Familiares de niños con diversidad funcional y trastornos del espectro autista promueven una iniciativa para salir a la calle con un brazalete y evitar insultos y ataques verbales desde los balcones: «Si no salen pueden tener una crisis nerviosa, es una necesidad»
LAURA MARTÍNEZ. ELDIARIO.ES.- Es posible que en los últimos días le haya llegado un mensaje por WhatsApp que habla de familias que, pese al confinamiento, salen a la calle con un brazalete azul. También que haya escuchado hablar de los «policías de los balcones» que, lejos de ser una pata más de las fuerzas de seguridad del Estado, vigilan e increpan a todo aquel que ven cruzando la calle.
Los familiares de las personas con discapacidad, especialmente aquellas que tienen trastornos cognitivos, promueven por redes sociales una iniciativa de concienciación y piden a las personas que salen a la calle por salud que porten un brazalete azul para indicar que tienen necesidad y permiso para salir a la calle. Padres y menores se ven obligados a llevar un distintivo para evitar que increpen a sus hijos desde los balcones.
Desde que se decretara el confinamiento los balcones son un foco de vida y han comenzado a derivar en un foco de vigilancia, en la ley de la ventana. «La gente es más papista que el papa», ironiza Juan Carlos, padre de Carla, una joven con 21 años y un 70% de discapacidad intelectual. Carla es una chica de rutinas fijas y ahora «todo ha saltado por los aires». Su padre, conserje en una urbanización, debe salir a trabajar diariamente para las tareas de mantenimiento y reparto de los pedidos de los vecinos. Paradójicamente, el contacto que tiene en el vecindario le impide tenerlo con su hija. «Explícale a una niña que no la puedes abrazar y no la puedes besar», lamenta. «Soy conserje, estoy todo el día de arriba abajo. Es complicado [para ella] entenderlo. Le enseñamos vídeos divertidos para relajarla, pero tenemos que tener la tele puesta -con el telediario encendido]. Les tienes que explicar que no pueden salir», añade.
El confinamiento ha forzado el cierre del centro de día al que acudía su hija y su mujer ha tenido que buscar un modo de realizar esa formación en casa con el apoyo de la asociación a la que pertenecen. «Poder salir nos alivia un poco», señala, ya que las jóvenes como Carla pueden autolesionarse o agredir a su entorno si entran en una crisis nerviosa. Precisamente, el objetivo de sus paseos es evitar dicha crisis y por ello el Gobierno autoriza que puedan caminar al aire libre.
Pese a la autorización, padres como Juan Carlos están preocupados al sacar a sus hijos, dados los mensajes que han visto circular. «Tenemos miedo de salir a la calle porque si insultan a la niña, se hunde», critica el padre. «Cada discapacidad y en cada niño son un mundo diferente. Aunque no lo sepa gestionar [si recibe insultos], la hunden. Nos da miedo salir con ella por cree que es culpa suya», expresa Juan Carlos.
«Tenemos miedo de salir a la calle por si insultan a la niña, se hunde la niña». Es muy complicado gestionarlo. Le gustan mucho las revistas, las va deshojando, es su distracción. Su madre por las mañanas le ha puesto actividades del centro de día: dibujo, manualidades, el aseo, ordenar el cuarto». Intentamos hacer las cosas en casa dentro de nuestras posibilidades, somos padres, no profesionales.
Tomás Miralles es el presidente de la Cuidiscap, la asociación en la que participa Juan Carlos y que gestiona un centro de día para personas con discapacidad formado por una cooperativa de integración social. Su objetivo es ofrecer a los jóvenes con discapacidad un punto de apoyo.
Sobre la gestión del confinamiento, Tomás estima que los niños no acaban de entender el encierro. «Preguntan qué vamos a hacer, si vamos al centro, a casa de la abuela… Hay niños que lo pueden llevar muy mal», indica. Tomás es padre de Diego, un joven con parálisis cerebral y recuerda que el decreto del estado de alarma ya regulaba las salidas del hogar. El pasado 19 de marzo, para despejar las dudas, Sanidad envió una instrucción aclaratoria sobre las personas con discapacidad. «Somos un colectivo que necesita salir por fuerza mayor», explica.
Pese a la instrucción del ministerio les han llegado casos de personas increpadas por la calle; «la gente no está al día de las notificaciones y los decretos, basta que te vean por la calle para que empiecen a increparte desde el balcón». Aún así, a las familias les han pedido que lleven la documentación de sus hijos para salir, con el carnet que indica el grado de discapacidad, por si hubiera algún control policial. «Pedimos a la gente que por favor entienda que los niños tienen necesidades».
Desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) se ha trasladado a todas las asociaciones integradas las instrucciones sobre las salidas reguladas y trabajan en una campaña de concienciación para público general. La entidad se muestra contraria a portar el distintivo, ya que considera que «implica señalar a las personas por su discapacidad, más que visibilizarlas». Además, sospechan de la picaresca de la población, que puede utilizar el pañuelo como excusa para salir de sus hogares. Es un tema serio, advierten, «una necesidad por motivo de salud y discapacidad». «No es un capricho, es un derecho que ha costado conseguir para que se hiciera una instrucción. Los gritos e insultos pueden provocar crisis y por tanto empeorar la situación», critica el colectivo, que reclama «empatía».
