Puigdemont critica que la UE ataque a Polonia mientras ignora que España «encarcela a presos políticos»
ÁLVARO SÁNCHEZ. EL PAÍS.- Hitler. Expulsión de judíos. España. Las alusiones a la historia como fuente de agravio son habituales en el independentismo catalán, pero el viaje en el tiempo suele tener como parada más repetida el franquismo. La eurodiputada de Junts per Catalunya Clara Ponsatí cambió ayer el itinerario para agrupar en su primera intervención ante el Parlamento Europeo las tres ideas iniciales. “Uno de los crímenes más serios contra el pueblo judío tuvo lugar en 1492 cuando los denominados Reyes Católicos ordenaron la expulsión de los judíos de Sefarad. Este primer episodio de antisemitismo de Estado, admirado por Adolf Hitler y que va a intentar superar, es la piedra angular del trágico historial español de intolerancia. Hoy esta intolerancia toma la forma del desprecio a los derechos de la minoría catalana”, afirmó en su estreno en Estrasburgo.
Pocos dudaban de que la irrupción en el hemiciclo de Carles Puigdemont, Toni Comín y la propia Ponsatí, los tres europarlamentarios fugados en Bélgica y Escocia, iba a ir aparejada de una feroz campaña de desprestigio contra las instituciones españolas. Y la docente de la Universidad de Saint Andrews no ha tardado en demostrar que gran parte de su actividad parlamentaria irá enfocada al desgaste en el exterior de la imagen de España. “Mientras la Fundación Franco sigue siendo legal, los jueces españoles usan las leyes contra el odio para perseguir a los profesores catalanes que critican la violencia de la Guardia Civil”, añadió.
El funesto diagnóstico de la calidad de la democracia española fue también objeto de una dura intervención por parte de Carles Puigdemont. El expresidente catalán utilizó su turno de palabra en el debate sobre la situación del estado de derecho en Polonia para acusar a la UE de aplicar un “doble rasero” en sus estándares. “Ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes es también una violación del estado de derecho. Los ciudadanos polacos que siguen este debate se pueden plantear: ¿Y qué pasa con España? ¿Por qué España puede ignorar a la comisión de derechos humanos de Naciones Unidas o las resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE? ¿Por qué las cosas están bien si es España la que encarcela a prisioneros políticos?”.
Pese a los continuos paralelismos trazados por los dirigentes independentistas entre la España actual y la del periodo de los Reyes Católicos o el franquismo, y las también recurrentes referencias a Polonia o Turquía, señalados internacionalmente por su falta de respeto a los derechos humanos o la separación de poderes, la cuestión catalana sigue sin entrar en la agenda europea. La presencia de los tres eurodiputados de Junts per Catalunya —y de Diana Riba, de ERC—, no ha logrado generar una corriente de simpatía. Ni siquiera con la firma de una carta respaldando la libertad del líder de ERC Oriol Junqueras, que solo rubricaron 44 europarlamentarios, el 6% del total.
La mayor evidencia de esa soledad parlamentaria ha sido el rechazo de Los Verdes a admitir a Puigdemont, Comín y Ponsatí en su grupo por su cercanía a los nacionalistas flamencos antiinmigración de la N-VA y su falta de credenciales ecologistas. La gran prueba de fuego para los tres llegará en los próximos meses, cuando la Cámara decidirá si les despoja de su inmunidad parlamentaria para que la euroorden en su contra pueda continuar. Populares y socialistas dan por hecho que una mayoría de los eurodiputados votarán a favor de retirarles la inmunidad.
