El informe que acaba de presentar la Oficina Económica y Comercial en Riad vuelve a situar el sector de Defensa como uno de los «prioritarios» en materia de negocios con el régimen. Nada dice sobre los ataques contra Yemen ni sobre la represión que se ejerce dentro del país
DANILO ALBÍN. PÚBLICO.- Puertas cerradas a cal y canto. Cuando el coronavirus aún no había prohibido los movimientos entre países, en Amnistía Internacional ya sabían que entrar a Arabia Saudí era, sencillamente, misión imposible. El régimen de ese país del Golfo prohíbe que la organización de derechos humanos aterrice por allí. No ha pasado lo mismo con aquellos que quieran hacer negocios, tal como remarcan los representantes comerciales del gobierno español en Riad.
Hablan de negocios, pero no de derechos humanos. Así se trasluce en el informe de 56 páginas que acaba de elaborar la Oficina Comercial del Reino de España en el Reino saudí. Se trata de una guía actualizada que muestra «su estructura político-administrativa, su estructura económica, el marco para la actividad comercial y para la inversión, así como información de carácter práctico».
Entre esos datos «prácticos» no hay alusiones a las graves violaciones a los derechos humanos que se registran allí. Únicamente se cita que en materia de Internet no se puede acceder «a ciertos temas como los derechos humanos o bastantes publicaciones o artículos», tras lo cual se indica que el VPN o Red Privada Virtual «permite acceder a páginas web que el Régimen censura».
El documento excluye cualquier información sobre los ataques contra Yemen que Arabia Saudí realiza desde hace cinco años y que han provocado ya más de 200 mil muertes, según datos de Naciones Unidas.
La guerra contra ese país solo aparece mencionada como uno de los «problemas» con los que «tiene que lidiar» en este momento el rey Salman, entre los que incluye también las relaciones con Irán, las tensiones con Qatar, el ascenso en la región de las fuerzas islámicas radicales, la «vertiginosa caída de los precios del crudo» o «la presión interna y externa para la relajación de la ley islámica que regula férreamente la sociedad del país».
En clave de política interna, la guía señala además que «no existen partidos políticos ni elecciones nacionales, aunque en 2005 se celebraron las primeras elecciones municipales». «En el 2011 pudieron votar las mujeres, pero la novedad fue recibida con escaso entusiasmo. En septiembre del 2015 se realizaron las terceras elecciones municipales en las que participaron mujeres con una participación de solo el 25%», apunta.
Destaca además que «no hay parlamento en Arabia Saudí». «Existe un consejo consultivo desde 1993, con funciones únicamente de asesoramiento, formado por 150 miembros y un presidente, nombrados por el rey para un periodo renovable de cuatro años», añade.
Falta democracia, pero abundan las posibilidades de negocio. Según destaca esta guía, «la empresa española tiene campo para el crecimiento a través de una política a largo plazo de presencia en este mercado y a través del fomento de la inversión de empresas españolas en este país. «Salvo una debacle en los precios del petróleo, que no es previsible, este país continuará siendo un importante mercado en los próximos años«, remarca.
El informe subraya además que «dada la buena predisposición existente en Arabia Saudí hacia España, aunque buena parte de los productos españoles son todavía poco conocidos en este país, actualmente se abren excelentes oportunidades para las exportaciones españolas de bienes y servicios».
La Oficina Económica y Comercial de España en Riad vuelve a situar el sector de Defensa como uno de los «prioritarios» en cuanto a «oportunidades de negocio». En esa categoría se incluyen también los sectores agroalimentario, bienes de equipo, materiales de construcción o energías renovables, entre otros.
Según el último informe de la Secretaría de Estado de Comercio, durante el primer semestre de 2019 España exportó material de defensa a Arabia Saudí por un valor total de 23,5 millones de euros. También exportó materiales de guerra a Emiratos Árabes Unidos –otro de los países que participa en los ataques contra Yemen– por 94 millones de euros.
