El Gobierno de Maduro impuso un férreo aislamiento hace dos semanas. La mayor parte de los venezolanos no tiene recursos para afrontar la emergencia
FLORANTONIA SINGER. EL PAÍS.- Hasta hace dos semanas, Gerson Hernández sacaba una mesa frente a su casa en el barrio El Cementerio en Caracas y vendía cuadernos y útiles escolares. Con el coronavirus y la suspensión de las clases cambió de ramo. Ahora vende mortadelas y lo hace desde el interior. Pese a los gritos que da desde su casa para ofrecer el nuevo producto, el frenazo que ha impuesto la cuarentena decretada en todo el país, ha abierto un agujero en sus finanzas. Antes de que la vida cambiara para todos, cuando la Covid-19 era un problema solo de China, cada semana podía ganar siete millones de bolívares, menos de 100 dólares (93 euros), que le alcanzaban para alimentar a su esposa y sus dos hijas. Esta semana los ingresos no llegan a los 25 dólares (23 euros).
Hernández tiene 55 años. Con unos estudios universitarios a medias, ha vivido toda la vida en la economía informal, de la que depende más del 60% de los venezolanos y a la que se han sumado incluso los trabajadores del sector público, cuyos bajos salarios los obligan a buscar nuevas fuentes de ingresos. Ha estado quebrado varias veces y ha vuelto a estabilizarse para vivir al día. Un tiempo aspiró a tener una tienda propia, pero no pudo; sabe lo que es esperar sin nada en el bolsillo a que las ventas reproduzcan el dinero gastado en mercancía, como hizo la misma semana que detectaron los primeros casos y él estaba en Cúcuta buscando provisiones para el negocio; dice que hace magia. “Con dos cuadernos que venda compro un pan”. Ahora ve el panorama oscuro. “La cosa no parece fácil, por lo que se ha visto en otros países yo creo que esto va a ser para rato, pero fui a Catia hace tres días y eso está normal, el comercio tiene mucho movimiento, y la gente, sin tapabocas”, dice preocupado. Él consiguió cuatro mascarillas regaladas para su familia para pasar la epidemia.
Las policías han impuesto un control estricto sobre la cuarentena en los sectores de clase media de Caracas, donde las calles han permanecido desoladas. Solo los supermercados y las panaderías reúnen gente, en filas con un metro de separación entre cada persona y todos con guantes y tapabocas, como ordenó Nicolás Maduro. Pero en varias zonas populares de la capital, aun con restricciones, el día a día se impone al distanciamiento social y allí las calles llegan a ser el hervidero de gente de siempre, con mascarillas de todo tipo. Estos días se han visto escenas como la de un funcionario de policía con un megáfono en la redoma de Petare enfrentando la indiferencia de un mar de personas a las que les pedía volver a sus casas “por la salud de todos”. El viernes hubo protestas en el barrio de Catia cuando intentaron desalojar a cientos de comerciantes informales que vendían productos sobre manteles en la calle.
Sin gasolina no hay comida
Para muchos venezolanos no es posible hacer una compra de alimentos para guardar. Los datos presentados en febrero por el Programa Mundial de Alimentos revelan que el 8% de la población venezolana (2,3 millones de personas) está en situación de inseguridad alimentaria grave, “principalmente como resultado de los altos precios de los alimentos”. El estudio refleja que otros siete millones están en situación de inseguridad alimentaria moderada. A principios de este mes, la FAO alertó de que Venezuela y Haití son los únicos países de América Latina que necesitan asistencia alimentaria exterior.
A Yonathan Torres le preocupa que la comida se acabe. Trabaja como mototaxista en La Vega, un barrio al oeste de Caracas. Lleva dos semanas resguardado, en cumplimiento de la cuarentena. Sus ingresos semanales llegaban a 100 dólares (93 euros). Con unos ahorros se aprovisionó de comida. “Con esto aguanto hasta que termine la cuarentena el 13 de abril, luego me va a tocar trabajar. Esperemos que no se extienda y que no se agrave. Me preocupa la comida, la gasolina no está llegando y si eso sigue así, no va a haber más comida”, dice el joven de 26 años, que vive con su esposa, hija y suegro.
La restricción del combustible para sectores prioritarios —trabajadores sanitarios, de seguridad, militares y transporte de alimentos— ha sido una medida inédita que se ha aplicado en una Venezuela petrolera que debe importar gasolina para el consumo interno, seriamente afectado por la caída de la producción, el colapso de la industria petrolera por la mala gestión y las sanciones económicas. En otros países en cuarentena el combustible se acumula por la paralización, en Venezuela las reservas parecen haber llegado al límite.
El sector agrícola ha advertido esta semana de que los productores no tienen acceso al combustible y que la distribución de las cosechas está comprometida y, por ende, el frágil abastecimiento. “Algunas ya se están perdiendo”, dijo Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro en la sesión virtual que tuvo el Parlamento esta semana. En el monitoreo de servicios durante la crisis que está haciendo la Asamblea Nacional se señala que para esta semana el suministro de combustible no llegó al 1% de las estaciones del país.
“Venezuela está parada desde hace mucho tiempo, luego de seis años de contracción del PIB. La cuarentena al final es una sobreactuación del Gobierno para disimular que estamos parados porque no hay gasolina, porque no hay actividad económica, no tanto por el virus, y que en el marco de la recesión mundial va a ser peor. ¿Qué economía del mundo va a estar preocupándose de la economía de un país cuyos jefes ahora están buscados por la justicia?”, opina el sociólogo Luis Pedro España, director de Ratio, una agencia de análisis de la Universidad Católica Andrés Bello.
El coronavirus avanza en Venezuela con 113 contagios confirmados y dos muertes en dos semanas. El espectro de los afectados por las medidas de confinamiento para frenarlo va más allá del grueso grupo de trabajadores por cuenta propia a los que Maduro prometió ―para cuatro millones de ellos— un bono de 350.000 bolívares (unos cuatro dólares, 3,7 euros), que alcanzan para un kilo de carne, que también ha entregado a los que poseen el llamado carnet de la patria. Mariana Hernández —ni Gerson ni Yonathan— no aplica para ese grupo. Ella se graduó en diciembre en la Universidad Central de Venezuela y empezó este año a trabajar como psicóloga clínica. Con 16 pacientes que veía en un centro médico privado podían mantenerse ella y su madre, profesora jubilada. Ahora está cerrado el edificio donde trabajaba y, como han hecho otros profesionales médicos, ha intentado pasarse a las consultas online, con poco éxito. “Veo personas mayores, que no manejan la herramienta y para quienes no es cómodo hablar desde sus casas. Yo vivo de mis consultas y me preocupa mucho que esto se extienda más allá porque veo mis ingresos muy reducidos. Con mis ahorros solo tengo para dos meses de comida”.
