (INM), que los encerró en diversas estaciones migratorias. La última, en Acayucan, Veracruz, de la que fueron liberados un grupo de 74 salvadoreños, entre los que se encuentran Tania y Alonso. Todos esperan en la Casa del Migrante Monseñor Guillermo Ramsauer González en Oluta hasta que se den las condiciones para poder volver a casa.
El refugio, gestionado por la iglesia católica, se ha convertido en un espacio seguro que lucha contra el coronavirus y contra la xenofobia. “Hacemos lo que el Estado debería hacer y no hace”, dice Rodolfo Martínez Aguilera, un antropólogo que ejerce de paralegal en la casa del migrante y que lleva 20 días de encierro con los solicitantes de refugio que estaban antes de la llegada de los centroamericanos.
“Los recibimos por dos razones. Por razón humanitaria y por no dejarles en situación de calle. Para que no se contagien y no vayan contaminando. Se les indicó las normas de salud y se les avisó de que no podrán salir hasta que termine la pandemia o regresen a sus países”, dice el presbítero Ramiro Baxín, director de la Casa del Migrante.
El lunes 27 llegaron los centroamericanos la Casa del Migrante de Oluta desde Acayucan. La mayoría pasó por diversos centros de detención después de ser expulsados de Estados Unidos por el procedimiento exprés inaugurado por Donald Trump con la excusa de la pandemia de COVID-19. Desde entonces, Washington ya no deporta los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que atrapa en la frontera, sino que los entrega a México para que ellos se hagan cargo.
En el caso de estos 74 salvadoreños, el Estado ha delegado en organizaciones internacionales y la sociedad civil. Los migrantes estarán en el albergue hasta que se resuelva su situación, que está siendo gestionada por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
La llegada de los migrantes fue la chispa que encendió la llama del discurso xenófobo en Oluta, municipio de 18 mil habitantes al sur de Veracruz. Ubicado en plena ruta hacia Estados Unidos y considerado municipio refugio para el migrante, Oluta no es ajeno al tránsito de extranjeros. Sin embargo, la pandemia ha cambiado las reglas del juego y el miedo se extiende entre los pobladores. Hasta el momento se ha detectado un único caso de COVID-19 en el municipio, que ya se encuentra fuera de peligro.
Al día siguiente de que fuesen acomodados en la casa del migrante, la alcaldesa, María Luisa Prieto Duncan, de la coalición PAN-PRD, aseguró a medios locales que los migrantes podían ser un foco de contagio y sembró la sospecha hacia los recién llegados.
De nada sirvió que Baxín y el resto de integrantes de la casa del migrante explicasen que cada uno de ellos traía un certificado médico y que, además, Médicos Sin Fronteras se iban a hacer cargo del monitoreo.
Pedro Serra Soto, dirección de Protección Civil de Oluta, asegura que hay intranquilidad entre algunos vecinos. Dice que no se informó al Ayuntamiento de que acogerían a los salvadoreños y se queja de que “no sabemos en qué condiciones están”.
“Se dijo que se iban en una semana. En caso de que no, la gente anda con incertidumbre, y es algo que no está en nuestras manos”, afirma. Según Serra Soto, desde el Ayuntamiento se pidió a los vecinos que no se manifiesten ya que juntar un grupo de gente podría ser un peligro de cara al contagio.
Desde el albergue se responde denunciando la desinformación y el alarmismo. “Hay medios que empezaron a dar informaciones no objetivas y preocuparon a la comunidad. Decían que eran miles y que estaban todos infectados”, asegura Baxín, que se queja de que el discurso xenófobo pusiese en la diana a los migrantes a pesar de ser una población vulnerable.El periodismo libre necesita de sus lectores.Sigamos contando las historias que importan.Suscríbete
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Por su parte, Rodolfo Martínez lamenta el uso político de los migrantes y recuerda que la alcaldesa fue criticada por marcharse de vacaciones al inicio de la cuarentena. “Al recibir críticas se volvió contra los migrantes para limpiar su imagen”, afirma.
