La Corte Internacional de Justicia inicia un largo proceso judicial para proteger a este pueblo musulmán del sudeste asiático
PRIYA PILLAI. LA VANGUARDIA.- Hace unas semanas –el 23 de enero– la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a las autoridades de Birmania que abandonen las prácticas genocidas contra los rohinyás.
Esta “orden de cese” trae la esperanza de que la justicia internacional pueda imponerse ante los horrorosos sufrimientos causados a hombres, mujeres y niños en el estado de Rakhine por parte de las fuerzas de seguridad de Birmania.
Esta resolución es un hito histórico pero aún quedan muchas preguntas en el aire. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Qué efectos tendrá en Birmania, donde hay elecciones a fin de año? ¿Cumplirá Birmania con la orden?, y ¿qué ocurrirá en caso contrario?
La CIJ es el primer organismo jurídico mundial que reconoce oficialmente la amenaza de abusos contra los rohinyás, y que ha ordenado a Birmania que haga todo lo posible para protegerlos.
La Corte exhortó a Birmania a evitar futuras violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, refrenar a sus fuerzas de seguridad para que no se cometan más abusos y preservar la evidencia de abusos anteriores.
Sin embargo, es importante destacar que la resolución provisional de la CIJ no es de ninguna manera una sentencia final acerca de si ha habido o no un genocidio. Se define genocidio como “cualesquiera actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.
La convención obliga a los estados firmantes a “prevenir y castigar” el genocidio. El umbral jurídico para demostrar la “intención genocida” es notablemente exigente, y lo más probable es que pasen años antes de que se llegue a una decisión final, incluso considerando que los atroces crímenes contra los rohinyás ya están bien documentados.
Uno de los 15 jueces de la CIJ –Xue Hanqin, de China– emitió una opinión en la que cuestionaba si había tenido lugar un genocidio. Esto indica que el proceso será prolongado, y que no será fácil obtener respuestas.
Si bien los rohinyás han obtenido una victoria importante y simbólica en la CIJ, está por ver el efecto que tendrán las medidas provisionales que se han dictado. La Corte en sí misma no tiene mucho poder para hacer cumplir la resolución. Al igual que ocurre con la mayoría de las medidas internacionales de aplicación de justicia, la efectividad de las medidas depende casi totalmente de la buena voluntad de los estados.
Uno de los ejemplos más trágicos de la impotencia de la CIJ se dio en 1993, cuando emitió medidas similares contra Serbia, después de que Bosnia denunciar el genocidio de su población musulmana. Apenas dos años después, fuerzas serbias mataron a miles de hombres y niños musulmanes bosnios en lo que ahora se conoce como la masacre de Srebrenica.
A partir del próximo mes de mayo, el gobierno de Naipyidó (capital de Birmania) tiene la obligación de proporcionar informes con regularidad a la CIJ para informar de las medidas adoptadas para evitar más abusos contra los rohinyás. Si bien el derecho internacional obliga a las autoridades de
Birmania a cumplir con la resolución, estas ya han cuestionado abiertamente la legitimidad de la Corte.
Es muy poco probable que se hagan realidad los grandes cambios estructurales que piden los rohinyás, como el desmantelamiento de un sistema de discriminación estilo apartheid o que se brinde apoyo a los esfuerzos de la justicia internacional.
Sin embargo, existen indicios de que la presión sobre Birmania podría forzar algún avance en este sentido.
Si Birmania no obra de buena fe, el caso podrá elevarse ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, China ha impedido hasta ahora cualquier resolución en contra de Birmania.
La resolución de la CIJ es un tema predominante en el diálogo nacional birmano. Los defensores de Aung San Suu Kyi la consideran una líder que defiende el honor de la nación. La ciudad de Rangún está prácticamente cubierta por una multitud de pancartas proclamando que cuenta con el apoyo popular.
Las elecciones están previstas a finales de este año y no hay duda de que el caso ha creado una verdadera avalancha de apoyo popular para el partido de gobierno, la Liga Nacional para la Democracia.
Pero nada más lejos de la verdad para el país en su conjunto. Una consecuencia notable es que la CIJ ha logrado unir a los grupos étnicos minoritarios de una manera que hubiese resultado impensable hace apenas unos años. Los grupos de la sociedad civil que representan a los pueblos Karen y Kachin, entre otros, han expresado su solidaridad a los rohinyás.
Durante décadas, muchos de estos grupos han sufrido abusos por parte del Tatmadaw –el ejército de Birmania– y tienen un gran interés en que los responsables sean llevados ante la justicia.
En la víspera de la sentencia de la Corte, más de cien grupos birmanos publicaron una declaración, redactada con delicadeza, ofreciendo su apoyo a la “paz y la justicia”.
Además de la CIJ, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció una investigación sobre el papel de Birmania en presuntos crímenes contra la humanidad cometidos contra los rohinyás.
De manera independiente, un grupo rohinyá ha presentado una demanda en Argentina contra los líderes birmanos en el marco de la “jurisdicción universal”. Éste se basa en el principio de que algunos crímenes son tan horripilantes que atañen a la humanidad entera, y que por tanto pueden ser llevados a juicio en cualquier parte del mundo.
Si bien es fácil adoptar una actitud cínica sobre el alcance práctico de la sentencia de la CIJ, ésta refuerza la universalidad de los derechos humanos y el estado de derecho. También ha aportado un muy necesario rayo de esperanza a las víctimas, además de crear más presión sobre Birmania para que mejore el trato a los rohinyás.
También es importante recordar que los procesos en la justicia internacional son de larga duración, y el Birmania apenas acaba de comenzar.
