Interior frena los traslados a la Península pese a la saturación de las instalaciones que funcionan al doble de su capacidad
LAURA J. VARO. EL PAÍS.- El Gobierno mantiene a más de 1.600 personas hacinadas, en plena cuarentena, en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, un alojamiento provisional de 782 plazas. En circunstancias normales, traslados periódicos a la Península consiguen aliviar la enorme presión de este centro, pero desde que se decretó el estado de alarma Interior los ha paralizado. El confinamiento ha dejado encerrados a todos los residentes, incluidas familias con niños, obligados a convivir en unas instalaciones con más del doble de su capacidad.
Las denuncias sobre la situación del centro se han intensificado en los últimos días. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha pedido al Ministerio del Interior y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones “medidas urgentes” para descongestionar el CETI y “proporcionar un alojamiento digno a los residentes”. El Defensor del Pueblo también ha denunciado que estas condiciones impiden mantener las medidas de seguridad ante la covid-19. El centro se encuentra a un 214% de su capacidad, según responde el Ejecutivo a una pregunta parlamentaria planteada por el diputado de EH-Bildu Jon Iñárritu.
El número de residentes en el CETI de Melilla es el mayor, al menos, desde 2015, cuando el centro alojó un pico de 2.000 personas en plena crisis de refugiados de Oriente Medio. Desde entonces, nunca ha estado por debajo de su capacidad (480 plazas en 2015, hasta las 782 actuales). Actualmente, el centro registra su mayor índice de ocupación en el último lustro. En Ceuta, con una ocupación mucho menor (129%), la Delegación del Gobierno sí consiguió orquestar la salida de 105 y 37 personas en dos traslados a finales de marzo, semanas antes de detectarse en un bebé el primer positivo por coronavirus. En abril no se han vuelto a realizar más traslados y, según diversas fuentes, no se prevé que se reactiven.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, último responsable de la gestión de estos alojamientos temporales, mantuvo esta semana en el Congreso que la situación del centro de Ceuta estaba controlada, pero reconoció su “preocupación” por la sobreocupación del de Melilla. Su Secretaría de Estado de Migraciones no ha dejado de solicitar a Interior traslados desde principios de año, pero estos no se han producido. Pese a que la gestión del centro depende de la secretaría de Estado, las autorizaciones de los traslados llevan el sello del departamento de Fernando Grande-Marlaska.
La semana pasada, y tras multiplicarse las presiones al Ejecutivo de Pedro Sánchez para reducir la saturación del centro, se avisó a varios residentes de que sí habría “salida”, como se llama coloquialmente a los traslados en barco a la Península. Según testimonios recabados por EL PAÍS, los elegidos ya tenían sus billetes para embarcar rumbo a Málaga y el transporte para llevarlos hasta el puerto estaba preparado. A última hora de la tarde se anuló, sin dar explicaciones a los afectados. El dispositivo, coordinado por la Delegación del Gobierno en Melilla y la dirección del centro, fue paralizado atropelladamente por Interior para reevaluar los perfiles de las personas seleccionadas, según admiten fuentes del ministerio, que aseguran estar trabajando en el traslado de varias decenas de personas para esta misma semana.
Criterios arbitrarios
El listado de los residentes que pueden ser trasladados a la Península lo elabora la Comisaría General de Extranjería y Fronteras; y los criterios de selección, que dependen también del número de plazas disponibles en el resto del territorio (de acogida humanitaria para migrantes o de asilo para solicitantes de protección internacional), suelen ser arbitrarios y desconocidos.
El tiempo medio de estancia varía enormemente en función de la nacionalidad y el colectivo en el que encuadran a los residentes. Esto también es caprichoso. Ha habido épocas en las que se ha priorizado el traslado de determinados grupos (refugiados, colectivo LGTB, perseguidos políticos), mientras que hay otras en las que prima el criterio de las nacionalidades (Siria, África Subsahariana) o del perfil (familias u hombres solos). Los bloqueos también afectan prioritariamente a algunos colectivos, especialmente a los magrebíes. A finales de enero, un primer bloqueo provocó una grave crisis con jóvenes tunecinos registrados como solicitantes de asilo a quienes se vetó la entrada en el CETI, que estaba saturado.
Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncian que las decisiones del ministerio a la hora de aprobar o no los traslados y elaborar las listas no son jurídicamente sostenibles. Normalmente, prima una situación de vulnerabilidad en determinados perfiles: solicitantes de asilo, mujeres o familias monoparentales y enfermos crónicos. La pasada semana, el Defensor del Pueblo solicitó el traslado urgente de una mujer marroquí y sus tres hijos que aún siguen en el CETI. La madre padece asma, lo que la convierte en población de riesgo ante la covid-19, y es víctima de malos tratos.
La actual sobreocupación del CETI en Melilla contrasta con la reducción de llegadas de migrantes y solicitantes de asilo en 2019 y 2020 con respecto a 2018, cuando se registró en Melilla el mayor pico de llegadas en los últimos cinco años. El pasado 6 de abril, 53 jóvenes lograron acceder a la ciudad sorteando la valla. Debido a la congestión, tuvieron que ser acogidos en una carpa instalada en una ubicación distinta, en terrenos de titularidad privada. Pasaron casi 12 horas a las puertas del CETI, algunos heridos, atendidos por sanitarios de Cruz Roja y vigilados por las fuerzas de seguridad. Hasta entonces, tanto el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, habían mantenido que la situación en el centro estaba controlada.
