La Comisión abre un nuevo procedimiento de infracción contra el Gobierno de Varsovia por la ley aprobada en febrero que «permitiría un control político sobre el contenido de las decisiones» de los tribunales
PABLO R. SUANZES. EL MUNDO.- «El virus no puede matar la democracia». La respuesta al Covid19 ha supuesto aplicar medidas extraordinarias, invocar poderes extraordinarios, pero ni todo vale ni todo se va a permitir. Ese es el mensaje que la Comisión Europea ha querido enviar este miércoles a Varsovia y Budapest por boca de la vicepresidenta Vera Jourova, responsable de Valores y Transparencia en la UE. Para darle consistencia, este mediodía el colegio de Comisarios ha decidido abrir un procedimiento de infracción a Polonia, otro más, por la ley aprobada el pasado 14 de febrero y que, según los análisis de Bruselas, «permitiría un control político sobre el contenido de las decisiones» de los tribunales.
Jourova ha estado en contacto constante desde diciembre con el Gobierno polaco, visitó el país en enero y advirtió por adelantado que lo finalmente planeado iba contra las directivas comunitarias, pero todo fue ignorado. La Comisión da ahora dos meses al Ejecutivo de Mateusz Morawiecki antes de llevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE. «Hay un apoyo total frente a la crisis actual, pero al mismo tiempo la presidenta Von der Leyen y yo hemos dejado muy claro que no se pueden poner en confinamiento nuestros valores fundamentales. El virus no puede matar la democracia, y la ley de Polonia mina la independencia de los magistrados», ha señalado.
El deterioro en los últimos meses en Polonia y Hungría ha sido palpable, pero ni las instituciones ni el resto de capitales han podido dedicarle el tiempo y los recursos materiales y políticos suficientes. «La decisión de un procedimiento de infracción llega tras un análisis cuidado y detallado. Es un tema europeo, no nacional, porque los jueces de otros países deben creer que los colegas actúan independientemente. Es la base del mercado único y de nuestro sistema de seguridad», ha insistido Jourova sobre la ley polaca.
Hay dos elefantes en la habitación y de un tamaño descomunal. El primero, más allá de la ley mencionada, son las elecciones presidenciales que Jaroslaw Kaczynski se empeña en mantener pese al confinamiento y las medidas de emergencia y que la oposición denuncia, pues considera que sólo una de las partes, la que tiene acceso a los recursos del Estado y a los medios como parte de la respuesta, puede hacer campaña en realidad. «Tenemos serias preocupaciones por el hecho de que algunas medidas extraordinarias vayan contras las reglas europeas. Es nuestra obligación seguir lo que pasa en cada país. He expresado otras veces mi preocupación sobre las elecciones presidenciales en Polonia. Corresponde a las autoridades y dentro del debate nacional decidir lo mejor para garantizar elecciones justas, y realmente esperamos que pase. Es una expectativa muy alta que se garanticen elecciones libres y justas. Si yo fuera ciudadana polaca tendría muchas preguntas porque querría tener acceso justo al voto«, ha añadido la vicepresidenta de la Comisión.
La explicación desde Varsovia es muy clara. La reiteró hace unos días el primer ministro en una entrevista con EL MUNDO: «las leyes polacas no contemplan la posibilidad de cambiar a discreción la fecha de las elecciones. La única situación en la cual las elecciones pudieran ser aplazadas es la proclamación del estado de excepción, pero de acuerdo con nuestra Constitución, el aplazamiento de las elecciones es sólo una consecuencia y no una causa. No se puede aprovechar de manera instrumental el estado de excepción sólo para aplazar las elecciones. Por eso animo a nuestros detractores a que primero conozcan las normas de la Constitución polaca», afirmó.
