EFE. LA VANGUARDIA.- Las autoridades de Estados Unidos infligieron deliberadamente un «sufrimiento extremo», que en algunos casos equivalió a «tortura», a inmigrantes en la frontera con México en 2019, con la separación de familias que pedían asilo, denunció este jueves Amnistía Internacional (AI).
En su informe anual sobre los derechos humanos en las Américas, AI reprocha a EE.UU. que «siguiera aplicando políticas de inmigración cada vez más draconianas para restringir drásticamente el acceso al procedimiento de asilo en la frontera entre EE.UU. y México» durante todo el año pasado, algo que ha causado un daño irreparable a miles de personas y familias.
EXPULSIONES MASIVAS Y MALOS TRATOS
Esas políticas supusieron la expulsión «ilegal y masiva» de decenas de miles de solicitantes de asilo en la frontera con México y las devoluciones forzosas al vecino del sur, en el marco de los «Protocolos de Protección a Migrantes» (también conocidos como «Quédate en México»).
Tan solo en 2019, EE.UU. obligó a más de 59.000 demandantes de asilo a regresar a México y permanecer allí durante el proceso de resolución de sus solicitudes, que puede prolongarse durante meses e incluso años.
AI también destaca la utilización de «detenciones arbitrarias» en la frontera para amedrentar a los inmigrantes, lo que define como «un trato o pena cruel, inhumano y degradante».
La organización, con sede en Londres, cita el caso del centro de «afluencia temporal» de Homestead, en Florida, donde menores inmigrantes permanecían detenidos durante largos periodos, en ocasiones indefinidos.
RETROCESO EN VIOLENCIA DE GÉNERO y DERECHOS REPRODUCTIVOS
Por otro lado, AI lamenta que tanto el Gobierno federal como los estatales «intensificaron los esfuerzos para restringir los derechos sexuales y reproductivos tratando de penalizar el embarazo y el aborto, y limitando el acceso a los servicios de salud reproductiva».
Agrega que las mujeres indígenas fueron víctimas de violaciones y violencia sexual a «niveles desproporcionadamente elevados». De acuerdo a un estudio reciente del Urban Indian Health Institute, que menciona AI, hubo más de 500 mujeres y menores indígenas desaparecidas o asesinadas en 71 ciudades del país.
Asimismo, los delitos de odio motivados por la discriminación sexual o de género aumentaron por cuarto año consecutivo en 2018: Fueron blanco especial de este tipo de ataques las mujeres transgénero de color, y muchos estados no contemplaron la orientación sexual ni la identidad de género como un factor para legislar a la hora de establecer penas más elevadas por delios de odio.
EE.UU. NO PROTEGE A SUS CIUDADANOS FRENTE A ARMAS DE FUEGO
El Gobierno de EE.UU. sigue sin proteger a sus ciudadanos frente a la violencia con armas de fuego, especialmente a los afroamericanos, pues «los homicidios con armas de fuego siguen afectando de manera desproporcionada a las comunidades de color», considera AI.
Los afroamericanos, pese a constituir solamente el 13 % de la población, fueron el 58,5 % de los 39.773 fallecidos por armas de fuego en 2019.
Al hilo de esto, la organización apunta que el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades provocó que «casi 1.000 personas murieran» a manos de los cuerpos de seguridad del país; y señala que un examen de la normativa de los estados concluyó que ninguna ley «se ajustaba al derecho y las normas internacionales sobre el uso de fuerza letal».
Respecto a la pena de muerte, AI lamenta que aunque hubo estados que siguieron avanzando hacía su eliminación, aunque en 2019 el fiscal general de Estados Unidos programó cinco ejecuciones federales tras un paréntesis de 16 años.
VÍCTIMAS CIVILES EN OPERACIONES ANTITERRORISTAS
EE.UU. ha usado reiteradamente la fuerza letal, en el marco de su doctrina de «guerra global», en países de distintas partes del mundo, lo que priva de forma arbitraria a la población civil de cualquier protección.
El informe señala que el debilitamiento de los mecanismos empleados por el Gobierno estadounidense para amparar a los civiles en operaciones letales en el extranjero -tales como los ataques con drones- aumentó la probabilidad de «homicidios ilegítimos» y daños a los civiles, además de impedir una evaluación de la legalidad de los ataques y evitar una rendición de cuentas.
AI pone como ejemplo el caso de Somalia en 2018, cuando la Administración de Donald Trump no reconoció ninguna víctima civil debido a su acción, a pesar de haber triplicado los bombardeos en la región. No fue hasta abril de 2019, después de que se publicara un informe de AI, cuando Washington admitió la muerte de somalíes no combatientes.
ALEJAMIENTO DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
AI recuerda que EE.UU. se «desvinculó en gran medida del sistema internacional de derechos humanos», con decisiones como su renuncia a participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Este alejamiento se ha plasmado en medidas como la revocación del visado a una fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que investigaba posibles crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Afganistán.
