UNAI YOLDI HUALDE / IBAN AGUINAGA. NOTICIAS DE NAVARRA.- Comprar o alquilar una vivienda es cada vez más difícil. La escasez de pisos sociales públicos y los altos precios del mercado libre dejan fuera del acceso a una vivienda a muchas familias, especialmente, a las que están en riesgo de exclusión social, que, además del precio, también sufren otra serie de discriminaciones en el acceso a una casa: según una encuesta realizada por la Red Navarra de Lucha Contra la Pobreza, una de cada tres personas (32%) en exclusión ha sufrido discriminación racista a la hora de acceder a una vivienda. Es decir, un tercio de las personas encuestadas o bien ha tenido dificultades para comprar o alquilar un hogar o bien se le ha vetado por su etnia.
El estudio –realizado a 133 usuarios de las distintas organizaciones que integran la red– revela que el 91,1% de las personas encuestadas ha tenido algún tipo de problema a la hora de encontrar o acceder a una vivienda. El precio de los inmuebles es, con diferencia, el mayor problema al que se enfrentan la mayoría de familias, y que afecta a más de la mitad de los encuestados (52%). Ligado a esto, la situación laboral –estar en paro, no tener un trabajo estable o no cobrar un salario digno– es el segundo inconveniente con el que se encuentran las familias en exclusión (34%), seguido de la discriminación racial (32%). En menor medida pero de manera muy significativa está la exclusión a la que se ven empujados las personas que cobran la renta garantizada: el 10% de los encuestados dice haber tenido problemas para acceder a vivienda por estar percibiendo esta ayuda. Un dato llamativo teniendo en cuenta que la renta garantizada es una ayuda estable que los perceptores la cobran anualmente y va desde los 623 euros (un miembro) a los 1.247 (unidades familiares con más de 6 miembros) al mes. Por último, el 8% dice haber sufrido trabas por tener hijos e hijas y el mismo porcentaje por encontrarse en una situación administrativa irregular.
Relacionado con las dificultades a la hora de acceder a una vivienda están los requisitos que los propietarios ponen a las familias y que en la mayoría de casos son inalcanzables, más aún tratándose de personas en situación de exclusión social. Al 67,21% se les requirió la nómina, al 36% una fianza; a un 30,33% les pidieron tener un contrato indefinido; y al 26,2% un aval bancario. No obstante, una vez obtenida la vivienda los problemas no acaban: el 30% de las unidades familiares aseguran haber tenido problemas para empadronarse, lo que supone una serie de dificultades añadidas como no poder acceder a servicios públicos, ayudas, etc.
