Si la ministra de Educación dice que no se cierran estos centros, ¿por qué las plataformas de padres de niños con necesidades especiales aseguran que sí?
JUAN SOTO IVARS. EL CONFIDENCIAL.- La ministra de Educación, Isabel Celaá, salió ayer a desmentir que los centros de educación especial vayan a cerrarse en el marco de su nueva ley de educación. Sin embargo, los padres de niños con necesidades especiales de la plataforma Inclusiva sí, especial también no se lo creen, y están en pie de guerra. “Yo llevaba unos días con una sensación de picor en la espalda y ahora veo que era la puñalada que nos ha clavado el Gobierno”, comenta a título personal Paco Bescós, padre de una de esas niñas expuestas ahora a quedarse sin cole.
¿A qué se debe el desacuerdo? Si la ministra de Educación dice que no se cierran estos centros, ¿por qué las plataformas de padres de niños con necesidades especiales aseguran que sí? Un colegio solo puede estar abierto o cerrado, en servicio o parado. ¿De qué va todo esto? ¿Ha traicionado el Gobierno su promesa de mantenerlos abiertos, o es una “falsa polémica” y un “bulo”, como se han apresurado a decir los favorables a la inclusión total?
La respuesta, como el demonio, está escondida en los detalles.
El origen de la polémica
El lío viene de lejos. Cermi, poderosa organización por la inclusión, ha estado batallando durante los últimos años para que España imite a otros países como Portugal, Canadá o Francia y todo niño sea escolarizado en los mismos colegios. Según este ‘lobby’, con influencia en la redacción de leyes educativas en lo tocante a los niños con discapacidad, la “segregación” de estos menores en centros especiales atenta contra los derechos humanos y es un obstáculo para la igualdad.
Proponen que todos los niños, independientemente de sus discapacidades, vayan a los mismos centros, y que cada colegio esté dotado de personal cualificado para atender sus necesidades dentro y fuera del aula. Es decir: desde Cermi, consideran que el escenario más inclusivo y justo es una escuela donde puede asistir cualquier niño, sin que su discapacidad sea una razón para enviarlo a un centro diferente o especial.
El año pasado, estalló una grandiosa polémica. Mientras Cermi se acercaba a cumplir su objetivo con el cierre de los centros de educación especial, repentinamente un grupo de padres de niños afectados por distintas discapacidades lanzó un contraataque sorpresa. La solución de Cermi estaba a punto de adquirir rango de ley y a estos padres les parecía “delirante”. Montaron una plataforma propia, Inclusiva sí, especial también, y plantaron batalla. Y consiguieron que la responsable de Educación del Gobierno en funciones de Sánchez se comprometiera con ellos a evitar el cierre de los centros de educación especial.
Como indica el nombre de esta plataforma, estos padres no están pidiendo que se ‘segregue’ a sus hijos, sino que son conscientes de que cada niño es un mundo. “Nuestros hijos, y muchos otros, necesitan un tipo de atención personalizada que solo los centros de educación especial ofrecen en España. Nos encantaría que la escuela ordinaria pudiera con esto, pero muchas experiencias demuestran que es imposible”, dice Bescós.
Refieren casos de padres que, con la mejor intención y animados por la ‘ideología’ de Cermi, han metido a sus hijos en colegios ordinarios. Allí, han dejado pasar un tiempo precioso, esencial en la atención temprana, en condiciones nefastas para sus hijos, hasta tomar la decisión de llevarlos a centros de educación especial.
«No es segregación, es dar a cada niño la atención que mejor le viene. Solo somos padres tratando de garantizar la educación de nuestros hijos»
“Que encima te tachen de ‘segregacionista’ es el colmo”, dice Luis Rojo, portavoz de Inclusiva sí, especial también: “Durante 35 años, estos centros se han convertido en lo más avanzado en educación especial. Son extraordinarios los equipos docentes, todo. Ofrecen un enorme servicio. No es segregación, es dar a cada niño la atención que mejor le viene. Solo somos padres tratando de garantizar la educación de nuestros hijos”.
La discreta mentira del Gobierno
En plena pandemia de coronavirus, la actividad parlamentaria ha vuelto discretamente. Parecía que esta polémica estaba zanjada, dado que el Gobierno había prometido a la plataforma que no tocaría los centros. Sin embargo, el Gobierno ha tramitado su ley de educación “casi a escondidas” y hoy termina el plazo para presentar enmiendas. Los padres de la plataforma se han encontrado con que la ley pasa con una disposición adicional, la cuarta, que les pone los pelos de punta.
Isabel Celaá, que ha tachado la protesta como sinsentido, asegura que esta disposición no ordena el cierre de ningún centro especial. Lo dice con el texto en la mano, pero los padres de la plataforma no lo ven así, y el sindicato UGT, primo hermano del PSOE, les ha dado la razón en un comunicado.
Según me explica Luis Rojo, la disposición es un “caballo de Troya” que supondrá “dejar morir en los próximos 10 años” los centros de educación especial. No matarlos a cañonazos, sino por gota malaya.
Dice así: “Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna (…). El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (…) los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.
«Somos una minoría dentro de una minoría, y lo único que queremos es que nuestros niños reciban el tipo de educación que más los beneficiará»
De acuerdo con la Convención de Personas con Discapacidad de la ONU, se ordena que los centros ordinarios estén dotados de recursos para atender a todos los alumnos con discapacidad. Sin embargo, el texto continúa: “las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.
Y subrayen ahora las palabras “atención muy especializada”, porque ahí está, según la plataforma, la trampa.
¿Atención muy especializada?
En España, hay actualmente en torno a 500 centros de educación especial por los 28.000 de educación ordinaria. Un 0,4% de los niños españoles asiste a estas escuelas diferentes: son solamente el 17% de los que tienen necesidades especiales. Dicho de otra forma, el 83% de los niños con discapacidades asiste a centros normales, con distintos tipos de apoyo en función de sus necesidades.
Si la mayoría de niños con discapacidad ya asiste a centros ordinarios, ¿a qué se refiere la disposición?
¿Qué significa, con estas cifras, “atención muy especializada”? Si la gran mayoría de niños con discapacidad ya asiste a los centros ordinarios, ¿a qué se refiere la disposición? Desde Inclusiva sí, especial también, denuncian que la ambigüedad de esta fórmula, aparentemente vacía, apunta sin embargo a los objetivos de Cermi.
Según Luis Rojo, “esta disposición viene a decir con eufemismos y lenguaje ambiguo que en el plazo de 10 años solo podrán optar a centros especiales niños con unas situaciones extremas, y el resto tendrá que ir a colegios normales. Significa que el Gobierno ha incumplido la promesa que nos hizo. Van a dejar morir los centros de educación especial”.
Rojo plantea el problema enorme que tienen ahora: “Queríamos que fuera el Gobierno quien enmendase su propia ley, porque no deseamos politizar esto. No queremos que se convierta en el tira y afloja, con enmiendas de la oposición frente a un Gobierno en minoría, porque nuestros hijos no son material para la política. Esto no es un asunto de izquierdas o derechas, del PSOE o del PP, sino de la educación de nuestros hijos. Somos una minoría dentro de una minoría, y lo único que queremos es que nuestros niños reciban el tipo de educación que más los beneficiará. Así es como vemos la inclusión”.
