Los afectados fueron internados en un CIE para su devolución entre 2013 y 2018, en pleno conflicto en el país árabe
YULY JARA. EL PAIS.– España intentó expulsar de su territorio a 42 ciudadanos que aseguraron ser sirios entre 2013 y 2018, en plena guerra civil en el país árabe, un conflicto que ya se ha cobrado más de 500.000 víctimas. A pesar de los compromisos internacionales de los que España es signataria para proteger a esta población, 42 potenciales refugiados acabaron en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). El encierro en los CIE tiene como finalidad tramitar la expulsión de los extranjeros, pero ninguna de las devoluciones llegó a ejecutarse, según Interior.
La privación de libertad de estas 42 personas se permitió a pesar de que su expulsión al país de origen no podía materializarse. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados recalca que ningún “Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre”.
Entre esos 42 internos que declararon ser sirios, 19 fueron encerrados en los CIE tras su llegada en patera a costas españolas; otros 13, por estar en España en situación irregular, y nueve por estar en posesión de documento falso o alterado. Solo uno de ellos había cometido previamente un delito cuya condena de cárcel se sustituyó por su expulsión. EL PAÍS ha tenido acceso a esta información tras 11 solicitudes de información a través de la Ley de Transparencia desde 2017.
Estos encierros contradicen las propias directrices internas de la Policía Nacional. En 2014, un mes antes de que la ONU declarase el máximo nivel de emergencia para Siria, la cúpula policial emitió una circular en la que se recomendaba evitar el internamiento en los CIE de extranjeros procedentes de países en riesgo.
“Llama muchísimo la atención que se haya encerrado a sirios en un CIE, siendo conscientes de que no pueden ser expulsados a su país. Eso vacía la medida de internamiento que tiene como objetivo ejecutar la expulsión”, señala Ana Bosch, abogada del Servicio Jesuita a Migrantes. “Podría establecerse otra medida cautelar menos invasiva”, añade.
“La policía tiene que cumplir su obligación [al abrir órdenes de expulsión contempladas por la Ley de Extranjería], ¿pero los encierros por qué los han hecho?”, pregunta Erick Santos Huamán, abogado experto en extranjería. “¿Qué sentido tiene que encierres a personas que luego tampoco puedes expulsar a su propio país?”, señala. “El encierro es facultativo; es decir, el juez lo ordena o no lo ordena”.
La responsabilidad de los encierros en los CIE es compartida entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, quienes a través de policías y Delegaciones del Gobierno abren y decretan las expulsiones. Son, por su parte, los jueces de instrucción los que toman la decisión final de internamiento.
No es la primera vez que surgen casos en los que se ha encerrado a personas inexpulsables a sus países de origen por encontrarse en un conflicto armado. Datos obtenidos por la exsenadora Maribel Mora, de Unidas Podemos, a través de una pregunta parlamentaria certifican que España internó en un CIE en 2016 a más de 100 personas que declararon proceder de los países más peligrosos del mundo, según Acnur. Se trataba, entre otros, de 38 ciudadanos de República Centroafricana, 20 de Sudán, 12 de Libia, 24 de Ucrania, seis de Somalia y cuatro de Afganistán. En el documento también figuran cuatro ciudadanos que declararon proceder de Siria.
El Ministerio del Interior, a través de la Ley de Transparencia, puso en duda que todas las personas encerradas tuvieran nacionalidad siria y añadió que el departamento no ejecutó activamente ninguna de esas expulsiones, pero sí registró la “salida voluntaria” del país de seis de ellos, cuya nacionalidad sí había quedado acreditada.
Órdenes de expulsión
El impacto de las políticas de extranjería en la población siria no solo se constata en los encierros, sino también en las órdenes de expulsión abiertas contra ellos. Entre 2011 y 2019, la Policía Nacional ha abierto al menos 3.072 expedientes de expulsión a extranjeros que se declararon sirios, la mayoría (3.013) por estancia irregular en el país. El 11 de junio de 2018, el mismo día en el que Sánchez anunciaba la acogida del barco Aquarius con más de 600 migrantes a bordo, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública confirmaba la orden de expulsión de un ciudadano sirio. Con Sánchez, de junio a diciembre de 2018, se dictaron en total 19 órdenes de expulsión a este colectivo.
El 87% de las órdenes abiertas (2.674) se produjeron, sin embargo, durante el Gobierno de Rajoy, el periodo más crudo de la guerra civil en Siria. Desde que se abren hasta que se decretan estas órdenes de expulsión, las autoridades pueden permitir que el afectado espere el resultado en libertad, lo que no ocurrió con las 42 personas que declararon llegar de Siria y fueron encerradas. Finalmente, de todos esos 3.000 expedientes de ciudadanos que se declararon sirios, las delegaciones de Gobierno ordenaron la expulsión de al menos 502 de ellos, aun siendo conscientes de no podía materializarse.
