Una encuesta revela un incremento de la población andaluza que ve la migración como un problema, pese al periodo de recuperación económica, y lo atribuye al uso político que se hace de este tema
SANTIAGO F. REVEIJO. PÚBLICO.- El barómetro de la Junta de Andalucía sobre la migración de 2019 advierte de un repunte de la percepción negativa de la ciudadanía de esta comunidad sobre la población migrante, que achaca en buena parte «a algunos discursos políticos» que han «sobredimensionado» la presencia de extranjeros y los problemas que supuestamente provocan. Esa «instrumentalización política desde algunos posicionamientos» –en los que se sitúa claramente Vox aunque el estudio no lo menciona- puede estar contribuyendo «a generar una fractura social (…) y un incremento del discurso del odio, especialmente a través de las redes sociales», advierten los autores del trabajo.
El estudio Opiniones y Actitudes de la Población Andaluza ante la Inmigración, realizado por el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), dependiente de la Vicepresidencia y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta, tiene como objetivo conocer de forma periódica la percepción de la ciudadanía sobre el hecho migratorio en esta comunidad. El trabajo se hizo con una encuesta telefónica a 2.400 personas mayores de 18 años entre el 11 de marzo y el 5 abril de 2019, es decir, durante el primer trimestre del nuevo gobierno andaluz formado por PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, y en vísperas de una batería de elecciones generales, municipales y europeas. Y esa proximidad electoral, a juicio del OPAM, ha podido tener una clara influencia en el pronunciamiento de la población, teniendo en cuenta que la migración fue uno de los ejes del debate político en las campañas electorales, sobre todo por la posición contraria y agresiva de fuerzas como Vox.
La valoración general que hacen los andaluces de la migración revela el primer dato llamativo de la encuesta: aunque la inmigración no se sitúa entre los principales problemas que preocupan a la población –ocupa el séptimo lugar-, se ha duplicado respecto al anterior estudio de 2017 el porcentaje de quienes sí la ven como un inconveniente, del 5 al 9,7%, un índice todavía alejado del 15% que llegó a alcanzar en 2005. Y este incremento de la percepción negativa del hecho migratorio se agrava, además, porque se produce en un periodo de recuperación económica, no en uno de crisis, subrayan los autores del estudio.
Mientras aumenta el índice de los andaluces que se muestran preocupados, se duplica el de quienes tienen una posición ambivalente sobre la migración, es decir, no se pronuncian ni a favor ni en contra. Además, aumenta cinco puntos, hasta el 25,5%, el porcentaje de los que consideran que hay «demasiados» extranjeros en Andalucía, aunque baja del 70 al 66% el de los que opinan que hay «bastantes». Esta percepción, a juicio del OPAM, supone una «sobredimensión del hecho migratorio» que no es acorde con la realidad de una comunidad con uno de los índices de inmigración más bajos -7,7% de la población-, tres puntos inferior a la media española, situada en el 10,7.
Los autores del estudio precisan al respecto que en esa sobredimensión han tenido «previsiblemente» incidencia los medios de comunicación y el debate político que
«ha utilizado a menudo como sujeto de discusión el hecho migratorio». A ello se une, añaden, una «percepción alejada de la realidad relativa a la situación administrativa de la población migrante», porque en torno a la mitad de los encuestados (50,44%) considera que la mayoría de los extranjeros viven en Andalucía de forma irregular, lo que «contrasta con las altas tasas de regularidad que apuntan las estadísticas de certificados de registros y tarjetas de residencia».
Tras el análisis de estos y otros muchos datos extraídos de la encuesta, los autores del estudio hacen una clara advertencia: «Una de las señales más llamativas, previsiblemente derivada de la victimización de la población migrante, haciéndola responsable desde algunos discursos políticos de determinados problemas sociales y sobredimensionando su presencia en nuestro país, tal y como reflejan otros barómetros a nivel nacional e internacional, es el incremento de la percepción de preocupación por la inmigración en Andalucía, que rompe una tendencia descendente en los últimos años».
