M.A. COLOMA. HERALDO DE ARAGÓN.- La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de anular la primera sentencia y volver a celebrar el juicio por el llamado crimen de los tirantes dejó una pregunta en el aire: ¿Podrá salir Rodrigo Lanza de la cárcel de Zuera antes de que se repita la vista por la muerte de Víctor Laínez? La respuesta se conocerá muy pronto, ya que la Audiencia de Zaragoza ha convocado hoy a la Fiscalía, las acusaciones y la defensa para celebrar una vistilla que servirá para decidir si se prorroga o no la prisión provisional.
Al invalidar el primer fallo, el TSJA ordenó que el segundo juicio –para el que todavía no hay fecha prevista– lo dirigiera otro magistrado o magistrada con un jurado popular diferente. Y la designada para presidir las sesiones ha sido María José Gil Corredera, quien escuchará hoy los argumentos de las partes para pronunciarse sobre la prórroga. Las restricciones del estado de alarma obligan a celebrar la vistilla a puerta cerrada y el propio acusado seguirá su desarrollo por videoconferencia desde el centro penitenciario.
Como estaba previsto, el abogado Juan Carlos Macarrón, que representa a la familia de la víctima, ha propuesto que Rodrigo Lanza siga en prisión provisional no solo hasta el próximo 9 de junio –cuando se cumple la mitad de la primera condena que se le impuso y que después ha sido anulada– sino durante el plazo máximo que contempla la ley: cuatro años. Para la acusación, dejar ahora libre al encausado sería asumir un riesgo de fuga muy alto, ya que sobre él pesa una petición de cárcel de 25 años por asesinato.
En los mismos términos se han posicionado el Ministerio Público y la acusación popular, ejercida por el letrado David Arranz (Vox). La primera, a la que representa Ana Cabeza, se apoya en un sentencia del Tribunal Constitucional del año 2000 sobre un caso muy similar al presente.
Como no podía ser de otra forma, el abogado Endika Zulueta, encargado de la defensa, se ha opuesto a la petición de las acusaciones. Para este, la anulación de la primera condena –5 años de prisión, por un delito de lesiones en concurso con un homicidio imprudente– por falta de motivación del veredicto debería acarrear la inmediata anulación del auto de 4 de diciembre por el que se prorrogó la prisión provisional. Es decir, entiende esta parte que Rodrigo Lanza debería quedar ya en libertad, máxime, argumenta, dado el riesgo de contagio de Covid-19 en prisión.