Por el momento los ánimos se han calmado en Oluta. Pero la zozobra se mantiene. Y no hay fecha oficial para el regreso del grupo. Depende de muchas negociaciones diplomáticas en un contexto de fronteras cerradas a causa del coronavirus.
Regularizados por 60 días
Los centroamericanos llegaron a Oluta tras un diálogo entre el INM y el consulado de El Salvador, que fue la institución que promovió alojarlos en la Casa del Migrante. El Instituto Nacional de Migración (INM) reconoció que la liberación busca evitar contagios y afirma que tenía otros espacios para ellos, aunque no detalla cuáles eran. Para permitir su salida, la institución que dirige Francisco Garduño expidió unos documentos que los regulariza por 60 días. Se trata de unos papeles distintos a los empleados durante el último mes en Tapachula, Villahermosa y Acayucan, en los que se presentaba a los migrantes como solicitantes de asilo aunque no hubiesen tenido contacto con la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar).
Por el momento, a los migrante solo les queda esperar. Alberto Cabezas, responsable de comunicación de la OIM en México, afirmó que la institución está disputa a colaborar en la repatriación siempre y cuando no corra riesgo la vida de los salvadoreños en su país de origen.
Estados Unidos no les permitió pedir asilo y, por el momento, México tampoco les ha dado esa opción. Así lo denunció Rodolfo Martínez Aguilera. Según explicó, los migrantes fueron entrevistados por oficiales de la OIM pero nadie desde su entrega al INM les dio la opción de ser refugiados en México.
“Nos dijeron que todas las oficinas estaban cerradas y que no se podía pedir refugio”, dice Tania, que asegura que no le dieron opción a pedir protección ni en Estados Unidos ni en México.
Fuentes de Comar indicaron que sus equipos no se desplazan debido a la contingencia sanitaria pero que tenían previsto contactarles junto al personal de Acnur para informarles sobre su derecho al refugio.
En caso de que se cumplan las perspectivas y la OIM se encargue de la repatriación de estos 74 salvadoreños sería el segundo avión fletado por esta instancia internacional para devolver migrantes a Centroamérica. El primer grupo, de 41 personas, regresó desde Tapachula, Chiapas, hasta San Salvador, el pasado 23 de abril.
La OIM hizo públicas una serie de recomendaciones para el trato a migrantes mientras dura la pandemia. Pide que no se realicen nuevas detenciones por cuestiones migratorias, implementar alternativas a la detención, liberar a los que ya están arrestados y aprovechar este momento en el que los centros de detención están vacíos para mejorar sus condiciones.
México mantiene sus controles migratorios, tanto en el sur como en el norte, que se vieron reforzados con la llegada de la Guardia Nacional tras el acuerdo de junio de 2019 con Estados Unidos. Desde que comenzó la pandemia más 3 mil 500 centroamericanos fueron deportados por el INM. Lo que no especifica la institución es cuántos de ellos habían sido previamente expulsados por Washington.
Mientras todo se aclara, los migrantes esperan en el albergue de Oluta. Saben que, cuando lleguen a su país, tienen por delante una dura cuarentena.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, impuso el cierre de fronteras, toque de queda y centros de cuarentena en los que encierra a quien está en la calle sin justificación. El mandatario ha defendido sus medidas saltándose incluso el mandato del Tribunal Constitucional, que prohibió esos arrestos.
Alonso asume que deberá pasar otra cuarentena y dice que es crítico con los compatriotas que se saltaron las medidas de confinamiento y entraron al país por puntos ciegos. “Llevo más de un mes desde que me detuvieron. Quiero llegar a casa”, afirma.
Tania, por su parte, dice que tiene algo de miedo. Ella está sana ahora y ha escuchado casos de personas que enfermaron en estos centros. Pero no tiene otra alternativa.
A Rodolfo Martínez, por su parte, le preocupan las consecuencias de cara al futuro. Denuncia que se ha instalado un cordón policial, lo que incrementa la “criminalización”. Y recuerda que los migrantes han aportado mucho al municipio, como las brigadas de limpieza con solicitantes de refugio. Mientras, defiende su papel como protectores de los migrantes y reitera: “hacemos lo que le corresponde al Estado”.
