EFE. LA VANGUARDIA.- Más de 40 organizaciones civiles mexicanas presentaron un amparo ante el Poder Judicial por la discriminación que padecen los detenidos en las estaciones y estancias temporales del Instituto Nacional de Migración (INM) ante la pandemia de COVID-19.
Las asociaciones denunciaron, las «omisiones y negligencias» del Gobierno federal, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Salud (SSa) y el INM para salvaguardar la salud e integridad de los migrantes y solicitantes de protección internacional, según un comunicado de este viernes.
El recurso, explicaron los activistas, busca que el juez se pronuncie por la libertad de los migrantes detenidos y la suspensión de las detenciones migratorias con base en «garantías mínimas» de acceso a la salud, seguridad y protección.
«Esta no es una pandemia que distingue nacionalidad o estatus migratorio. Desde que se declaró la alerta sanitaria en México, las organizaciones de la sociedad civil han insistido, a través de diferentes acciones, en la liberación inmediata de todas las personas migrantes», indicó el texto.
Las organizaciones se refirieron a la emergencia sanitaria que el Gobierno federal decretó el 30 de marzo por el coronavirus, que implica suspender actividades no esenciales de los sectores público y privado.
México se aproxima a la fase 3 de la epidemia, cuando hay contagios y brotes en todo el territorio, al registrar 6.297 contagios y 486 muertos por COVID-19.
En medio de esta crisis, han ocurrido motines en estaciones migratorias, como un incendio en la estación de Tenosique, en el fronterizo estado sureño de Tabasco, que el 31 de marzo dejó cuatro heridos y un fallecido, un solicitante de asilo proveniente de Guatemala.
Días después, un hecho similar sucedió en la frontera norte, donde seis personas resultaron heridas tras incendiarse un centro migratorio de Piedras Negras, Coahuila, donde 163 personas esperaban su repatriación, retrasada por la pandemia.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este viernes que las autoridades migratorias participan en las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad, que abordan también la crisis del coronavirus con el sector salud.
También defendió el actuar de su Gobierno en la frontera ante la pandemia, pese a haber recibido fuertes críticas.
«Ya existe una vigilancia, pero se va a fortalecer una actividad preventiva mayor en aeropuertos y puertos, en las fronteras», manifestó en su rueda de prensa matutina.
Sin embargo, los activistas denunciaron que en las estaciones migratorias «no se respeta la sana distancia, ni las medidas de higiene» que establece la Secretaría de Salud.
Las asociaciones recordaron que un juez federal en la fronteriza ciudad de Tijuana resolvió este jueves un amparo que ordena «implementar acciones urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas migrantes que se encuentran alojadas en centros o instalaciones migratorias».
Entre las organizaciones firmantes está la institución Sin Fronteras, el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Fundación para la Justicia y el Estado democrático de Derecho.
