La mayoría de actos vandálicos se han producido contra sedes del PSC. Cuentan 16 agresiones con carabinas de balines por motivos ideológicos
JÚLIA REGUE. EL PERIÓDICO.- La Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat, que depende de Vicepresiència, ha presentado este jueves su informe anual del 2019 en el que asegura haber gestionado 283 actuaciones, el 67% de estos casos por vulneración a la participación política y el 11% por vulneración a la libertad de expresión. El documento apunta también que ha habido 212 ataques a sedes de partidos políticos y 286 actos vandálicos contra entidades y ayuntamientos desde marzo del 2017.
El PSC es el partido que ha recibido más ataques (125), seguido por ERC (47), Cs (11), la CUP (10), Podem (7), PDECat (4), PPC (4) y JxCat (3).
Además, el informe asegura que ha habido 16 ataques con carabinas de balines, de aire comprimido, contra personas, domicilios, locales y entidades «por el solo hecho de tener en la ventana un símbolo político» en el 2019.
La radiografía de la actividad de organismo es que, de estas 283 gestiones, 190 los son por vulneración del derecho a la participación política, 14 por vulneración por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, dos por vulneración del derecho al honor, dos por afectación de tutela judicial efectiva, dos por vulneración de la libertad religiosa, una por afectación de la pluralidad religiosa, y otras 23 sin clasificar.
El director de este organismo, Adam Majó, ha apuntado en rueda de prensa que «no tenemos un problema de convivencia, sino de tensión política no resuelta». Sin embargo, ha admitido que «hubo un momento en que estábamos seriamente preocupados por el incremento de la conflictividad e incidentes vinculados a la ideología y se temía que pasara algo más gordo», refiriéndose a «actitudes violentas, agresivas, por parte de personas vinculaciones con la extrema derecha«. «Lo denunciamos, nos costó críticas políticas importante pero tenemos que decir que este tipo de agresiones han disminuido mucho», ha añadido.
En cuanto a la participación política, ha sostenido que este derecho está «negado o no suficientemente garantizado a las personas que tienen experiencia de migración» tanto por parte de los que tienen nacionalidad española y viven o trabajan fuera y por ese tiene «muchas dificultades para acceder al voto», como por las personas que viven en Catalunya y cumplen con todas las normativas pero «llegan los 18 años y no pueden votar». «Esto no es aceptable», ha apostillado, y ha asegurado que mantiene contactos con Exteriors para solventar este problema.
«Cartografía de la represión» por el 1-O
En cuanto al referéndum del 1-O, asegura que hay más de 2.000 personas heridas, investigadas e imputadas: 12 personas condenadas por el Tribunal Supremo, nueve «exiliados», un ‘president’ de la Generalitat pendiente de inhabilitación firme, una persona confinada en su pueblo, 1.491 heridos, 308 detenidos, 144 páginas web cerradas y más de 817 personas investigadas. En estas cifras se añaden los detenidos durante las protestas como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo.
De hecho, el Parlament encargó a la Oficina una «cartografía de la represión» por el 1-O. «No se desprenden datos muy sorprendentes porque lo que ha pasado es suficientemente conocido pero está todo ordenado, localizado, nos permite un seguimiento de la evolución de los casos», ha apuntado Majó, y ha valorado que este análisis permite evidenciar que «las consecuencias en términos de judialización afectan a muchísima más gente» que a la cúpula del Govern Puigdemont y a los líderes sociales de Òmnium y la ANC.
La oficina se dedica a «atender personas y colectivos que consideran que se les ha vulnerado derechos civiles y políticos», «divulgar los derechos civiles y políticos recogidos en tratados internacionales», «definir políticas del Govern» en esta materia, «elaborar informes y elevarlos a la opinión pública» y establecer relaciones con «organizaciones comprometidas en la defensa de estos derechos». Majó ha defendido que su tarea es «hacer de puente entre la sociedad y la administración» aunque ha reivindicado que «nadie como la sociedad civil organizada podrá defender y hacer de guardián de los derechos civiles y políticos, tanto de los conquistados y los que faltan por conquistar».
