Justicia criticó que invadía competencias autonómicas y chocaba con normas vigentes
ANABEL DÍEZ / ISABEL VALDÉS. EL PAÍS.- El anteproyecto de ley de libertad sexual llega este martes al Consejo de Ministros después de casi tres semanas de debate a cuenta de la propuesta del Ministerio de Igualdad, que encabeza Irene Montero, de Unidas Podemos. El texto, que pretendía cambios en varias áreas —entre ellos, eliminar del Código Penal el concepto de abuso, reducir las penas por agresión o añadir como agravantes las violaciones dentro de la pareja y que la víctima tenga anulada su voluntad por haber tomado fármacos o drogas—, precisó de una última intensa jornada de trabajo para conseguir limar las diferencias en el seno del Gobierno, sobre todo con Justicia, y referidas a distintos ámbitos.
Entre esas diferencias figuran los solapamientos que presenta el texto con la ley integral contra la violencia de género, con la ley de infancia que está preparando el ministerio de Pablo Iglesias, con competencias reservadas a las autonomías o lo relativo a una reforma del Código Penal que planteaba una rebaja de penas sin haber contado con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según fuentes gubernamentales que no especifican más. El resumen, según estas fuentes, es que Igualdad no había tenido en cuenta las implicaciones de su propuesta en otras leyes. Por ello, Justicia ha estado haciendo “los apuntes oportunos” al texto del anteproyecto.
Los roces registrados no suponen algo “extraordinario”, aseguran fuentes cercanas a los equipos que han estado trabajando —Igualdad y Justicia bajo la coordinación de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo—. Lo que resulta menos frecuente es que se produzcan bajo la presión del calendario, en este caso, por la cercanía del 8-M, cuando Igualdad quería presentar el texto coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer. A última hora de la tarde de este lunes, aún se hacían modificaciones —sin que trascendiesen cuáles en concreto— sobre todo, para “afinar” y eliminar “deficiencias jurídicas que podrían ser recurribles al Tribunal Constitucional”, según las fuentes informantes.
La propuesta del equipo de Montero “se adentraba” en aspectos que, según el resto de participantes en el debate, no correspondía abordar. Algo más de un tercio de los artículos del anteproyecto eran una transcripción de otros ya vigentes en diversas normas. Por ejemplo, había una “invasión” de competencias educativas o en asistencia social que están en manos de las autonomías, o, como adelantó la SER, el artículo dos establecía delitos inexistentes, como el sexting. Y se ofrecían definiciones de violencia de género y machista que no corresponden a las que delimita el Convenio de Estambul, o se fijaba que fueran los juzgados de violencia sobre la mujer los que asumiesen los casos de violencia sexual, lo que no comparte Justicia.
El texto chocaba igualmente con la ley de protección de la infancia que impulsa el departamento de Iglesias. Cuando el texto de Montero cita que la protección integral del derecho a la libertad sexual será para todas las mujeres mayores de 16 años, “invade” la ley de protección de la infancia, dirigida a las jóvenes de 16 a 18 años. También choca con dos apartados del artículo 180 del Código Penal sobre agresiones sexuales (referidos a los delitos en los que la víctima resulte especialmente vulnerable, y cuando, para cometer el delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco) y con otros de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o de la Ley General Penitenciaria. En cualquier caso, insisten fuentes gubernamentales, el debate existe porque la ley va a tener “una importancia máxima al ser la primera prueba del Gobierno de coalición”.
EL PROYECTO DEL MINISTERIO DE IGUALDAD
La norma del equipo de Irene Montero, la que será la primera gran medida del Ministerio de Igualdad, pretende el mismo enfoque integral de la violencia sexual que en su momento tuvo la ley 1/2004 de violencia de género para la violencia en la pareja o expareja. El texto está basado principalmente en la proposición de ley que Unidas Podemos presentó en julio de 2018 y en las recomendaciones que la llamada comisión general de codificación —grupo de expertos para la revisión de los delitos sexuales— envió al anterior Gobierno del PSOE después de la conmoción social que produjeron algunas decisiones judiciales en el caso de La Manada, la violación de una joven en Pamplona en 2016 por cinco hombres. Ahora, en las fases posteriores a su paso por el Consejo de Ministros, podrá seguir siendo modificada.