El Observatorio andaluz sostiene que la creciente preocupación social por el hecho migratorio deriva, en buena medida, «no de los hechos objetivos sino de una instrumentalización política desde algunos posicionamientos» que pueden estar contribuyendo a causar una fractura social y un incremento del discurso del odio, especialmente a través de las redes sociales». En tal escenario, al que el OPAM suma la «constatación de un nivel de información insuficiente y la prevalencia de actitudes basadas en prejuicios y percepciones no contrastadas y alejadas de la realidad», este órgano de la Junta considera imprescindible seguir trabajando en la difusión de datos objetivos sobre la realidad migratoria en España y Andalucía que «frenen la concepción distorsionada del hecho migratorio en términos de sobredimensionamiento de esta realidad y de su situación administrativa, tan relevante a la hora de posicionarse en torno a la población migrante».
El discurso de Vox
Vox es la fuerza política que más se ha prodigado en las críticas y denuncias en el ámbito de la migración, reclamando la expulsión de extranjeros sin regularizar y de menores inmigrantes bajo tutela de la Administración, para lo que se ha servido de cifras, mensajes y vídeos centrados en supuestos problemas de seguridad y atención social, cuya procedencia y verosimilitud ha sido desmentida desde instancias oficiales y organizaciones de este sector, que en algunos casos los han tachado de xenófobos. Sus votos, sin embargo, han sido claves en Andalucía, primero para la formación del gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, y después para la aprobación de los presupuestos de la Junta.Populares y ciudadanos accedieron el pasado mes de diciembre a las exigencias de Vox
A cambio del acuerdo para sacar adelante las cuentas de este año, populares y ciudadanos accedieron el pasado mes de diciembre a las exigencias del grupo de ultraderecha: negociar un convenio para que la Junta contribuya a la lucha contra la inmigración irregular facilitando al Ministerio del Interior información de sus departamentos -la mayoría es de los pacientes extranjeros sin papeles atendidos en hospitales y centros de salud-, y destinar 150.000 euros a reforzar la seguridad en los centros de protección de la infancia donde están ingresados los menores extranjeros no acompañados para evitar «situaciones de conflicto».
Muy lejos de esa perspectiva, el OPAM, integrado en una consejería dirigida por el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, considera que la Administración debe «asumir el liderazgo en la construcción de un relato veraz y ajustado a la realidad de nuestro país, en el que se dé cuenta de las aportaciones de la población migrante al crecimiento económico y social de nuestra sociedad».
Andalucía Acoge: «Se está generando una psicosis»
Una de las organizaciones más importantes en el campo de la migración, Andalucía Acoge, subraya que la realidad migratoria en esta comunidad apenas ha cambiado desde el anterior estudio de la OPAM en los datos objetivos, tanto en número de personas extranjeras como en las condiciones sociales y económicas en las que viven. Lo único que ha cambiado, precisa su presidente, José Miguel Morales, son las circunstancias subjetivas, la irrupción de mensajes que promueven un estado de alerta mediante la construcción de la idea del miedo al migrante con un interés claramente político.
«Nosotros lo podemos constatar a diario en los barrios, donde la situación de convivencia ha empeorado pese a que las condiciones económicas y sociales son las mismas que antes. Se está generando una situación de psicosis con un bombardeo de mensajes que van en esa dirección. Eso es algo que nosotros también hemos notado en nuestras redes sociales, que sufren una hostilidad creciente», señala Morales.El estudio del OPAM refleja que, pese a todo, los andaluces han mostrado una actitud abierta e integradora
El estudio del OPAM refleja que, pese a todo, la ciudadanía andaluza ha mostrado una actitud abierta e integradora, «superior a la del conjunto de España», que debe alentarse y preservarse en un contexto en el que se ha detectado un ligero empeoramiento de algunos de los indicadores relativos a la tolerancia ante la inmigración, el reconocimiento de derechos y la regulación de sus movimientos.
El cuadro general de la opinión de la población andaluza respecto al hecho migratorio dibujado por esta encuesta es el siguiente: la mayoría, el 24,9%, es tolerante, porque no cree que se den más ayudas a los extranjeros, defiende que éstos tengan más derechos sociales y valoran muy positivamente su aportación económica y cultural. Le siguen los llamados vulnerables -22,9%-, que consideran que los migrantes reciben muchas ayudas, se oponen a que se les concedan derechos, salvo el subsidio de desempleo, y no ven positivas las aportaciones que hacen a la comunidad de acogida; y los ambivalentes -22,3- que se muestran a favor de un tipo de inmigración y en contra de otros. Por último, están los excluyentes, que sólo representan el 8,3% y que consideran excesiva la población extranjera, se oponen a que se les concedan derechos, rechazan cualquier relación con ella y niegan que hayan hecho aportaciones.