El segundo paquidermo, de no menores dimensiones, es el húngaro. Su estado de emergencia ha sido denunciado por la oposición, ONG, centros de estudios y analistas de dentro y fuera del país como una peligrosa deriva autoritaria. Con una base similar a la de otros países, pero con mayor amplitud en algunos aspectos, poderes especiales, la suspensión de las sesiones de control parlamentarias y otras derivadas que inquietan en Bruselas. «Orban puede ser muchas cosas, pero no es ni tonto ni un improvisador. No es Trump», explican altas fuentes europeas. Hay un plan estudiado detrás de cada anuncio, de cada ley, de cada mensaje. Aunque su retórica recuerde a diferentes tipos de populistas, hay una estrategia bien meditada detrás y sabe aprovechar los tiempos. ¿Qué mejor momento para un empuje que en medio de una pandemia y cuando todos socios y la mayoría de sus detractores están aprobando también estados de alarma o emergencia con poderes extraordinarios para el Ejecutivo?
Sobre el tema Jourova se ha mojado sólo lo que le permiten los análisis legales a su disposición. «Estamos analizando todos los sistemas nacionales para gestionar la crisis. Reconocemos totalmente la situación excepcional y que requiere soluciones excepcionales mediante las que los gobiernos piden más poderes para moverse con más celeridad, pero la emergencia no quiere decir que las constituciones y los controles parlamentarios desaparezcan, ni que se silencie a los periodistas. Hay reglas, condiciones, que deben mantenerse», ha afirmado en clara alusión a las medidas húngaras, que prevén penas de cárcel incluso para quienes difundan lo que los poderes públicos consideren noticias falsas sobre el coronavirus o sobre las medidas decididas por el Gobierno para hacer frente a la epidemia.
«La ley de Hungría ha atraído más atención que otras. He de decir que cuando leímos el decreto no vimos razones para abrir un procedimiento de infracción todavía, y es importante el énfasis en el todavía. Tenemos que evaluar cómo se está usando la discrecionalidad que le permite el decreto», ha dicho Jourova.
En marzo, la presidenta Ursula von der Leyen hizo un comunicado sobre las amenazas al estado de derecho, pero era tan genérico y sin una mención expresa que desde Budapest aprovecharon para burlarse, suscribiéndolo íntegramente entre carcajadas como si hablaran de otros. A principios de este mes en una carta al presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, Von der Leyen fue más explícita, hablando de una «preocupación particular sobre Hungría» y con referencias a que «el impacto en la libertad de prensa y en la sociedad civil merece atención especial». Pero sin más.
La situación es única, todos están desbordados, pero el tono ha sido sorprendentemente bajo para lo que hay en juego. Desde hace tiempo se discute en Bruselas la posibilidad de que en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFF en inglés) los fondos de cohesión y estructurales estén condicionados al cumplimiento de las obligaciones, de las sentencias del Tribunal de Justicia. Que quienes tienen abierto un proceso aplicando el Artículo 7 de los Tratados quizás no pueden acceder a los recursos que les corresponderían. No hay nada concluido, y una de las consecuencias de la situación presente es que por ejemplo en la llamada Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus, mediante la cual la Comisión movilizó hasta 37.000 millones de euros, Polonia y Hungría, mucho menos afectadas que España o Italia, se llevan una parte mucho más importante, de 7.435 millones de euros y 5.600 millones respectivamente, frente a los 2.300 de Italia, por ejemplo. Porque se mantienen los criterios de distribución habituales por población y tamaño de la economía, y no del impacto.
Varias capitales quieren retomar con fuerza ese vínculo entre derechos, obligaciones y fondos, pero la situación abre posibilidades nuevas para los más duros de Visgrado. ¿Qué van a pedir o propiciar España o Italia, las más afectadas por el virus? En condiciones normales quizás se sumarían a la presión sobre quienes no cumplen con las reglas básicas del Estado de Derecho, pero ahora, cuando un plan de reconstrucción es imprescindible, quizás deban mirar para otro lado si quieren que el nuevo Presupuesto de la UE para 2021-2027, con ayuda directa para ellos, se apruebe lo antes posible. El peso y el drama de la unanimidad.
